Carina murió como consecuencia de un aborto séptico. Cuando llegó al Hospital Centenario de Rosario la revisaron y la mandaron a su casa con una receta de Ibuprofeno. Al día siguiente concurrió a otro centro de salud pública, el Hospital Provincial de Rosario, pero ya era demasiado tarde. Tenía sólo 30 años y tres hijos. El mayor, Matías, de 16 años, es discapacitado y asiste a una escuela especial. Flavio, de 11, ahora quiere quedarse a vivir con Sara, la abuela de 57 años, y no con el padre. La más chica, Emilse, de 7, era la más apegada a su mamá. Es imprescindible referir estadísticas, plantear que la verdadera causa de esa muerte es la penalización del aborto, que obliga a una clandestinidad muy desigual. Pero es difícil despegarse de la historia de esta persona que ya no está, cuando Verónica y Marta, dos de sus hermanas, cuentan lo durísimo que era su vida, el día a día de esa mujer que recurrió a una comadre del barrio como último recurso. Ese embarazo era imposible para ella, no podía continuarlo. Carina trabajaba como niñera, su marido la golpeaba, y cuando ella lo echaba, volvía a la noche, borracho, a reinstalarse en la precaria vivienda de un asentamiento irregular. “Lo hizo por desesperación”, dicen dos de sus hermanas. Quieren justificarla ante la temida sanción social. Fue por eso mismo que ella no contó lo que había pasado hasta que estaba muriéndose. Justo antes de entrar al quirófano, le dijo a su mamá que había ido a hacerse un aborto.

Aunque los datos oficiales están subvalorados por la clandestinidad, cada año mueren al menos 100 mujeres en la Argentina por abortos inseguros. Existen 14 proyectos de ley para despenalizar o legalizar la interrupción del embarazo que esperan ser tratados en comisiones por el Congreso, y tanto las legisladoras como las organizaciones de mujeres que los presentaron aspiran a que alguna vez sean debatidos en el recinto. Mientras tanto, la vida de las mujeres sigue en la cornisa. Carina no fue la única que murió el último fin de semana en Rosario. En ese hospital, otra chica, de 24 años, falleció al día siguiente por lo mismo. Nada se supo de ella, por pedido expreso de la familia. Por supuesto, las dos eran pobres.

Cuando Carina reclamó asistencia en el Centenario le prescribieron Ibuprofeno 600. Ella no contó que había ido a hacerse un aborto, y las médicas que la vieron no encontraron síntomas. “Eso está normatizado, si la paciente tiene fiebre y cuello de útero abierto la dejan internada”, dijo la directora del hospital Centenario, Aurora Bruno. Según la versión oficial, Carina no presentaba ese cuadro. Las hermanas contaron que desde hacía dos o tres días que casi no podía levantarse de la cama. Pero el miércoles 17, volvió a su casa, y tomó el Ibuprofeno. A la noche siguiente, cuando la hemorragia era imparable, la mamá la llevó en remís a otro centro asistencial. De allí la derivaron de urgencia a uno de mayor complejidad, el Provincial, pero no pudieron salvarle la vida.

Al hacerse públicas las muertes, todos los cañones apuntaron contra la mujer que practicó el aborto, casi tan pobre como sus clientas. Por eso, es lógico el temor de las hermanas de Carina a la sanción social. De hecho, después de concurrir a la comisaría para denunciar el aborto, la mamá fue hasta la casa de Luisa Valderrama, la comadre, para increparla. “Es una mujer con la que no se puede hablar”, justificó Marta, una de las hermanas. El odio del barrio no se desató contra el Estado, que penaliza y a la vez descuida a las mujeres como ellas, sino contra la partera, que quedó detenida acusada de “aborto seguido de muerte”, con el antecedente de una causa similar de 2002. En la tarde del lunes, un centenar de personas fue a la puerta de la casa de Valderrama, con carteles que decían “dejá de matar mujeres” y “basta de abortos”. Aunque Rosario tiene una activa participación en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ninguna pancarta que dijera “anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” se vio en estos días por Empalme Graneros, uno de los barrios más pobres de Rosario.

