El abuso contra una adolescente de 15 años de General Villegas sigue cometiéndose todos los días en los tribunales de Trenque Lauquen. El expediente que investiga aquel delito, que pudo verse de celular en celular, hasta hace apenas cuatro meses, en la localidad bonaerense de 20 mil habitantes, es un compendio de las prácticas judiciales que revictimizan a quienes se atreven a denunciar agresiones sexuales. Los tres acusados, Mariano Piñero, 29 años, apodado “Papa Frita”; José María “El Potro” Narpe, 28 años, y Mario Magallanes, de 24, siguen en libertad por un recurso de eximición de prisión interpuesto en Casación. De ese modo, la chica es cada vez más vulnerable. Mientras tanto, entre los testigos que apuntan contra ella, uno prestó falso testimonio. Si bien está probada la mentira, a partir de tres declaraciones presentadas por el abogado de la víctima, no sufrió ninguna consecuencia judicial. En cambio, el juez Gerardo Palacios Córdoba considera falso lo expresado por la niña en cámara gesell, una técnica que impide las declaraciones bajo presión. Sin embargo, la perito oficial, la psicóloga Nora B. Filippa, concluye que la víctima no fabuló. Las preguntas del fiscal Fabio Arcomano refuerzan los juicios contra la víctima. Como un Quijote en medio de terreno inhóspito, el abogado Luis Tomás Correa, que representa a la familia de la chica abusada, denuncia que se dedican a investigarla a ella. Nadie entre los funcionarios judiciales responsables del caso parece recordar que su intervención debe garantizar, desde el primer momento, la protección integral de los derechos de la niña.

Durante varios días, en mayo pasado, la adolescente de 15 años que había sufrido abuso sexual en General Villegas estuvo en boca de todo el país, por el poder multiplicador de la televisión llamada nacional. Con todos los matices del caso, no hubo periodistas en la Capital Federal que se atrevieran a hacer suyos los argumentos que sí se escuchaban en el pueblo para inculpar a la víctima por la conducta de los abusadores, tres adultos que se mostraban jocosos en el celular mientras mantenían relaciones sexuales con una niña de entonces 14. La violencia era palpable, la víctima declaró que había actuado bajo coerción, porque no pudo negarse. El artículo 119 del Código Penal, que plantea una pena de 8 a 20 años de prisión para abuso sexual, depende de los agravantes. Uno de ellos está establecido en el inciso D: “Dos o más personas o con uso de armas”. Pero desde el principio el juez mostró sus prejuicios al caratular la causa como corrupción de menores y distribución de pornografía, dos delitos excarcelables. Para Palacios Córdoba no hubo violación agravada, como pedía el abogado de la querella e incluso el fiscal. Aun así, el juez rechazó el pedido de eximición de prisión, cuando el caso se hizo público. La posible prisión para los abusadores derivó en mayo en una insólita marcha de unas 250 personas en la plaza de General Villegas, donde las esposas de los abusadores defendieron su “tranquilidad”, la permanencia de los hombres en casa, culpando a la chica. Las detenciones no se produjeron. “Nunca perdieron el estado de libertad. En este momento, el recurso interpuesto por la defensa para apelar las detenciones está en Casación, que recién lo están analizando. Si lo deniegan, la prisión será efectiva”, dice Correa, consciente de que la mayoría de los habitantes de Villegas está más preocupado por su status quo que por la niña.

Una vez que el tema salió de la agenda mediática, el trámite judicial siguió su curso. Y el sexismo, una vez más, hizo de las suyas en los Tribunales. La presentación de testigos destinados a descalificar y revertir la acusación, sobre la niña de 15 años, fue una estrategia de la defensa, que no desmontaron el fiscal ni el juez. “En este momento, toda la actividad judicial está referida a investigar la vida privada de la menor, con preguntas que van más allá de lo obsceno. El fiscal lo refuerza con las preguntas a los testigos, que llegan con un libreto totalmente difamatorio, lo que me llevó a decir en una audiencia que estamos frente a gente sin escrúpulos que quiere difamar a la menor sin aportar a la causa. Con esa idea, hemos denunciado a los principales testigos. Uno de ellos nombró a tres personas, que se encargaron de desvirtuarlo”, dice el abogado de la víctima, sumido en la indignación.

