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“Oiga, hermano; ¿cuál es el problema? La única responsable de la gira soy yo.” La leyenda dice que así le contestó Piedad Córdoba al comandante del grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación que la secuestró en 1990, mientras hacía campaña en el norte colombiano. Habían encañonado a un abogado que viajaba con ella y pensó que, si no actuaba rápido, los matarían a los dos. Así que la actual senadora no tuvo mejor idea que ponerse la boina que el guerrillero maoísta llevaba encima mientras le hablaba en tono desafiante. Afortunadamente, al guerrillero la actitud de Córdoba le pareció graciosa y a los pocos minutos los liberó. No sería la última vez que Córdoba se mostraría “bocona”, uno de los pocos términos felices con los que la prensa colombiana se dirige a la senadora antiuribista, la más tenaz intermediaria en las gestiones de paz entre las FARC y el gobierno de Alvaro Uribe y que posibilitaron la liberación de Ingrid Betancourt, entre otros rehenes. Esta semana, esta imponente señora de turbante volvió a ser noticia al denunciar que las amenazas a familiares de los integrantes de organizaciones paramilitares extraditados en Estados Unidos impiden el avance de la polémica Ley de Justicia y Paz, impulsada por Uribe y que contempla penas mínimas para delitos como asesinato a cambio de la desmovilización de estos grupos de extrema derecha. El encuentro entre la senadora y dos ex paramilitares sorprendió a muchos, sobre todo porque marca la desesperación y aislamiento de estos hombres acusados de planear miles de asesinatos en Colombia, entre ellos el de la misma Córdoba, que escapó por un pelo de morir acribillada en dos oportunidades. Según la legisladora, que con el encuentro con aquellos que ordenaron su secuestro en 1999 ha vuelto a posicionarse como una de las máximas activistas por la paz de su país, no existen mecanismos de cooperación judicial entre los dos países para que los paramilitares sigan proveyendo información clave sobre sus crímenes. Sin embargo, para algunos analistas, su gira por Estados Unidos –que incluye conversaciones con parlamentarios– no tiene nada de altruista, sino que se debería a un intento para negociar una convergencia entre los diezmados paramilitares y sus otrora rivales, las FARC. En medio de estas intrigas, Córdoba es acusada, junto al presidente venezolano Hugo Chávez, de actuar como “vocera” del grupo guerrillero, lo que no sólo ha socavado sus sólidas credenciales como intermediaria, sino la liberación de rehenes como Pablo Moncayo, joven militar del ejército colombiano secuestrado por las FARC hace once años y cuyo cautiverio parecía tener los días contados en abril pasado. Pero en su caso Uribe se niega a ceder ante las FARC, que para liberar a este rehén exigen la presencia de Córdoba, enemiga acérrima del presidente colombiano. Córdoba y los padres de muchos secuestrados acusan a Uribe de anteponer odios personales –ha acusado a las FARC de asesinar a su padre– por encima del bienestar de los rehenes.

“Por Dios, Piedad, hay cosas que se pueden pensar, que pueden incluso ser ciertas, pero que una parlamentaria no debe decir.” Con estos términos se dirigía el periodista Julio César Londoño, del diario colombiano El País, a Piedad Córdoba, a la que reprochaba de haber tachado de “mafioso y paramilitar” a Uribe ante funcionarios extranjeros. Sin embargo, el columnista reconocía también el coraje de esta mujer en el conflicto armado más complejo y antiguo de Latinoamérica, en el que se enlazan gobernantes, narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares y que desde 1964 ha dejado un saldo de más de 200.000 muertos. Hija de un maestro negro y una rubia de ojos claros de Medellín, esta abogada egresada de una universidad católica de su ciudad empezó a militar en movimientos de izquierda desde muy joven. “Por mi perfil rebelde y contestatario, yo debería haber estudiado en la Universidad Nacional”, contaba Córdoba en un reportaje. La futura abogada tenía antecedentes como instigadora de rebeliones en el colegio secundario que inquietaron a las autoridades de la Universidad Pontificia Bolivariana, de donde sin embargo egresó con honores. “Mi permanencia allí fue contradictoria, pero al mismo tiempo fecunda, pues en medio de un ambiente de discriminación y de rechazo, yo comenzaba a saber qué me gustaba y, sobre todo, a saber elegir en la vida”, recordó. Sobrina de un dirigente del Partido Liberal –centroizquierda–, entró a la política de la mano de William Jaramillo Gómez, quien más tarde se convertiría en alcalde de Medellín. Córdoba llegó a ser su secretaria privada, lo que luego le allanaría el camino al Parlamento, cuando su padrino político anunció que no buscaría la reelección como senador. En 1994, Córdoba fue electa en la Cámara alta del Congreso. Allí comenzó una larga labor legislativa a favor de las mujeres, las minorías sexuales y la comunidad afrocolombiana.