Ya en la casa de Verónica, donde concertaron la entrevista porque vive en una zona menos humilde, en el oeste de la ciudad, las dos hermanas, de 24 y 32, cuentan los padecimientos de Carina, y lanzan su impotencia contra dos objetivos: la partera y el marido. A la primera, la acusan de haber hecho lo que su hermana le pidió. También dicen que la dejó ir casi sin atención. Contra el segundo, los reproches son por haberla maltratado, por no haberla apoyado para continuar el embarazo. No hablan de derecho a decidir, ni de la posibilidad de acceder a un aborto seguro. Al contrario, están a la defensiva. “Sabemos que todos tuvieron un poco de responsabilidad, ella también”, dicen como si fuera precisa una disculpa. Sin embargo, se lamentan por el silencio de Carina. “Si ella hubiera hablado con nosotras, la habríamos apoyado”, dice Marta. Allí, Verónica, embarazada de cinco meses, se sincera. “Cuando a una le dicen que espera un hijo, a veces, se quiere matar. Hay que pensar en mantenerlo, en todo, y ella estaba sola, porque él no la ayudaba. No podía dejar de trabajar”, cuenta. Y Marta, la otra hermana, da fe. “Yo la reemplazaba cuando ella no podía ir a cuidar a las nenas, porque tenía terror de quedarse sin trabajo”, agrega.

Cuando una mujer no puede, o no quiere, continuar un embarazo, buscará cualquier recurso para hacerlo. Si es pobre, serán lugares inseguros, donde comenzará una intervención que deberá terminar en el hospital público. Si tiene –o puede conseguir– los 3000 pesos que cuesta un aborto también clandestino, pero seguro, en Rosario, su vida no correrá riesgos.

Con las dos muertes lacerando a una ciudad que se jacta de su sistema de salud pública, y en especial en derechos sexuales y reproductivos, Daniel Tepaz, el integrante del Area de Maternidad y Niñez del Ministerio de Salud de la provincia, expresa su desazón. “Nos habíamos desacostumbrado a cuadros tan terribles como consecuencias de aborto. Después de una época más represiva en los servicios, desde hace unos años hemos logrado una atención amigable hacia las mujeres, que reciben los cuidados pertinentes”, indicó el profesional. Según sus cálculos, el 12 por ciento de las mujeres atendidas en los servicios de ginecología y obstetricia de la salud pública llegan con cuadros de aborto, y si bien no hay una certeza, se calcula que sólo el 15 por ciento son abortos espontáneos. El funcionario aseguró que la provincia trabaja en la elaboración de un protocolo de atención post-aborto en los servicios de salud pública. “Pero ningún protocolo sirve si no hay una sensibilización previa de los agentes”, agrega.

La secretaria de Salud de la provincia, Débora Ferrandini, traza un diagnóstico crítico. Habla de prejuicios de género y de clase que dificultan la atención a mujeres en los servicios de salud. Y también afirma que “forma parte de las dificultades de las mujeres para acceder a sus derechos ciudadanos”. Considera que el sistema de salud pública debe tener en cuenta los condicionamientos de las mujeres para atender su salud y que, por lo general, la mujer posterga sus consultas porque prioriza la atención de los otros miembros de la familia. “Entre los excluidos, las mujeres son las más excluidas”, diagnostica. En ese marco, reconoce que “en muchos servicios de salud hay hostilidad hacia las mujeres que concurren con abortos incompletos”. Y entiende que la llegada al hospital público para pedir una asistencia por aborto se retrase. “Lo piensan mil veces antes de concurrir al hospital, porque existe una sanción moral que va mucho más allá de la ley”, indicó. La funcionaria sabe que son muertes evitables. “Con las tecnologías disponibles, no deberían morir mujeres en edad fértil como consecuencias de aborto, es inaceptable”, dice.