Tiene 17 años y fue abusada por su padre y su tío desde los once años. Hace seis años que ella, una adolescente de El Bolsón, soporta que se metan con su cuerpo, aguanta lo inaguantable y no encuentra quién la defienda frente al atropello al derecho que no es ley sino piel. Ella se quedó embarazada y pidió acceder a un aborto no punible. La salud y la Justicia la siguieron violando. En el hospital de su pueblo se negaron a interrumpir el embarazo. Por eso, tuvo que recurrir a la Justicia. En el primer intento encontró un oído y un alivio. El juez de Bariloche Martín Lozada la autorizó a realizarse una práctica que está permitida por el Código Penal y que –en verdad– no necesita autorización como él mismo escribió en sus fundamentos. El magistrado, además, encarceló al padre y al tío de la joven que ya lleva doce semanas de embarazo.

Pero, a pesar, de la sentencia a favor, otra pata de la Justicia la siguió jaqueando en su decisión de no seguir condenada a la violación que la marca desde niña. La defensora de Menores Paula Bisogni anunció que va a apelar el fallo de Lozada con el argumento del “derecho a la vida” del llamado “niño por nacer”.

En Rosario y en la Provincia de Buenos Aires ya existe un protocolo para que no haya barreras. La idea es extender la clarificación de la ley. Por eso, tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como en la Ciudad de Buenos Aires existen proyectos para que ya nadie pueda hacerse el distraído o el enemigo de los abortos no punibles.

Mientras que también el planteo llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el caso de Ana María Acevedo –a quien se le negó un aborto terapéutico a pesar de padecer un cáncer y fallecer sin ni siquiera tener la posibilidad de realizarse quimioterapia o recibir medicación para aliviar su dolor– está postulado para que, en su honor, se le otorgue un homenaje post mortem y se conozca que no hacer un aborto legal también es delito.

¿La Corte dara un corte?

En La Pampa intentaron generar una norma para facilitar los abortos legales. Sin embargo, el gobernador Oscar Mario Jorge vetó la ley aprobada por la Legislatura provincial. Y esta actitud del Ejecutivo pampeano fue el motor para que el máximo tribunal de Justicia argentino tenga que expedirse sobre el planteo para que se cumpla con las interrupciones del embarazo permitidas por ley desde 1921 en el Código Penal.

El diputado socialista de La Pampa Adrián Peppino fue quien decidió ir a la Justicia y explicó: “Nuestra intención al llegar a la Corte es generar que la Justicia aborde la cuestión de fondo, sin la presión a la que se ven sometidos algunos sectores políticos que son los que deberían definir estas cuestiones. Y es importante que la temática esté presente, más aun cuando el Congreso nacional se abocará a tratar un amplio proyecto sobre aborto (en alusión a la presentación por la despenalización de esta práctica ya realizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito). Las mujeres gozan del derecho a interrumpir su embarazo tal como lo prevé el artículo 86 del Código Penal y esto es lo que defendemos con nuestra iniciativa”.

A él lo acompañó la legisladora porteña (del Encuentro Popular para la Victoria) María José Lubertino, quien detalló: “Naciones Unidas viene advirtiendo a la Argentina que tiene que cumplir con el acceso de las mujeres al aborto no punible. El Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Discriminación hacia la Mujer de la ONU le han reiterado en diversas oportunidades la necesidad de garantizar, en condiciones de seguridad e higiene, la realización de los abortos no punibles. Pero el Estado no cumple con esta recomendación. Por eso, tenemos que recurrir a la Justicia y, además, defender los proyectos legislativos que avalen esta práctica”.

En julio del 2008, por primera vez, un fallo histórico les advirtió a los profesionales de la salud que impedir un aborto no punible –como ahora sucede con la adolescente violada en El Bolsón– también puede ser un delito.

Nada puede hacer revivir a Ana María Acevedo. Pero su memoria puede ser honrada si esta sentencia se convierte en un caso testigo para que los/las médicos/as se cuiden de dejar desamparadas a las mujeres. Ana María Acevedo falleció el 17 de mayo del 2007 en el Hospital Iturraspe de Santa Fe, dolorida y deformada como consecuencia de su enfermedad –un cáncer detectado tarde por los profesionales de la salud pública y confundido con un problema dental– en el que no sólo no se le permitió realizar el aborto no punible para intentar luchar por su vida a través de quimioterapia, sino que tampoco le dieron la posibilidad de una muerte digna ni la medicación correspondiente para evitar los dolores producto de su enfermedad.

La única intervención que le realizó el hospital fue hacerla dar a luz a las 22 semanas de gestación sólo para que el bebé muriera a las pocas horas. Por eso, la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe inició una causa judicial que fue llevada adelante por las abogadas Lucila Puyol, Paula Condrac y Mirta Manzur. El magistrado santafesino Eduardo Pocovi procesó a seis médicos por lesiones graves culposas e incumplimiento de deberes de funcionario público.

“La importancia de ese fallo histórico reside en que sienta el principio de que hoy, en la Argentina, no hacer un aborto legal es delito.”, remarca la Multisectorial. Pero las santafesinas no se quedaron en la pelea del caso, sino que, ahora, intentan que esta jurisprudencia se multiplique. Por esta razón, la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe promueve que la sentencia por la muerte de Ana María Acevedo obtenga el Premio Mallete, de la Agencia Internacional Women’s Link World Wide, que otorga el Observatorio de Género y Justicia al Descubierto 2010.

Para lograr este objetivo, ellas convocan a votar –hasta el 15 de abril–- por esta sanción a los médicos que se negaron a atender correctamente a Ana María Acevedo en www.womenslinkworldwide.org (donde se puede ingresar al Observatorio de Género y Justicia ), ya que habrá un premio otorgado por un jurado de notables y otro por el caso más votado por el público.

Ni siquiera es necesario registrar los datos personales para votar. Se puede apoyar esta sentencia santafesina clickeando sobre la derecha de la pantalla. Además, es válido que una persona vote múltiples veces, ya que las organizadoras consideran que lo importante es incentivar la votación y movilizar a la gente a que participe y se visibilicen las decisiones judiciales que defienden a las mujeres.

www.womenslinkworldwide.org