En 1999, Carlos Castaño, por entonces el máximo líder paramilitar, la mantuvo secuestrada varias semanas por presuntos vínculos con el ELN. La primera vez que Castaño la fue a ver, “se sentó en una mesa, y me dijo: ‘Ah, por fin; aquí tenemos a la negrita’. Era el mismo tono burlón y peyorativo con que siempre han tratado a los negros en Colombia”, recuerda Córdoba. A los pocos días, y gracias a una intensa presión internacional, Castaño la liberó. Enseguida, Córdoba reunió a sus tres hijos y se los llevó a la embajada canadiense, donde pidió asilo. Pero el exilio no estaba en sus planes y a los seis meses decidió cambiar el frío y civilizado invierno canadiense por el caos de su país. Dejó a sus hijos en el Norte para abocarse a su trabajo en el Senado, pero los intentos de asesinato no amainaron: en un shopping intentaron balearla, y en las cercanías de un estadio, su camioneta quedó perforada a balazos. Años más tarde, y ante la sorpresa general, Uribe aceptaba que su más feroz opositora y su turbulento vecino, Hugo Chávez, facilitaran un acuerdo de intercambio humanitario con las FARC. Por entonces, la senadora viajó a Caracas para entrevistarse con el presidente venezolano y dos representantes de las FARC. Las fotos del encuentro fueron divulgadas y allí se veía a Córdoba con la boina de uno de los guerrilleros en la cabeza y charlando distendidamente con ellos, lo que causó controversia en la opinión pública. Cuando el ejército abatió a Raúl Reyes, el gobierno colombiano aseguró haber encontrado en la computadora del líder guerrillero varios correos electrónicos entre este y la senadora.

Al igual que Chávez, a quien muchos llaman su “concubino político”, esta mujer de 53 años provoca las reacciones más virulentas. A contramano de sus pares, que eligen rigurosos trajes sastre para asistir a reuniones y esconden sus liftings y aplicaciones de colágeno, Córdoba reivindica públicamente sus numerosas cirugías plásticas mientras usa turbante, mucho maquillaje, joyas tintineantes y vestidos con motivos africanos, lo que nunca termina de caer bien entre la dirigencia colombiana. “Soy mujer, soy negra, me dedico a la política, estoy acostumbrada a que me insulten”, decía hace un tiempo esta feminista radical al diario Le Monde. Desde hace doce años, “Córdoba la Negra”, como la llaman sus colegas y rivales, “ha contribuido a modernizar el debate político y la legislación colombiana al introducir cuestiones sociales como los derechos de las mujeres, los homosexuales y los descendientes de africanos”, indica la cineasta Clara Riascos, entrevistada por el diario francés. Por otro lado, los que la conocen mencionan su verborragia, sus acusaciones impulsivas, su falta de diplomacia y espíritu táctico, lo que la convierte en una mujer muy detestada en la política de su país. Sin embargo, muy pocos podrían objetar su trabajo a favor de la liberación de los rehenes de la guerrilla colombiana. A pesar de sus discutibles métodos nadie podrá acusarla de no haber intentado todo por la pacificación de su país.