Vie 11.03.2011
las12

PERFILES

La inseguridad sin fronteras

› Por Roxana Sandá

Cuál será la lógica de un país al disponer que muchachas de 20 años puedan convertirse en jefas de comisarías. Aún más, cómo se le desmecha la punta al ovillo si esas muchachas deben regir en estados donde las redes de narcotráfico y prostitución son emblema cotidiano. De este absurdo acaba de escapar Marisol Valles García, una estudiante de criminología que en octubre último aceptó el cargo de jefa de policía de Práxedis G. Guerrero, pequeño municipio cercano a Ciudad Juárez, rozando la frontera con Texas. Sus familiares sostienen que no soportó la tormenta de amenazas que cayeron sobre ella y su bebé de un año. La fiscalía de Chihuahua informó que Valles García pidió asilo en los Estados Unidos, “asustada por las continuas amenazas del crimen organizado”. Los funcionarios municipales, como suelen comunicar en cada uno de los hechos que envuelven a estos territorios, minimizaron la situación aduciendo que la jefa de policía solicitó una licencia para cuidar a su hijo. Ella optó por el silencio, evidente moneda de cambio para sobrevivir.

La inseguridad institucional de México es tozuda con sus habitantes y encarnizada con las mujeres. Mueren por miles cada año a manos de proxenetas, narcos, sicarios, todos nombres del poder que escogen cuerpos para disciplinar o escarmentar a las vivas o destruir a las que desafiaron el sistema en un entramado de violaciones y torturas. Pero porque son parte de ese mismo infierno que construyen es que no se atreven a desfilar por la misma cornisa. Ningún hombre de Práxedis, 3400 habitantes en pleno valle de Juárez, se animó a hacerse cargo de la seguridad pública y mucho menos a manejar diecinueve policías, nueve de ellos mujeres. Las elecciones en otras cinco ciudades de la región se declararon desiertas porque no hubo candidato que se animara a inscribirse. A Marisol la empujaron al puesto un puñado de detalles vitales: sed de justicia que a sus 20 años todavía acariciaba con romanticismo, alimentar una carrera que le abriera paso en un universo de machismo recalcitrante y procurar la independencia económica que le permitiera vivir sin soga al cuello para criar a su hijo. Ilusa, el día de su asunción anunció que no portaría armas pero que llegaba para cambiar las cosas. “Aquí toda la gente tiene miedo, pero vamos a cambiar ese miedo por seguridad”, gritó sobre el escenario de un pueblo que nunca dejó de observarla alucinado.

Se estima que el semblante empezó a cambiarle un mes después, cuando despertó con la noticia de que un comando de sicarios emboscó y ejecutó a tiros a Hermila García, la directora de Seguridad Pública de Meoqui, también en Chihuahua. Se le despejaron las dudas a fines de diciembre, con la desaparición de Erika Gándara, la única agente de policía del municipio de Guadalupe, en la línea fronteriza con los Estados Unidos. Todo un vecindario presenció el momento en que un grupo de delincuentes entró en la casa de la mujer y se la llevó en andas. Tenía 18 años y escaso respeto al miedo, aunque la sobresaltaran las muertes de algunos compañeros y hasta el asesinato del alcalde.

Jorge González Nicolás, fiscal de Chihuahua, asegura que por estas horas Valles García pisa territorio norteamericano. El hombre confirmó que la jefa de policía “recibió amenazas y eso justificó que se retirara a los Estados Unidos”, aunque no halló predicciones posibles para el futuro de otras dos amas de casa que dirigen comisarías en poblados aledaños de Ciudad Juárez. Verónica Ríos Ontiveros fue elegida por la Presidencia Seccional de Samalayuca, al sur de Ciudad Juárez. La otra, Olga Herrera Castillo, de 43 años, dijo que Villa Luz, el territorio que le toca proteger, “de repente me da miedo, pero me animan y se me quita”. Como tiene cinco hijos, prefiere no leer las noticias que dan por sanguinario al sicario más joven del estado de Morelos, un niño de 12 años que asesina para el cartel del Pacífico Sur. Las cifras oficiales contaron más de 28.000 personas muertas como resultado del ajuste de cuentas entre carteles de droga o en operativos contra el crimen del gobierno federal. El registro de mayor violencia sigue volcándose sobre las mujeres de Juárez.

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