Expresamos nuestra profunda preocupación por la polémica decisión del Tribunal Oral 1 de Morón de dejar en libertad al cura Julio César Grassi, tras haber sido declarado culpable de abuso sexual agravado y corrupción de menores. Sorprende por su alta visibilidad que un tribunal que condena a 15 años de prisión a un abusador de menores no sólo lo deja en libertad hasta que la sentencia quede firme, sino que lo autoriza a regresar al lugar donde cometió sus crímenes. El fallo es anacrónico y contradictorio.

Abundan estudios y denuncias sobre casos de abusadores y violadores que repiten sus delitos, porque es parte de su naturaleza compulsiva. En tal sentido la Justicia debería considerar que los delitos de violación y abuso sexual tienen particularidades que agudizan su importancia.

Enio Linares, decano de la criminología argentina y perito en la causa, opina que poner en la calle a un pedófilo comprobado como Grassi es gravísimo porque se pone en libertad a una persona peligrosa que tiene una estructura de personalidad irreversible; un psicópata imputable que es racional y consciente de sus actos, aun cuando no acepte la responsabilidad criminal de los mismos.

Exponer a chicos vulnerables no puede dejar de impactar a la sociedad y promover serios debates de juristas y especialistas como también el reclamo de diversas organizaciones civiles. La Comisión de la Mujer de la APDH se suma a estos reclamos y alza su voz para expresar su repudio a una resolución judicial que aparece como arbitraria. Señala, asimismo, su preocupación ante las características excepcionales que rodean a este caso, no sólo por ser el condenado un sacerdote, sino también un personaje poderoso que supo construir un imperio de la beneficencia, con un fuerte entorno mediático y una red de influencias entre diversos sectores de poder. Estas características parecen haber pesado en el fallo del Tribunal Oral 1 de Morón, ya que el juicio tardó siete años y nueve meses, el juicio oral no fue público y existieron amenazas, presiones, violencia e intimidación a testigos y abogados querellantes, como también el hecho de dar sólo por probado dos (quizá los más débiles) de los diecisiete hechos denunciados, quedando dos menores victimizados (pese a las pruebas y testigos) sin ser reivindicados.

Por todo lo expresado, esperamos que en la nueva instancia de Casación la Justicia argentina actúe con firme imparcialidad, dejando de lado las “excepcionalidades” señaladas, que no son otra cosa que privilegios discriminatorios que atentan contra el principio básico de la igualdad ante la ley, sean éstos ricos y poderosos o pobres y desamparados.

Sólo con verdad y justicia podremos construir un futuro mejor para todos.