Silvina Mehaudy, María Laura Córdoba, Carla Daniela Di Benedetto, Melisa Marisol Velásquez, Mirta Alvarez, Carolina Ruiz Díaz, Ivana Correa son algunos de los nombres de las mujeres asesinadas en el poco tiempo que lleva el 2011. Mientras que el año pasado aumentaron un 12 por ciento los crímenes de mujeres con respecto al 2009, según el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano. A veces, muchas más veces, ni siquiera la muerte sucede como una noticia o una confirmación del daño inexorable. En enero de este año 657 personas (el 78 por ciento mujeres y gran parte de los varones, niños o adolescentes) se acercaron a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para denunciar violencia física, psicológica, sexual o económica.

Las 675 personas tienen historias de dolor, silencio, rechazos y desesperanzas. Las 675 personas son el doble que las 375 que habían ido en enero del 2010 a intentar frenar los insultos o los golpes. El crecimiento no es aislado y ya no se puede sólo atribuir a un empuje de mayor información que predispone a denunciar ahora lo que antes se callaba. En dos años, en el organismo –dependiente del máximo tribunal argentino– crecieron un 75 por ciento las denuncias. No sólo es la violencia que se escondía debajo de la alfombra. También es un crecimiento de la violencia como respuesta a la mayor independencia de las mujeres, que se traduce en un neomachismo.

Frente a esta realidad, la diputada Cecilia Merchán (del Movimiento Libres del Sur) propone incorporar la figura de femicidio al Código Penal. La reforma se haría –según el proyecto ya terminado– al artículo 80, que impondría la prisión o reclusión perpetua a un femicida y consideraría un agravante del asesinato “a una mujer mediante violencia de género, cuando ésta fuere ejercida por un hombre”.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) define al femicidio como el ‘homicidio de una mujer por razón de su género’ y es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres: es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. El término es político e implica la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista”, explica Merchán en sus fundamentos. “La muerte dolosa de la mujer por el simple hecho de ser mujer no constituye en nuestro actual ordenamiento jurídico una figura específica diferente a la del homicidio, por ello proponemos la expresa incorporación del femicidio como delito penal autónomo, porque la realidad demuestra que las mujeres sufren múltiples ataques en los que se denota un desprecio absoluto a ellas por el hecho de ser mujeres”, subraya.

La Presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Nina Brugo Marcó, coincide con esta idea: “La violencia de género ya constituye un problema social. Por lo tanto, debe figurar en el Código Penal. Si bien es cierto que todo agravamiento de las penas no disminuye el delito, sí implica comenzar a estudiarlos como crímenes por género. Igualmente, la prevención debería constituir una política de Estado, pero todavía no lo es en nuestro país. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Mujer hoy ocupa un cuarto nivel en el Ministerio de Desarrollo Social, así que la aplicación de la Ley 26.485 –que trata de erradicar y prevenir la violencia de género– es todavía una deuda de la democracia”.

La necesidad de frenar la violencia de género tiene consenso. Pero hay distintos puntos de vista sobre si el cambio de leyes puede ayudar. “Yo soy feminista, pero tengo visión de derecho penal mínimo, que implica que cuanto menos se metan los dedos en el Código Penal, mejor. La principal solución pasa por que haya educación sexual en las escuelas y campañas de sensibilización”, apunta la diputada porteña María José Lubertino.

Aunque ella –que es abogada y ex directora del Inadi– también propone: “Sí creo que habría que incluir como agravante no sólo que el asesino sea un cónyuge sino también a las parejas, ex parejas o novios.” Y apunta a otra posibilidad, hasta ahora, desaprovechada: “En la ley antidiscriminación el artículo 3 agrava cualquier delito cuando existe discriminación. Y esta norma debería ser utilizada para calificar los homicidios en casos de femicidios. Pero los jueces la interpretan de manera restrictiva y no la aplican. Lo importante es que haya prevención del delito y se corte con la sensación de impunidad”.

Merchan, sin embargo, sí considera que modificar esta norma puede modificar las conductas sociales: “Algunos sostienen que no es necesario incluir la figura de femicidio en el Código Penal y que ya existen herramientas legales para condenar al homicida. Pero si bien el homicidio está penado e incluso agravado por vínculo, es necesario reforzar el mensaje a la sociedad y, en particular, a la Justicia: debe quedar claro que el asesinato de una mujer en manos de un hombre por violencia sexista es otro delito, susceptible de recibir la pena máxima –remarca–. Y decirles a los jueces que no pueden mirar más al costado”.