Es año electoral y en la agenda pública se habla de crisis, de inseguridad (siempre por el fantasma de la delincuencia y nunca por la amenaza de la violencia doméstica), de los reclamos del campo y apenas la picazón del dengue o el alud de Tartagal se cuelan para mostrar la deuda de exclusión que todavía ahoga el reflote argentino. También se habla de candidaturas de mujeres y hablan candidatas. Pero poco –y nada– se habla de propuestas para terminar con la desigualdad salarial, los femicidios y las muertes por aborto que perjudican, especialmente, a las mujeres.

Tampoco se nombran las deudas pendientes. El 12 de marzo de 2008 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó (por 196 votos afirmativos y seis abstenciones) la “Agenda de Género 2008-2010” que contenía 36 puntos para apoyar la igualdad de sexos. Pero en un año sólo se aprobaron tres reglamentaciones. Es cierto que se avanzó con la aprobación de una nueva ley para prevenir y erradicar la violencia de género, pero el árbol no puede tapar el bosque: el Congreso sólo se ocupó de menos del 10 por ciento de las normas que se había comprometido a sancionar para mejorar la situación de las mujeres. ¿En el 2009 se aprobarán los 33 puntos restantes? La diputada Marcela Rodríguez expresó su profunda preocupación por el incumplimiento de los contenidos mínimos de la Agenda de Género. “La falta de tratamiento de la mayoría de los proyectos refutan la manifestación de voluntad y quebrantan el compromiso asumido por el cuerpo en la aprobación de una agenda parlamentaria”, fustigó.

Las pocas –aunque trascendentes– legislaciones con perspectiva de género que sancionó el Congreso fueron la ley que castiga la violencia física, psicológica, sexual y económica; la norma que iguala la situación de hombres y mujeres en la edad mínima para contraer matrimonio y la disposición que permite cumplir la prisión domiciliaria en los casos de mujeres procesadas o condenadas judicialmente que están embarazadas o tengan hijos menores de cinco años o discapacitados. A pesar de esos avances, Rodríguez advirtió: “Todavía subsisten numerosas reglas en el Código Civil que brindan un tratamiento diferenciado y discriminatorio a las mujeres respecto de los hombres. El balance a un año de la aprobación de la Agenda de Género es vergonzoso e irritante”.

Las deudas legislativas son latentes y urgentes: falta avanzar en la asistencia a las víctimas de delitos sexuales, en reformas laborales que aseguren la paridad real entre varones y mujeres y que garanticen guarderías en los lugares de trabajo, en generar métodos de indexación en los regímenes de alimentos para los hijos, en una reglamentación que prevenga la discriminación en la publicidad, en fijar una asignación por maternidad para las monotributistas, en otorgar mayores licencias por paternidad y en el reconocimiento de responsabilidades domésticas compartidas, entre otros proyectos desbancados de la prioridad parlamentaria.