La mortalidad materna en el país es muy elevada y uno de los mayores problemas sanitarios que afectan la vida de las mujeres en el país. Sin embargo, no es un tema que ocupe la agenda pública ni mediática. Para intentar revertir la invisibilización de la muerte de mujeres por el aborto clandestino y la mala atención en el parto, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical organizó un seminario, el 1º de julio pasado, en el Salón Arturo Illia, del Senado de la Nación. “Argentina ostenta ahora una tasa de mortalidad materna más elevada que en el año 2000 y con poca variación con respecto a 1990. El análisis —presentado por Silvina Ramos, de Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva— de estos índices por región evidencia que es mucho mayor en las provincias del Noroeste y Noreste argentino, con las tasas más altas en Formosa, Jujuy y Chaco. El hecho de que el 70 por ciento de estas muertes son evitables señala que se trata de un problema de salud pública, una violación a los derechos de esas mujeres y una injusticia social porque las que mueren son en su gran mayoría las más pobres”, concluyeron en el seminario.

“Otra evidencia de la falta de voluntad política frente a este problema es que son muertes que no están visibilizadas, ocurren como algo natural. Pero esto es más inexplicable porque en países como Chile esta tasa es la mitad que la de Argentina y en Uruguay es un tercio de la de nuestro país. ¿Cómo es posible esto?”, se preguntaron en el encuentro. También se reveló un estudio reciente realizado por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires —Sogiba—, que mostró que existe un subregistro de estas muertes en la Ciudad de Buenos Aires: por cada muerte materna registrada, hay dos más que no fueron contabilizadas en los indicadores de salud pública porteña. Esto implica un crecimiento de las cifras ocultas, ya que, en 1986, había una muerte no registrada por cada una registrada.

Norma Cuevas asistió a contar la historia de su vida y la de la muerte de su hija, Ana María Acevedo, una joven de 21 años, madre de tres hijos, que murió hace dos años tras negarle el acceso primero a una ligadura tubaria y luego a un aborto terapéutico legal para poder recibir un tratamiento para el cáncer que padecía. Cuevas contó lo que ella, su esposo y sus nietos lucharon por salvar a su hija y la oposición y resistencia que encontraron en el sistema de salud y judicial.

Frente a esto, los expertos legales Nelly Minyersky y Marcelo Alegre señalaron que la legislación no permite a los profesionales de salud no atender a mujeres, especialmente a las pobres, en los hospitales y servicios públicos. Y que la objeción de conciencia de los profesionales no puede afectar el derecho de las pacientes.

Los diputados Ricardo Gil Lavedra (UCR), Margarita Stolbizer (GEN), Mónica Fein (PS) y María Luisa Storani (UCR) coincidieron en la necesidad de despenalizar el aborto para evitar la muerte de tantas mujeres, señalando que esto contribuirá, junto con la educación sexual, a que disminuyan los embarazos no planeados. Mientras que Mabel Bianco, secretaria de la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia del Comité Nacional de la UCR, opinó: “Debe existir un compromiso claro de los partidos políticos y de toda la sociedad. Se requiere apoyo de todas las expresiones políticas y sociales para lograr erradicar la mortalidad materna”.