Una chica con rasgos todavía aniñados, guardapolvo y carpetas; rodeada de amigas, escuchan música en un mp3 al palo, a la salida de una escuela en Constitución. Tiene algunos claritos mal hechos, un buzo algo gastado con la cara de una Kitty que empieza a desdibujarse a la altura de su abdomen. No tiene más de 16 años, está embarazada. La vívida postal es cada vez más fácil de encontrar por las callecitas de Buenos Aires. Es que en 2007, la presencia de embarazadas niñas y adolescentes era de un 7,2 por ciento sobre el total de mujeres a punto de dar a luz. Y dos años después esa cifra trepó al 19 por ciento. Así lo indican números oficiales que contabilizan a las personas atendidas en los centros de Salud y dentro del Plan Médico de Cabecera del Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires, a las cuales accedió mediante un pedido de informes la legisladora del bloque Diálogo Por Buenos Aires, María Elena Naddeo. Las mujeres-niñas que conforman esta fría estadística van de los 12 a los 19 años y viven, mayoritariamente, en las zonas sur y oeste de Capital.

“Nos preocupan indicadores que hablan del aumento del embarazo adolescente. No es casual que esto suceda porque la ley de educación sexual no se cumple, entre otras cuestiones”, señaló Naddeo en la Legislatura porteña, en el marco de la presentación de dos proyectos relacionados con la niñez y adolescencia de la ciudad. Además denunció la crítica situación de los servicios de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes de la ciudad a los que calificó de “colapsados”. “Este es el resultado de una carencia de políticas sostenidas en el tiempo en materia de educación sexual, que por más que hay una ley mediante, no se aplica, y de la suspensión del programa de Sexualidad, Géneros y Derechos. El motivo que dio Macri es que correspondía que se hiciera cargo Educación.” Pero, pasado un año el alcance de los talleres, por caso, se redujo en un 80 por ciento: se dictan en 12 escuelas sobre un total de mil. “Creo que el motivo verdadero es que no quisieron colisionar con la Iglesia Católica”, deslizó Naddeo en diálogo con Las 12.

Además, Naddeo anunció la presentación de un proyecto que plantea declarar en emergencia los servicios de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y que intenta establecer un recurso de exigibilidad para que tengan garantizado el acceso a los servicios y programas. Además, el proyecto exige la ampliación de las partidas presupuestarias tanto para el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes como para otros programas. “El Consejo de los Derechos está colapsado. Poco se está cumpliendo la ley 114. La franja más vulnerable de niñez y familia necesita recursos como vacantes en escuelas y en paradores, tiene problemas habitacionales y de protección de las diferentes formas de violencia”, dijo la diputada.

En las denominadas regiones sanitarias Este y Sur, el embarazo adolescente trepa hasta el 21,4 y el 18,9 respectivamente mientras que en las zona Oeste, el porcentaje llega al 16,8. El informe denominado “Fecundidad en la Ciudad de Buenos Aires 1990/2009, junio de 2010”, de la Dirección general de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda de la Ciudad también señala otro dato preocupante: la fecundidad de adolescentes de 15 a 19 años, en 2009, fue de 9 por ciento, mientras que en 2000 era de 7,1 y en el 2005, de 8,3. Los barrios de La Boca, Barracas y Villa 31 son los que registran más incrementos. “Es un correlativo con la pobreza, con la carencia del proyecto de vida; la maternidad aparece como un refuerzo subjetivo de la personalidad, no siempre son accidentes, es deseado porque no hay otra perspectiva de afecto en el horizonte”, explicó la legisladora antes de destacar que el embarazo temprano implica riesgos en la salud y que muchas “llegan a la primera consulta con 5 o 6 meses de gestación”.

Naddeo también cuestionó que el Ministerio de Hacienda de la Ciudad haya tomado la decisión de suspender la utilización de los créditos incorporados y votados por la Legislatura porteña para el presupuesto 2010 destinados a fortalecer el área encargada de resguardar a la infancia en la ciudad y aclaró que, si bien están permanentemente demandados, quienes trabajan allí, perciben un salario promedio de 2 mil pesos. “El consejo que se encarga de velar por los derechos de estos sectores está desmantelado y sin inserción en la comunidad educativa; principal nexo en esta cadena, por eso, estamos pidiendo que se cierre un fondo con partidas para ampliar esos salarios y la cantidad de profesionales”, referenció.

Mientras tanto, las cifras no paran de crecer y la presencia de nuevos integrantes en núcleos familiares que ya arrastran una historia de marginalidad continúan empeorando el panorama a futuro: “La relación hijo-madre es mucho más que un vínculo afectivo”, señaló a Las 12 la psicóloga especializada en infancia en riesgo, Ana María Dubaniewicz. “Un alto número de bebés sufren de angustia anaclítica, una patología ligada a la separación de los padres o a la ruptura de vínculos familiares y puede causar grandes perturbaciones emocionales, ya que la privación de intercambios afectivos personalizados disminuye la posibilidad de desarrollar las expresiones mímicas, la comunicación, la comprensión de situaciones y la conciencia de sí mismo y de los otros.”

Junto a la presidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, participaron también las diputadas María José Lubertino (Encuentro para la Victoria) y Laura García Tuñón (Proyecto Sur) y el legislador Antonio Rubén Campos (UCR) y por las organizaciones sociales: Mabel Bianco, de Fundación de Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM), Nora Schulman, del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn) y Florencia Elgorreaga (Consejera vocal del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en representación de la Legislatura porteña). Dentro del proyecto elevado al Ejecutivo, se destaca la solicitud de informes sobre las medidas que se han tomado y tienen previsto tomar en los próximos seis meses para prevenir el embarazo en la adolescencia y para acompañar –desde los servicios de salud, educación y promoción social–, a aquellas niñas y adolescentes que cursan su embarazo y las que, demasiado lejos de las decisiones que se toman en los despachos céntricos, ya han sido madres.