El aborto es legal en España a partir de julio de 2010. A pesar de la oposición de la Iglesia Católica y del Partido Popular (PP), el gobierno socialista de José Luis Zapatero llevó adelante la reforma de la ley que regulaba –desde 1985– la interrupción del embarazo. A partir de ahora, las mujeres podrán decidir recurrir a una intervención gratuita y segura hasta la semana 14 e, inclusive, hasta la semana 22 en casos de peligro para la salud de la madre o malformaciones del feto.

Otra de las novedades de la nueva ley es que las adolescentes –de 16 y 17 años– también podrán acceder a este derecho, siempre que estén acompañadas por su papá o su mamá. Sin embargo, se contempla su autonomía plena en caso de que cuenten que viven una situación de violencia familiar por la que necesitan intimidad para terminar con un embarazo no deseado y pueden acceder a ese derecho solas.

Las turistas y las inmigrantes también tienen acceso a la intervención en un hospital público, pero no de manera gratuita, sino con un costo de 500 euros hasta el cuarto mes de embarazo y con un costo aún mayor si la gestación está más avanzada y la interrupción es más compleja.

La nueva ley es una ampliación de la norma aprobada en 1985, que despenalizaba el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo sólo si había una violación y hasta 22 semanas en casos de malformaciones en el feto y riesgo por la salud física y mental de la madre, un caso similar al de los abortos no punibles (legales) en la Argentina.

Por la vinculación estrecha y los rasgos culturales similares entre ambas naciones, la relación entre las políticas españolas y su repercusión en nuestro país es muy alta. Por eso, la diputada nacional Cecilia Merchán vinculó: “Finalmente, el Estado español ha puesto en vigencia la ley de interrupción voluntaria del embarazo reconociendo el derecho de las mujeres al aborto. Sin duda, se trata de un triunfo para las mujeres del mundo y, en particular, para las españolas, que ya no sufrirán los riesgos a los que las sometía la clandestinidad. También es una victoria contra la jerarquía retrógrada de la Iglesia Católica y nos deja la enseñanza de que por muy poderosas que sean algunas instituciones, siempre prevalecerá la voluntad popular”.

Al igual que el matrimonio homosexual –aprobado hace cinco años en España y debatido ahora en el Senado Nacional– Merchán cree que la nueva ley española hará eco en el país. “La sociedad política en Argentina debería entender que sancionar la ley de interrupción voluntaria del embarazo significa reconocer una realidad existente y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Mientras más se tarde, más mujeres seguirán muriendo en condiciones indignas”, apuntó.

A la vez que en España, los detractores tienen que empezar a aceptar la nueva normativa. Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del PP en el Congreso, sostuvo que “la ley del aborto ha entrado en vigor y hay que aplicarla”. El más beligerante de los detractores a la nueva normativa, Ramón Luis Valcárcel, presidente de Murcia, afirmó que la norma no se aplicaría en su comunidad hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso interpuesto por el PP. Sin embargo, el Constitucional se inclina por no suspender la vigencia de la ley. Por lo que los intentos de frenos –también de parte de la Iglesia y de manifestaciones similares a las que se dan en Argentina en contra del matrimonio entre personas del mismo género– no parecen poder frenar la legalización del aborto.