El macrismo no dio uno sino varios pasos atrás en salud sexual y reproductiva. Lejos quedó la ciudad pionera en legislar sobre educación sexual, el reparto gratuito de anticonceptivos y las uniones homosexuales. Ahora, en cambio, todos los logros se diluyen y apenas se atajan los retrocesos. Los anticonceptivos y preservativos se compran sólo porque una vieja ley de cuando todavía existía el Concejo Deliberante obliga a gastar el primer millón de recaudación del bingo en esos insumos. Pero no se invierte nada más –y aun así con reticencias– que lo que la ley obliga al PRO, que no incluye en su Hacer el cuidar a las mujeres.

Por un lado, en la Legislatura porteña el macrismo dilató una reunión –que debía realizarse el miércoles pasado– en la Comisión de Justicia para –simplemente– reglamentar los abortos no punibles, que ya están contemplados en el Código Penal, ya están reglamentados en otros distritos –como la provincia de Buenos Aires y Chubut– y ya tiene un protocolo de atención en el Ministerio de Salud.

Sin embargo, no sólo facilitar –y no obstruir el derecho de las mujeres a acceder a su derecho– los abortos contemplados en la ley no es aprobado, sino tampoco tratado en comisión, por los palos en la rueda de la gestión del divorciado Mauricio Macri a punto de volverse a casar –cumple con los mandatos de la Iglesia en lo que el cuerpo no le compete, y en lo que le compete hace lo que quiere.

Con este panorama, es difícil que este año 2010 se apruebe la reglamentación del aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar del acuerdo de un gran sector de la oposición que va desde Diana Maffía (Coalición Cívica) hasta Juan Cabandié (Frente para la Victoria).

Pero no es lo único. Ni sólo que el macrismo quiere mirar para otro lado sobre el aborto, pero sí colaborar en políticas para prevenir embarazos no planificados. Por el contrario, está desmantelando el Programa de Salud Sexual y Reproductiva. No aplica la Ley de Educación Sexual Integral –aprobada por sus diputados cuando eran mayoría en la Legislatura– en las escuelas. Y la desatención en prevención sobre los y las adolescentes generó que en los sectores más vulnerables –que se atienden en el sector público– el embarazo adolescente creciera del 7 al 19 por ciento en el último año, según denuncia la diputada María Elena Naddeo.

Por todo esto, la Fundación Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) presentó un amparo para que el gobierno porteño difunda las prestaciones realizadas durante el 2007, el 2008 y el 2009 por el Programa de Salud Sexual y Reproductiva. La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario Amanda Liberatori dio lugar al amparo y ordenó –en un fallo del 30 de septiembre– que el Ministerio de Salud haga pública esa información. Pero el macrismo –otra vez– no cumplió.

“Los datos sobre compra de anticonceptivos y otros ítems no pudieron ser suministrados porque el Ministerio de Salud porteño no los tiene”, denunció la médica Mabel Bianco, presidenta de FEIM. Y alertó: “No contar con información estadística desde el año 2007 ni con personal para realizar esta tarea es alarmante, porque así es imposible planificar adecuadamente y menos aún monitorear las acciones”.