Encontrar un jardín maternal para dejar a un bebé e ir a trabajar es una misión imposible en la Capital Federal. Y encontrar vacantes en los jardines de infantes una misión muuuuuuuuy difícil, casi imposible. Pero ahora eso podría dar un giro. “Realmente va a cambiar la vida cotidiana de las madres”, anuncia un miembro del poder judicial que prefiere reservar su identidad, en base a un acuerdo, firmado en tribunales para construir y mejorar los espacios educativos para bebes, niños y niñas.

El Tribunal Superior de Justicia promovió, el 15 de febrero pasado, un acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que, desde el 2006, reclama en tribunales por la falta de vacantes en el nivel inicial de la educación pública porteña. Según el acta; avalada por el ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, y la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, se tienen que crear seis mil vacantes para niños y niñas desde cuarenta y cinco días hasta cinco años para el 2012.

El compromiso es bueno, pero la gran pregunta es si se cumplirá. “Esto no es el 82 por ciento móvil para los jubilados, esto sí se puede llevar a cabo”, subraya una fuente judicial que dialogó en exclusiva con Las/12 a raíz del histórico acuerdo para promover jardines maternales y de infantes.

El acta no se va a homologar –un detalle técnico que tiende a consolidar las iniciativas de este tipo– porque prevalece el criterio de generar un mayor compromiso de parte del gobierno porteño (que no podría pasar por ese filtro técnico-jurídico) a reducir las metas a cumplir con tal de contar con ese sello final. “No podríamos homologar una mesa de discusión porque nadie puede arriar a las personas a hablar. Por eso, preferimos no homologar el acuerdo, pero sí asegurar que no sea un proyecto mínimo sino que implique un compromiso amplio y sólido para ser cumplido efectivamente”, explican en tribunales.

¿Y si el macrismo incumple con el plan de obras previsto (que se tienen que detallar antes del 31 de marzo del 2011) ya que, como anuncian desde la oposición, todavía no tiene presupuesto para generar nuevas obras en educación inicial? “El conflicto se termina si el acuerdo se cumple plenamente, pero si no se comienza todo el proceso de nuevo”, argumenta una de las personas que formó parte de la negociación.

En principio se va a intentar dar vacantes a todos los chicos y chicas que quieran ir al jardín de infantes, pero los que no tengan lugar podrán ser trasladados en micros a establecimientos con vacantes. Los alumnos/as de cinco años tendrán que tener asignado un medio de transporte en marzo (en general van del sur al norte de la ciudad) y los demás, como mucho, en abril de este año.

Mientras que los que no encuentren lugar en jardines de infantes podrán concurrir a espacios solventados por el Ministerio de Desarrollo Social, una medida cuestionada ya que no se trata de establecimientos educativos sino sociales que pueden generar diferencias entre los niños/as de distintos sectores sociales de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, está determinado que las entidades sociales implementen planes pedagógicos y didácticos fijados desde la cartera educativa para disminuir las diferencias.

Además, con perspectiva de género, se hará hincapié en un plan para que las alumnas madres puedan seguir estudiando y contar con guarderías en los colegios, una medida fundamental para que el embarazo adolescente no implique el final de los proyectos de vida de las estudiantes. La intervención judicial fue necesaria porque el macrismo cerró espacios que se habían construido en las escuelas medias para que las alumnas pudieran ir a clases con sus hijos. Por eso, en este acuerdo, se comprometen a reabrir inmediatamente las salas pertenecientes al programa de “Retención escolar de alumnas madres, embarazadas y padres”.

Además, se va a crear una mesa bimestral de trabajo para monitorear la puesta en práctica de este proyecto entre el Ministerio de Educación porteño, ACIJ, la Asesoría General Tutelar y la Defensoría del Pueblo. La próxima reunión ya está agendada: el 20 de marzo. En esa fecha, el PRO va a tener que informar sobre el avance de las obras iniciadas y el presupuesto destinado a construir más espacios para que los y las más chiquitos/as jueguen y aprendan y sus mamás puedan trabajar, buscar trabajo o estudiar.

El macrismo también se comprometió a agilizar los trámites para pedir vacantes en jardines maternales y de infantes (que es un tema que no ocupa lugar en los medios de comunicación pero que desvela a las mamás que tienen que dejar a sus hijos e hijas solos, a cargo de empleadas o pagar fortunas en instituciones privadas) y a informatizar el sistema de pedidos de ir a pintar y jugar en las escuelas donde todavía se gatea y se duerme la siesta.

Hasta ahora se sabe –fehacientemente– que 6091 niños y niñas no tienen lugar en el nivel inicial de la Ciudad de Buenos Aires. Pero pueden ser más. Y en ese caso habrá que hacerle lugar a todos y todas, ya que los chicos/as excluidos tienen los mismos derechos de acceso a educación y juegos que los que sí tienen un lugar en el sistema público o privado. Aunque tanto los gremios docentes como María José Lubertino autora de una iniciativa para que haya acceso global a jardines maternales desconfían de la ejecución del plan por parte del macrismo.

Otro punto polémico es qué va a pasar con las internas del macrismo, ya que desde Educación y Desarrollo Social pueden impulsar la construcción de más jardines, pero en Economía u otros sectores más ortodoxos y liberales no quieren invertir en educación inicial. De hecho, en el actual presupuesto no figura esta deuda pendiente.

Sin embargo, los fondos tendrían que estar para que el acta empiece a ejecutarse este año. Y en el 2012 ya tendría que figurar en el presupuesto y tener las seis mil sillitas para leer libros, ver títeres y tomar la leche preparados para los chicos y chicas.

Por lo pronto, el acta firmada por el Tribunal Superior de Justicia es un compromiso escrito y sellado que no debería tener marcha atrás. “Confiamos en que esta es la mejor forma de que mejore la vida de las madres”, dicen desde la justicia. Y las mujeres que viven con sus chicos/as a upa pero necesitan trabajar para vivir necesitan poder pasar de brazos a sus hijos/as sin que el Estado siga mirando para otro lado.