Teresa vive con su esposo en una pequeña casa en las afueras de Bogotá. Sus hijos se han ido hace tiempo y aunque aquel hombre con quien comparte la vida es violento con ella, Teresa siente que no puede dejarlo. Es que si vendieran su casa, el dinero no alcanzaría para comprar otra.

“Hace años que padezco la violencia por parte de mi pareja, insultos, maltratos, golpes y estallidos. Hace años que lucho contra esta situación, hoy en día casi no nos hablamos, apenas nos dirigimos la palabra. Yo vivo encerrada en mi cuarto y él en el suyo pero no podemos separarnos ...” El nombre no es el suyo, pero la historia es una que comparte con cientos de miles de mujeres que en América latina no logran escapar de sus agresores por no tener un lugar alternativo donde vivir.

Al menos eso concluyó un nuevo informe publicado por el Centro por el Derecho a la Vivienda y Contra los Desalojos (Cohre), una organización de derechos humanos con sede en Ginebra. El estudio explora las historias de decenas de mujeres en Argentina, Brasil y Colombia para quienes la falta de recursos, planes de ayuda o el acceso a un refugio significa seguir viviendo junto a sus agresores.

“La mayoría de las mujeres con las que hablamos tenían trabajos informales. Para ellas, dejar la casa significaba una incertidumbre muy grande, no tener a donde ir, dejar el trabajo, perder recursos. Ellas se preguntaban: ‘Me voy, pero ¿con qué?, ¿a dónde?, ¿cómo?’ No se oía tanto el miedo a dejar al abusador sino a lo que pasaría después”, dijo Victoria Ricciardi, autora de la investigación, en conversación con Las12.

“Muchas lo que hacen es salir, estar en lugares transitorios, con amigos, vecinos, familiares que las pueden contener, pero cuando llega el momento en el que es necesario establecer una rutina, organizar a los chicos en la escuela o buscar un trabajo, no pueden vivir de casa en casa”, explicó Ricciardi.

LOS FINES DE SEMANA

Las estadísticas son contundentes, escalofriantes. Al menos en los tres países estudiados por Cohre, la mayoría de las denuncias que los organismos oficiales reciben por violencia doméstica tienen lugar durante los fines de semana. Los sábados, domingos y feriados. Aquellos días cuando las familias están en casa.

En Colombia, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el 44,8 por ciento de las víctimas de violencia de género se encontraba realizando alguna actividad en el hogar al momento de sufrir las agresiones.

Por su parte, una encuesta reciente realizada en Brasil reveló que un 24 por ciento de las mujeres que sufren violencia –una de cada cuatro según algunos informes– no abandonan a su agresor por la falta de condiciones económicas para vivir sin él. Detrás figuran la responsabilidad en la crianza de los niños, la falta de autoestima, la vergüenza por admitir que se es agredida y la separación, entre otros motivos.

La organización con sede en Ginebra dijo que la situación en Argentina es más compleja por la falta de estadísticas actuales sobre el tema.

Pero lo que los números no pueden explicar es la realidad que viven cada una de las mujeres afectadas. “La situación se pone muy difícil, ya que vivimos todos, con mucha gente, en una gran casa, yo no podía irme. A lo sumo podía irme a otro cuarto, pero él me buscaba, yo no sabía qué hacer, teníamos un bebé recién nacido. Busqué protección en el resto de las personas de la casa, y muchas veces me iba, por un tiempo hasta que el no estuviese. Era muy difícil estar así”, relató a Cohre una mujer víctima de violencia en Porto Alegre, Brasil.

AMERICA LATINA, LA MEJOR Y LA PEOR

Parece una contradicción, pero América Latina, la región con algunos de los mayores índices de violencia doméstica del mundo, es también el lugar con la legislación más avanzada para proteger a las mujeres de aquella violencia. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, se aprobó por la Asamblea General de los Estados Americanos (OEA) en el año 1994 y establece que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. El acuerdo es el único instrumento internacional vinculante que combate la violencia de género. Ricciardi explicó que el problema que evidenciaron durante la investigación es la dificultad que enfrentan las mujeres al intentar acceder a la ayuda disponible.

EL CIRCULO DE LA VIOLENCIA

La situación es un círculo vicioso. Las mujeres abusadas viven con su agresor, en muchos casos dependen de él económicamente y sienten que del otro lado de aquella puerta, encontrar ayuda será casi imposible. El problema, según Ricciardi, es que las políticas públicas para contener y prevenir la violencia doméstica en la Argentina, Brasil y Colombia, simplemente han olvidado el aspecto de la vivienda, como parte esencial de la ayuda que las sobrevivientes necesitan.

“A veces se ve una gran distancia entre los hogares de las mujeres y el sistema. En muchos casos, los programas existen, pero las mujeres no saben que están ahí ni cómo acceder a ellos”, dijo la abogada desde su oficina. Según la experta, la mayoría de las mujeres entrevistadas dijeron que los refugios eran algo positivo pero se quejaron porque, en muchos casos, sus reglas de acceso son complicadas y fallan en dar soluciones de mediano y largo plazo. “Las personas que se encargan de los refugios nos decían que el índice de las mujeres que volvían con los abusadores era muy alto y para ellos es muy frustrante porque el refugio existe para posibilitar un camino hacia la independencia para las mujeres y, en muchos casos, volvían pero eso tiene que ver muchas veces con el mismo círculo de la violencia.”

Cohre insiste en que no es sólo la ayuda sino el tipo de ayuda que una mujer necesita para salir de aquel círculo de violencia. La nueva vivienda para alguien que sobrevive violencia familiar, según los expertos, debe ser un ámbito seguro, con servicios públicos y de comunicación eficiente y, principalmente, fácil acceso a servicios de asistencia y ayuda. “Necesitamos que los estados no sólo vean los números, la cantidad de casos, sino que les pregunten a las mujeres qué necesitan. La vinculación entre el programa estatal y la persona que lo reciba”, dijo Ricciardi.

“También necesitamos que las políticas de vivienda incluyan políticas de género, como cuotas especiales para mujeres víctimas de violencia doméstica, por ejemplo, una cuestión que priorice los programas estatales de vivienda. Nada de esto está contemplado todavía”, explicó.

Políticas claras, eficientes y responsables. Una simple receta para que las mujeres se sientan seguras donde más deberían estarlo, en sus propios hogares. ¤