“Si no aborto me mato”, dijo ella. En un pedido. En un pedido no escuchado. En un ruego que no fue amenaza sino desesperación. Silencio. Desamparo. Grito. La muerte como puerta, cuando no quedan más puertas que golpear. Ella –que no se conoce el nombre, sino apenas sus iniciales– como símbolo, como cuerpo, como mujer que no es mujer, es joven, es niña, es adulta forzada, va a ser mujer y ya conoce el dolor, la desigualdad, la vejación de ser mujer por ser mujer. A principios de enero, ella, una chica –identificada como A.G.–, de 15 años –abusada por su padrastro– pidió, en Comodoro Rivadavia, acceder a un aborto legal.

Sin embargo, todavía, está atada al dolor, la doble victimización y las objeciones a su deseo de acceder a un derecho contemplado por las leyes argentinas. Los médicos y la Justicia le dijeron que no, a pesar de que –por haber sido violada y correr riesgo su salud y su vida– su pedido está contemplado por la ley. Ahora su causa –ahora que el dolor sigue latiendo, las heridas se abren y el tiempo se cobra los ensañamientos burocráticos– está en el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Pero, en verdad, su caso, ni cada caso, deberían llegar a la Justicia.

Si A.G. se hubiera hecho un aborto clandestino nadie le podría haber imputado ningún delito. Pero pedir un aborto seguro, gratuito y legal en un hospital público puede ser más peligroso que la clandestinidad, aun cuando la mortalidad materna de Argentina es alarmante (con una cifra que fue condenada por Unicef y que es más alta que la de Chile, Uruguay y Costa Rica) y el aborto es la primera causa de la mortalidad materna, igual que en Jamaica y Trinidad Tobago, sólo igual que en Jamaica y Trinidad Tobago en toda Latinoamérica.

Es el cuerpo de A.G. El de ella. Y a la vez no es sólo ella. Son muchas. Pero las muchas se hacen piel en ella. Y ella hace piel en todas. Mucho más en el Día de la Mujer que, A.G. con sus 15 años, todavía ni debería ser.

EL ABORTO ES LEGAL, LAS TRABAS NO

Los abortos no punibles (en casos de violaciones o de riesgo para la salud de la mujer) tendrían que realizarse directamente, de forma gratuita y segura, en los hospitales públicos. Sin embargo, los y las médicos/as, generalmente, se niegan, piden una autorización judicial y, en muchos casos, la Justicia traba un proceso que requeriría todo lo contrario: contención y celeridad. La diputada nacional Cecilia Merchán, de Libres del Sur, repudió la decisión de la jueza de Familia número 3 de Comodoro Rivadavia, Verónica Robert, que le negó a A.G. el derecho a interrumpir su embarazo. “Este resolución demuestra una vez más que jueces y médicos hacen caso omiso a las excepciones del Código Penal que contempla el derecho al aborto en caso de que la continuidad de la gestación ponga en riesgo la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación.” Y llamó a “debatir un proyecto de ley que regule la práctica y defina los procedimientos correctos para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo”.

También la diputada nacional de la Coalición Cívica Fernanda Gil Lozano apuntó: “Me parece que es momento de ponernos de acuerdo: por ejemplo, cuando La Hiena Barrios atropelló a una mujer embarazada de seis meses, nuestra Justicia no consideró que fueran dos muertes sino una sola. El Código Penal no considera persona al feto en el vientre materno: ¿entonces por qué tanta autorización cuando una familia debe decidir ante la perpetración de semejante daño a una niña víctima de su padrastro?”

No es que a nadie se le haya ocurrido. En noviembre del 2008 se discutió un proyecto presentado por Juliana Di Tulio y Nora César (del Frente para la Victoria) en el que se hacía una lectura amplia del Código Penal (que contemplaba todas las violaciones y no sólo las de las mujeres “idiotas o dementes” como las definía el Código Penal en la década del veinte) y en el que, expresamente, se saltaba la autorización judicial para que los hospitales públicos realicen los abortos permitidos por la ley.

Según expresaba el conservador diario La Nación, el 10 de noviembre del 2008, en una nota titulada “Avanza la despenalización del aborto”, el proyecto contaba con “amplio consenso en bancadas opositoras, como la Coalición Cívica, la UCR y el socialismo”, a pesar de la oposición de la evangélica militante Cinthya Hotton (PRO). Pero el acuerdo no tomó forma real.