Aunque los prejuicios no sean nuevos, ni exclusivos de los agentes judiciales de Trenque Lauquen, la actuación resulta revictimizante. En su libro Abuso sexual infantil, ¿denunciar o silenciar?, el juez Carlos Alberto Rozanski hace una didáctica comparación: “El trato que suele darse a las mujeres (adultas y niñas) víctimas de agresiones sexuales difiere notoriamente de la que se dispensa a quien ha sufrido un robo o una estafa. Los mitos y prejuicios de género actúan tanto a la hora de disponer medidas como en el momento concreto del juicio oral. Así, a ninguna víctima de robo se le pregunta si ‘sacudía la muñeca exhibiendo provocativamente el reloj que le fuera sustraído’, mientras que en casos de delitos sexuales se alude con frecuencia a una posible provocación por parte de la víctima”.

Acorde con esos prejuicios se tramita la causa. Correa enumera una larga nómina de situaciones que, a su juicio, son irregulares. “El juez desvirtuó los dichos de la menor, y no encuentra que haya habido violación. Por eso apelamos, porque el que planteó el juez es un delito excarcelable, al desestimar la violación agravada”, expresó el abogado.

Lo más indignante, para el profesional, es que “Palacios Córdoba los acusa de delitos que son totalmente insuficientes. Por dos razones: primero porque se desvirtuaron los dichos de la menor en cámara gesell, donde ella hace afirma que no se pudo retirar del lugar. El magistrado no le da crédito a esa palabra, no la considera”, argumenta.

En el auto de procesamiento, el juez dice, textualmente: “Cabe expresar al respecto (viene hablando de la violación) que el sentimiento de temor manifestado por la menor en la audiencia prevista en el artículo 102 bis, que le impidió resistirse del obrar de los imputados, se desvirtúa, vale decir, no se advierte al constatarlos con su declaración tomada en su conjunto y con el video obrante al folio 4, por lo tanto no encuentra acreditado en este primer acercamiento procesal los medios comisivos de violencia y amenazas necesarios para configurar el tipo penal del delito en análisis”.

Pero tres días después de la declaración de la niña, el 12 de mayo pasado, el informe psicológico firmado por Nora B. Filippa estableció que no hubo ninguna mentira, que la víctima dijo la verdad cuando expresó que “no tenía salida”. La profesional firmó un informe que afirma: “No se detectaron en esta evaluación indicadores de simulación ni de fabulación en la menor”. Por eso, Correa se indigna. “Para desvirtuar la declaración de la niña, el juez tiene que llevar un fundamento psicológico o científico, lo contrario es simplemente un pálpito o un prejuzgamiento totalmente fuera de la ley”, asevera.

Lo más doloroso entre todos los dolores que provoca la caja de pandora abierta en mayo en ese pueblo sumido en la abundancia es el desfile de los testigos que se ocupan de descalificar a la víctima. Incluso, a partir de una de las declaraciones, hay en curso una nueva denuncia de violación. “Uno de los que se presentó se quiso pasar de sabihondo, y dijo que la niña, cuando tenía 12 años, había sufrido un episodio similar. Como la violación es un delito de instancia privada, los padres hicieron la denuncia”, cuenta Correa, quien evitó detalles sobre los testimonios lesivos a la niña para no amplificar la difamación. “Han querido lesionar a la menor, ahora tendrán que demostrarlo judicialmente”, enfatiza.

En la misma línea, hace más de un mes que Correa denunció por falso testimonio a un testigo. “Para manifestar ciertas actitudes de la menor, este hombre nombró a tres personas, yo las cité y le pregunté si habían visto lo que narraba el testigo, y me dijeron que no, que algunos ni siquiera conocían a la chica, no la habían visto nunca. Pese a que las declaraciones están hechas en la misma fiscalía, mi denuncia no fue agregada al expediente”, agrega el abogado, quien subraya además que todos estos testigos fueron propuestos por el abogado defensor de los abusadores. “Y la fiscalía en algunos momentos insiste en preguntas que no conducen absolutamente a nada más que a difamar a la menor”, apunta.

La adolescente sigue yendo a la escuela, donde todos la reconocen como una buena alumna. Cuenta con apoyo psicológico pero, basado en sus conversaciones con los padres, Correa descree de su eficacia: “A veces no se sabe si la revictimiza”. La pesadilla que comenzó con el abuso, pero no parece detenerse, deteriora la vida cotidiana de esta familia de clase media baja, con cinco hijos, que debió alquilar la pizzería que les daba sustento. “La familia se está destruyendo psicológicamente. No puede ser que cualquiera vaya ante el juez y diga cualquier cosa, obscenidades”, describe Correa. El abogado no se engaña. Sabe que lo peor lo viven en la calle, día a día. “La gravedad de todo esto es que el ambiente sigue inculpando a la menor. Porque del delito no se habla, aunque sea lamentable. Sólo se habla de la víctima”.