El 23 de febrero el Senado español dio luz verde —por 132 votos a favor, 126 en contra y una abstención— al proyecto de Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, a pesar de la oposición del Partido Popular, de la Iglesia y de sectores conservadores y será puesto en práctica en cuatro meses.

El avance más audaz de la norma es que las adolescentes de 16 y 17 años pueden decidir por sí mismas interrumpir su embarazo. Deberán informar a su mamá o su papá o su tutor (a una/o y no a todos), pero la decisión queda en manos de ellas. Incluso, se les permite que no digan nada a sus padres o madres si alegan que el relato de su situación les podrá provocar “un conflicto grave o peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo”. La senadora y secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, se enorgulleció —según relató el diario El País—: “Las mujeres que no compartan la norma no harán uso de ella, pero las que quieran hacerlo no podemos ni debemos impedírselo”.

A partir de la puesta en práctica de la norma, hasta las 14 semanas el aborto es libre, pero el plazo se extiende hasta la semana 22 si hay riesgo de vida o de salud para la embarazada o graves anomalías fetales. Después de ese lapso, sólo se puede recurrir a una interrupción si el feto en gestación no tiene posibilidades de nacer vivo o tiene una enfermedad grave o incurable.

La norma acepta la objeción de conciencia (que un o una médica/o no quieran practicar un aborto), pero siempre y cuando ese derecho profesional no impida el derecho de la mujer a acceder a un aborto seguro, público y gratuito. La relación entre la Argentina y España (con sociedades culturalmente compatibles) hace repensar por qué mientras acá no se pueden aplicar los abortos no punibles, en España se adelantan a legalizar toda clase de abortos.