No fue la primera vez que fracasó una iniciativa que quería darle cuerpo real al artículo 86 ya escrito en el Código Penal. Anteriormente, la socialista santafesina Silvia Ausburger había presentado un proyecto similar que llegó a ser aprobado en la Comisión de Salud del Congreso de la Nación. Pero también esa ilusión quedó en el salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados. Después, Ausburger respaldó el escrito de Di Tulio. Sin embargo, el segundo intento tampoco funcionó. Y la puesta en práctica de un derecho –tan derecho como el derecho a la defensa propia, por ejemplo– volvió a quedar en la siesta del olvido.

Y en ese olvido, los y las diputadas –o las presiones de quienes no quieren que se cumpla ni siquiera con el Código Penal– también se olvidaron de A.G. de su cuerpo, de su grito, de las muertes por abortos clandestinos y del deseo de muerte que provoca un cuerpo forzado en el propio cuerpo o un violador suelto (el padrastro de la adolescente está libre a pesar de la acusación en su contra), en un cuerpo joven y violentado, encerrado por los médicos y la Justicia.

No todo es así. En la provincia de Buenos Aires existe una resolución –304/ 07–, implementada por el Ministerio de Salud bonaerense, a partir del caso de L.M.R. que pidió un aborto no punible y tuvo que terminar realizándoselo de forma clandestina, que ya regula los pedidos de las mujeres violadas. El objetivo es que la Justicia no tenga que intervenir en cada caso, sino que las y los médicas/os procedan según una normativa que les indica cómo actuar, les despeja sus dudas, los ampara de sus miedos a juicios y los obliga a no negarles su derecho a jóvenes y adultas.

También, en estos días, y por primera vez, el Gobierno dio una señal de apoyo al avance de no dejar más desamparadas a jóvenes como A.G. La abogada Perla Prigoshin, asesora del Consejo Nacional de la Mujer y de la Presidencia, le dijo a Las/12: “Cada vez que surge una nueva situación como la que están viviendo la jovencita de Comodoro Rivadavia y su madre, el Consejo Nacional de la Mujer se conecta con la necesidad de que haya una norma reglamentaria del Código Penal que establezca los pasos a seguir para convertir la letra de la ley en sentido común. Debe existir un instrumento legislativo que lleve tranquilidad a los y las profesionales del sistema de salud para que realicen la práctica médica sin requerir a las mujeres una autorización judicial que el Código Penal no exige”.

¿Y LA CIUDAD PROGRESISTA DONDE ESTA?

En la Capital Federal, que fue pionera en derechos sexuales y reproductivos, todavía se está esperando la letra chica de un derecho escrito en el Código Penal pero borrado en la práctica. En la ciudad –que cuenta con la más avanzada ley de salud reproductiva, educación sexual y unión civil para parejas del mismo sexo– ahora se da marcha atrás en ampliar (o cumplir) con los derechos de las mujeres.

La legisladora de la Coalición Cívica Diana Maffía explica las trabas para que las interrupciones del embarazo (contempladas por la ley) no se practiquen realmente: “Durante 2008 se presentaron cuatro proyectos para reglamentar el aborto no punible: uno de Gabriela Alegre (Frente Popular para la Victoria), uno de Juan Cabandié y Pablo Faílde (ambos del Frente para la Victoria) y otro mío, con giros a las comisiones parlamentarias de Salud y de Mujer”. Ese año, no pasó nada. Pero el 2009 no trajo más progresos. “Se consensuó un proyecto unificado que tuvo despacho de ambas comisiones. Pero el entonces vicepresidente del Frente para la Victoria, Juan Manuel Olmos, en alianza con el PRO, pidió agregar un giro a la Comisión de Justicia manejada por Martín Borrelli del macrismo. A pesar de los insistentes pedidos, Borrelli nunca puso el proyecto en debate en la comisión y así perdió estado parlamentario”, se lamenta Maffía.

También Gabriela Alegre critica al oficialismo porteño: “Hubiera sido muy importante llevar el debate al recinto, pero no fue posible porque el macrismo decidió agregar un giro a la Comisión de Justicia y provocó que los proyectos tuvieran que archivarse”. Ella tiene esperanzas en poder saltear las objeciones: “Ahora con la firma de diputadas/os de todos los bloques de la oposición vamos a volver a presentar el proyecto consensuado e insistir en la necesidad de aprobar esta ley que servirá para terminar con el silencio, la falsa información y el preconcepto que existen para la atención de estos casos”. En el bicentenario, Maffía, Alegre y Cabandié apostarán nuevamente a que se efectivice un derecho escrito, en el Código Penal, en 1921. Pero tendrán que empezar desde cero. Como si aún viviéramos en 1910.