El aborto no es sólo un problema de las mujeres, sino de toda la sociedad. Como varones y ciudadanos comprometidos con la defensa de los derechos humanos asumimos que el cuerpo de todas las personas es el primer espacio en el cual esos derechos se ejercen. El tema de la legalización del aborto evoca convicciones fuertes y variadas que comprenden la responsabilidad social, la inequidad de género que afecta gravemente a las mujeres, la situación económica y las estadísticas que nos muestran que la prohibición del aborto continúa provocando muerte y desolación.

Esta situación nos llama a buscar, construir y proponer nuevos caminos que pongan fin a tal mortalidad relacionada con abortos realizados en la clandestinidad y que coloca a las ciudadanas de nuestra provincia (Chaco) en situación de vulnerabilidad.

Hay un discurso muy fuerte, desde distintos sectores, que intentan reducir el debate sobre el aborto a una cuestión religiosa, a un delito o a un capricho del “feminismo”.

Las mujeres, niñas y jóvenes que llegan a optar por interrumpir voluntariamente un embarazo, pueden ser nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras novias, nuestras amigas, nuestras compañeras de trabajo o nuestras vecinas.

Las que tienen dinero interrumpen su embarazo en condiciones sanitarias adecuadas, las que no tienen el dinero, lo hacen expuestas a condiciones que las llevan a engrosar las listas de miles de mujeres hospitalizadas o en una de las 100 mujeres que mueren por año en nuestro país por un aborto clandestino mal practicado.

Entendemos que el problema no es religioso, la mayoría de las 500.000 mujeres que se practican un aborto son católicas, evangélicas, judías o profesan algún credo, también lo fueron aquellas que murieron por esta causa.

Que se legalice el aborto, no implica que todas las mujeres vayan a abortar. La legalización permitiría que aquella mujer que necesite interrumpir su embarazo pueda hacerlo en condiciones de salud seguras.

Uno de los principales obstáculos en nuestro país para avanzar a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo es el poder económico de un negocio ilegal organizado que mueve muchos millones de pesos por año.

Como varones reconocemos que la penalización del aborto hace que los derechos a la libertad y a la dignidad de las mujeres se encuentren cercenados en nuestro país. Por eso coincidimos con las recomendaciones de Amnistía Internacional y con la decisión de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Comahue, que se manifestaron a favor de la despenalización del aborto.

Por eso, exigimos que el Estado garantice y lleve adelante el cumplimiento de la Educación Sexual Integral en las instituciones educativas, que haya libre acceso a anticonceptivos para todas las personas y que se legalice el aborto.

Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto legal seguro y gratuito para no morir.

* Alfredo Zurita, médico cirujano y especialista en Salud Pública; Raúl Gleim, pastor Iglesia Evangélica Luterana Unida; Marcelo Salgado, coordinador provincial del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci); Marcelo Tissembaum, periodista; Luis Argañarás, docente, dramaturgo y poeta; José Luis Bres Palacios, docente y periodista; Bruno Martínez, periodista; Brian Pellegrini, periodista; Gabriel Gamarra, presidente de Unidos X la Diversidad; Severo Rannis, médico; Renzo Osuna, militante de derechos humanos; Juan Pablo Aguilar, estudiante; Darío Edgardo Gómez, delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Hugo Wingeyer, docente universitario; Cristina Gaczynski, abogada; Rircardo Maidana, ingeniero y militante LGTB; César Abel Gómez, sociólogo; Mario Ramírez, presidente Biblioteca Popular Rivadavia; Ramón Vargas, geólogo, secretario de la Fundación Encuentro por la Vida; Héctor Benítez, docente; y Roberto César Dri, profesor en Filosofía.