El aborto es un tema cuyo debate fue negado durante muchos años en la Argentina, con la violencia y muerte de miles de mujeres. Se estima que, cada año, alrededor de medio millón de mujeres deciden una interrupción voluntaria del embarazo. En Chaco, según los datos del Hospital Perrando, en un promedio de 5 mil nacimientos anuales se cuentan 600 abortos en el mismo lapso, según publicó el diario Primera Línea, de Resistencia, la capital provincial.

Esta realidad implica que se practican alrededor de 43 abortos por mes. En 2009 se contabilizaron, durante diciembre, 48 abortos, en noviembre 36, en octubre 45, en septiembre 49, en agosto 59, en julio 44, en junio 55, en mayo 44, en abril 49, en marzo 50, en febrero 49 y en enero 50. El total es de alrededor de 578 interrupciones de embarazo a lo largo del año.

En el marco del debate abierto sobre el aborto, la diputada nacional Cecilia Merchán, del Movimiento Libres del Sur, junto a otros legisladores nacionales, presentaron un proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo durante las primeras doce semanas, que es una continuidad del Proyecto de Ley para Legalizar el Aborto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en 2007, y que a pesar de haber contado con la firma de 22 legisladores y legisladoras nunca fue tratado.

Entre otros puntos, el proyecto nuevamente presentado incluye la legalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Esta Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito está conformada por más de 250 agrupaciones y sostiene el lema “Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”.

El aborto no es un problema de necesidad y urgencia para la agenda pública. Sin embargo, en nuestro país, cada año se calcula que se realizan entre 400 mil y 600 mil interrupciones voluntarias del embarazo, y miles de mujeres padecen graves secuelas o mueren por abortos clandestinos. Y la gran mayoría de las lesionadas o fallecidas son mujeres, niñas y adolescentes de los sectores sociales excluidos y postergados de nuestra sociedad.

La despenalización del aborto implica la derogación de los artículos del Código Penal que lo tipifican como delito, para que las mujeres que recurren a esta práctica no sean sancionadas legal, moral y socialmente, mientras que sólo debieran castigarse por ley los abortos realizados contra la voluntad de la mujer. La legalización del aborto significa modificar leyes, pero sobre todo diseñar y ejecutar políticas públicas para que el aborto sea realizado en hospitales públicos y por obras sociales de manera segura y gratuita para quienes no tienen otra cobertura de salud, como parte de las diversas prestaciones que deben asegurar el derecho a la salud integral de las mujeres.

La legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a practicarlo. Todas las mujeres que en función de sus creencias no lo aprueben, pueden sostener sus convicciones; de igual manera que aquellas que lo admiten, deben poder actuar según su conciencia, tomando en libertad las decisiones que juzguen necesarias, sin amenazas ni coerción alguna.

La criminalización del aborto y la penalización de las mujeres que abortan no reducen el número de esas intervenciones y provocan, en cambio, más muertes y un mayor sufrimiento humano al facilitar la existencia de un mercado clandestino de abortos inseguros. Por eso se debe despenalizar el aborto y legislar para prevenir los embarazos no deseados.

* Responsable en Chaco del movimiento de mujeres Juana Azurduy.