La Presidenta dio en la tecla: “Es una batalla cultural”, dijo el lunes, cuando presentó la reglamentación de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. La consultora de la OEA en temas de violencia para la mujer, Susana Chiarotti, piensa lo mismo y, además, está exultante. “Es lo que habíamos ido a pedir al Comité que monitorea la aplicación de la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw)”, afirmó la abogada rosarina que preside Insgenar. La reunión en la que se trató la situación argentina fue el 12 y 13 de julio pasado, en Nueva York, y allí se adelantaron las dos trascendentes medidas que el gobierno nacional tomó esta semana, la reglamentación de la ley de violencia y la resolución ministerial sobre aborto. “Queríamos aplaudir a Paula Ferro, pero en ese ámbito no se aplaude”, dijo sobre el anuncio de la titular del Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Sobre la ley de violencia, es aún más enfática. “Con un movimiento de mujeres organizado y fuerte, con un Consejo Nacional de la Mujer más empoderado que ahora, con un presupuesto adecuado, si se implementan los artículos de la reglamentación, esto producirá una revolución tan grande como la que está generando el matrimonio igualitario. Propicia un cambio cultural radical, aunque claro, se puede diluir si la aplicación es mezquina, si no se le da la importancia requerida”, afirma.

Chiarotti tiene la virtud de ser contundente. Para ella, además de la importancia de establecer claramente cómo y quiénes deben atender a las mujeres víctimas de violencia en los distintos organismos estatales y –por ejemplo– que pueden iniciar un pleito sin patrocinio legal, hay otros puntos de la ley que son de avanzada. Por ejemplo, que se haya establecido un mecanismo de aplicación para la violencia mediática, donde se podrá concurrir a denunciar lo que la ley establece como mensajes de contenido sexistas, que refuerzan los estereotipos de género. El organismo será la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, creada por la ley de medios. “Para eliminar la violencia hay que eliminar la discriminación. Por eso, lo esencial es trabajar para cambiar una cultura discriminatoria, que te vive mostrando la denigración. Si no vas cambiando eso, va a seguir la violencia, por más ley maravillosa que tengamos. Por eso me gusta esta ley, porque incorpora ese aspecto, ya que la discriminación es la primera causa de violencia. Esto nos da pie para desarrollar un cambio cultural importante. Si lo sabremos llevar adelante, la historia lo dirá”, indica la especialista en legislación.

Una ley de avanzada es una herramienta, y también un orgullo en el contexto internacional. “Qué bien que llega la Argentina para el próximo reporte de la OEA, que se realizará en Costa Rica, el 23 de agosto”, plantea Chiarotti. En cuanto a antecedentes en América latina, recuerda la ley aprobada en 2006 por Venezuela, donde se contempla, por ejemplo, la violencia obstétrica.

Más allá de los pergaminos para mostrar en las reuniones multilaterales, lo interesante es lo que esta ley podrá cambiar en la vida concreta de las mujeres. Y en ese sentido, el Estado debe comprometerse. La reglamentación toma el contenido transversal de la letra original: involucra distintos ministerios y organismos no sólo de los poderes Judicial y Ejecutivo, sino también de los niveles nacional, provincial y municipal. Chiarotti plantea los requisitos para que lo prometido por la ley sea una realidad. “El Consejo Nacional de la Mujer debe tener un rango adecuado. En sus comienzos, la presidenta del Consejo se sentaba en las reuniones de gabinete de ministros. Hoy está en un cuarto nivel de una estructura ministerial. Por eso, queremos que tenga un presupuesto importante y que esté suficientemente empoderado, que tenga los recursos técnicos, económicos, financieros, adecuados para implementar esta ley”, reclama la abogada. Para ella, el segundo requisito es “que el Consejo diseñe a la brevedad un plan nacional de violencia que permita el monitoreo de la aplicación de esta política en todo el país, la implementación conjunta a nivel federal de una serie de acciones de campañas de capacitación, de vigilancia, para impedir que alguna provincia se convierta en feudo reactivo y no la quiera aplicar”. La puesta en marcha de ese Plan Federal, claro, requiere de presupuesto. “Debe contar con partidas presupuestarias lo suficientemente importantes. No basta con sacar un volantito que diga ‘No les pegues a las mujeres’. Se deben hacer cambios tan profundos que significan cambiar la cultura discriminatoria, erradicar los patrones estereotipados, con campañas a largo plazo. No se trata de tres volantes y cuatro cortos radiales.”

Con su larga experiencia como abogada, que ha llevado pleitos a estrados internacionales luego de pelearlos en los Tribunales locales, Chiarotti hace foco en un aspecto que puede neutralizar una herramienta formidable. “La ley tiene directivas claras para los jueces y funcionarios judiciales que las tienen que aplicar, porque les da parámetros bien sencillos. No pueden dudar de cómo la aplican. Pero preveo una resistencia a esta reglamentación –adelanta Chiarotti–. El Poder Judicial siempre miró a las leyes de violencia con bastante resquemor porque no se adaptan a los modelos clásicos de leyes que respetan las pertinencias por temas, ya que abarcan fenómenos multicausales y muy complejos, hacen referencias a varias ramas del derecho. Eso no les gusta a los jueces y no le gusta a la Justicia. En el peor de los casos, porque es una ley de compromiso con la equidad de género y para que te entusiasme, tenés que estar formado en universidades que trabajen esta perspectiva.”

Ante esas dificultades, Chiarotti tiene una propuesta, que apunta al largo plazo en el centro neurálgico de la formación. “O se incorporan estas leyes a la academia, o vamos a seguir teniendo jueces y abogados que las ignoran. Esto no se enseña en la facultad, es urgente que en alguna materia lo incorporen. Porque el penalista dirá que no es de derecho penal, y lo mismo el civilista. La ley va a quedar boyando en el medio”, considera Chiarotti, quien pondera que la norma “también involucre al ministerio de Educación en la aplicación”.

Atenta a sus colegas, responsables de llevar adelante un aspecto crucial como es la sanción de la violencia, Chiarotti vuelve una y otra vez sobre el rol de la Universidad. “La Cedaw forma parte de la Constitución desde 1994, y en las cátedras de Constitucional se enseña toda la reforma, pero no se trabaja con esta Convención, porque queda en el anexo”, apunta. Por eso, pide una acción concreta: “Que se hagan acuerdos con la Universidad. A esto me refiero cuando hablo de políticas de estado, reunión de rectores, donde se plantee que todas las universidades del país deben enseñar... En Derecho, en Medicina... Por ejemplo, hay un artículo que involucra directamente a los profesionales de la salud. ¿En qué materia lo van a aprender, en anatomía?” De todas esas cuestiones trata el mentado cambio cultural. Desde el lunes, la Argentina cuenta con las herramientas para encararlo. Y con un plus: la propia presidenta se comprometió en esa política. “Me pareció importante que esta reglamentación se presentara con un discurso de la Presidenta”, dice Chiarotti. En ese acto, Cristina Fernández planteó que este instrumento no nació de un laboratorio, sino de la acción colectiva del movimiento de mujeres. Por eso, destacó la “profunda construcción social” que permitió la sanción de esta ley en el Congreso. “Uno puede ser instrumento de las corporaciones, o instrumento de la sociedad. Yo siempre voy a estar al lado de la sociedad”, expresó. En esa senda podrá caminar la Argentina si hay voluntad y convicción.