De acuerdo con un monitoreo realizado por Amnistía Internacional-Argentina, durante los diez primeros meses de 2008 en nuestro país cada tres días una mujer fue asesinada por su marido, su pareja o su ex pareja. “¿Qué pasaría si cada tres días fuera asesinado el dueño de un supermercado?”, se preguntaba retóricamente Eleonor Faur, Oficial de Enlace del Fondo de Población de la ONU en Argentina, en la conferencia de prensa en la que presentó esta semana el lema de la ONU para este 8 de marzo: “Mujeres y hombres, unidos para poner fin a la violencia de género”. De lo que se trata es de acabar con “la pandemia mundial de la violencia contra mujeres y niñas”. No hay eufemismos en la campaña iniciada el año pasado por el organismo internacional para posicionar el tema de la violencia de género al más alto nivel posible en cada uno de los países, ya que se trata de la violación a los derechos humanos más ampliamente extendida e ignorada.

Ante esta cifra (que se supone subvalorada porque los datos corresponden a los homicidios que aparecieron en medios periodísticos), ¿no sorprende que no haya ninguna marcha multitudinaria al Congreso con velas encendidas?

De acuerdo con información recabada por la ONU, una de cada tres mujeres fueron golpeadas, forzadas a tener relaciones sexuales o maltratadas de otras maneras a lo largo de su vida, y la mitad de las mujeres víctimas de homicidios son asesinadas por sus esposos o compañeros, o por ex esposos o ex compañeros. Además están las 130 millones de niñas y mujeres que han sido objeto de mutilación genital, y las decenas de miles que fueron violadas en los conflictos bélicos de los últimos años. El Banco Mundial, por su parte, reporta que las mujeres de entre 15 y 44 años corren mayor riesgo de ser violadas o maltratadas en su casa que de sufrir cáncer o accidentes de vehículos, por ejemplo. (Cabe aclarar que estos datos se presumen optimistas, ya que según la OPS más del 50 por ciento de las mujeres que sufren violencias no lo denuncian.)

Al respecto, la senadora del FpV por Mendoza María Cristina Perceval –presidenta de la Comisión de Defensa Nacional–, que participó en la conferencia, agregó otro guarismo escalofriante: cuando hay un arma de fuego en un espacio convivencial, la posibilidad de ser asesinada de la mujer se eleva en más de cinco veces, mucho más de lo que se incrementa para cualquier otro miembro de la familia. La legisladora, que viene trabajando desde hace cinco años en un proyecto para control de armas, municiones y explosivos, aseguró que “este incremento de riesgo no es equivalente al aumento de riesgo que puede implicar la utilización de ese arma de fuego por parte de un delincuente. Hay mayor decisión para usar el arma de fuego en contra de la mujer conviviente que en una situación delictiva”.

La iniciativa de la ONU fue encarada por su secretario general, Ban Ki-moon, en 2006, cuando encargó un informe internacional para conocer el problema de la violencia contra las mujeres. Y desde entonces, aclaró Faur, la idea fue promover políticas que empoderen a las mujeres víctimas para “que no terminen siendo objetos discrecionales de las políticas sino sujetos de derechos, que puedan reclamar una vida libre de violencia”.

Si bien el movimiento de mujeres viene denunciando el tema desde hace años, fue en 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena, cuando se señaló por primera vez en un ámbito internacional a la violencia contra las mujeres como un problema que requiere políticas de Estado precisas. A partir de entonces se generaron una serie de acuerdos y normativas internacionales –como la reciente Resolución 1820 de la ONU, para que se considere a la violencia sexual contra las mujeres durante conflictos bélicos como crímenes que deben ser juzgados– que ubicaron paulatinamente al problema en la agenda política, pero no generaron aún la suficiente presión como para que en cada país se adopten y den cumplimiento a leyes que castiguen toda forma de violencia hacia mujeres y niñas acorde a los estándares internacionales de Derechos Humanos. “En Argentina tenemos una ley aprobada con media sanción en el Senado”, comentaba Faur, en alusión a la ley de protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. “Es necesario que los Estados implementen planes nacionales de acción de lucha contra la violencia contra las mujeres –continuó Faur–. En Argentina hay programas en distintas provincias y ciudades, pero todavía no hay un plan nacional.”

Obviamente, la exhortación de la ONU no se limita a la cuestión legislativa, sino que apunta a que los gobiernos destinen recursos para atender la problemática. “Pre-su-pues-tos”, enfatizaba a su turno Perceval, para que las iniciativas al respecto no queden en declaraciones de principios sin posibilidad de ser efectivas a la hora de asistir.

“La soledad de las mujeres víctimas de violencias es casi absoluta. Viven en un mundo sin vecinos ni vecinas –denunciaba Perceval–. Si intentan hacer la denuncia corren el riesgo de ser revictimizadas o víctimas de peores violencias.” La legisladora se refería a la imposibilidad que tienen la mayoría de las mujeres en nuestro país para encontrar una salida al círculo implacable de la violencia. ¿Qué le pasa a una mujer que, por ejemplo, acude a una comisaría para hacer una denuncia y se encuentra con que no hay personas formadas que puedan atenderla, ni un equipo interdisciplinario que entienda en la materia, ni posibilidades de derivación, ni programas de asistencia a las víctimas, ni acceso al crédito (que necesitará para poder irse de la casa en donde sufre los maltratos), ni garantías de que la Justicia la proteja de su victimario? ¿Qué posibilidades de accionar tendrá esa mujer si además se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica, cultural, educativa o social?

Tanto Faur como Perceval reconocieron y destacaron la labor que se lleva a cabo en espacios como la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación (que abrió en septiembre pasado) o el programa Las Víctimas contra las Violencias (que acaba de cumplir tres años) del Ministerio de Justicia de la Nación.

“Para atender las violencias contra las mujeres, que se dan en todos los niveles económicos y socioculturales –señalaba Perceval–, además de presupuestos destinados al tema, indefectiblemente hay que plantearse la cuestión del poder y de la calidad de la democracia.”