En estos días, todos los oídos están posados sobre el procesamiento a Mauricio Macri por una red de escuchas ilegales y su futuro (o no) político. Sin embargo, tal vez, lo más grave no sea lo que Macri escucha sino lo que no escucha: en la Ciudad de Buenos Aires aumentó la mortalidad infantil, el embarazo adolescente (de 7 a 19 por ciento en una escalada que no logró ni el menemismo en diez años de neoliberalismo conservador) y no se aplica la Ley de Educación Sexual Integral (2156) aprobada por el Congreso Nacional, en el 2006. Y ni siquiera se lleva adelante la Ley de Educación Sexual que aprobó la legislatura porteña, por iniciativa de Ana María Suppa, Florencia Polimeni y Diego Kravetz, pero que fue aprobada gracias a la búsqueda de consenso y respaldo de Marcos Peña, el joven actual secretario general del gobierno porteño.

La falta de educación sexual, lejos de no traer consecuencias, generan un derrumbe en la prevención de embarazos precoces, la información y acceso a derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes y la falta de proyectos de vida alternativos a la maternidad y paternidad para muchos/as estudiantes porteños.

A pesar de que el macrismo está investigado por espionaje, seguramente, lo más demoledor de su gestión sigue invisible. De hecho, en la sesión del jueves 15 de julio donde sólo se hablaba y escuchaba sobre el posible juicio político al actual jefe de Gobierno porteño, se aprobó un pedido de informes que apunta al corazón del desmembramiento de las políticas sociales y sexuales que está ejerciendo el macrismo en la ciudad.

Ese día, por mayoría simple, la Legislatura porteña, aprobó un pedido de informes, presentado por el diputado local Héctor “Tito” Nenna (gremialista docente) para que el Poder Ejecutivo informe en treinta días (alrededor del 15 de agosto) por qué no se dictan en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral y la Ley 2.110 (sobre el mismo tema) de la Ciudad de Buenos Aires. También se votó a favor que estos derechos de los niños, niñas y adolescentes se efectivicen en las escuelas –de gestión estatal y privada– del ámbito de la Capital Federal.

En el pedido de informes, Nenna le pide a Macri que reparta los cuadernos de Educación Sexual Integral elaborados por el Ministerio de Educación de la Nación con estrategias pedagógicas para que los chicos y chicas sepan cómo evitar abusos sexuales, embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual. El PRO debería escuchar el pedido de Nenna: “La Ley 2110 de Educación Sexual Integral aprobada en el año 2006 obliga al gobierno de la ciudad a incorporar la enseñanza de contenidos mínimos obligatorios según la edad de los alumnos y alumnas, a proporcionar instancias de formación en servicio a los docentes y la realización de talleres y encuentros con la comunidad del sistema educativo. Sin embargo vemos con preocupación el incumplimiento de la aplicación de la Ley 2110 que se manifiesta en la reducción presupuestaria y en la posibilidad de ejecución de acciones que garanticen el derecho a recibir educación sexual integral adecuada en todos los establecimientos del sistema educativo de la ciudad”.