El martes 17 de marzo la Cámara de Diputados de la Nación debatía el proyecto de adelantamiento de las elecciones. La diputada de la Coalición Cívica Patricia Bullrich argumentaba las razones por las cuales la Coalición Cívica iba a votar en contra de esa iniciativa y criticó el proceso eleccionario de Córdoba en las elecciones del 2007, al que tildó de “fraudulento”. En ese momento, el diputado cordobés Jorge Montoya –de Unión Peronista– se acercó a Bullrich y le dijo que era una “atorranta” y, además, que no tenía autoridad moral para hablar de Córdoba porque fue funcionaria del gobierno de Fernando de la Rúa.

El adelantamiento de las elecciones e, incluso, la autoridad moral de una diputada –o su pasado como funcionaria– pueden (y en algunos casos, deben) ser discutidos con altura política. Pero el mote de “atorranta” –que en el lenguaje más llano se asimila al de prostituta e intenta descalificar a una mujer por ser demasiado libre sexualmente para los prejuicios sociales todavía imperantes– no puede –ni debe– ser usado –ni legitimado por el fragor del debate– en una discusión del Congreso nacional para hacer callar a una mujer.

La diputada de la Coalición Cívica e historiadora Fernanda Gil Lozano resalta: “Jorge Montoya se acercó a la banca de Patricia Bullrich y en voz baja le dijo: ‘Callate, atorranta, no te metas con Córdoba porque te vamos a hacer cagar’. Para aquellos que asumen como natural amenazar, este hecho podría pasar como una chicana más. Pero no es así. Cuando se insulta o se ejerce una amenaza, ya sea en la calle, en el trabajo, en la casa, o en el Congreso nacional, se trata de un acto de violencia. Y cuando las amenazas e insultos se vierten contra una mujer, estamos en presencia de una violencia de género, una violencia que contiene siempre una de las más cotidianas, naturalizadas y despreciadas formas de ejercer dominio masculino. Es la violencia que antecede a los golpes, a la violación y a otras formas de maltrato pero que no deja huellas físicas”. La diputada se pregunta: “¿Se puede pasar por alto un ejercicio de violencia de género que además se perpetró en el mismo ámbito que la semana anterior aprobó una ley de protección integral, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres?”.

Además, Gil Lozano critica a otra diputada –Graciela Camaño– por la defensa que hizo de Montoya: “Ella estuvo ausente en la votación de la ley contra la violencia hacia las mujeres. Pero apoyando a su compañero de bancada afirmó que en la Cámara de Diputados nunca se había ejercido violencia de género salvo en la ocasión en la que, ya hace años, una diputada le dio un cachetazo a un diputado. Aunque no aclaró que el sopapo sobrevino luego de que ese varón hubiera insultado a otra legisladora tratándola también de ‘atorranta’. Así, Camaño olvida que su banca no sólo es fruto de su militancia, sus negociaciones y vínculos sino, también, de años de luchas de otras mujeres que no cejaron hasta conquistar una ley de discriminación positiva, en 1991, que obligó a los partidos políticos a incorporar en sus listas a las mujeres”.