Una nena de 12 años violada fue a un hospital público el viernes 1º de abril y en el hospital público fue nuevamente violada. Desde el 2000 que existe el protocolo oficial 334/2000 de la Ciudad de Buenos Aires (para todos los centros asistenciales porteños) que obliga a darle a una paciente que sufrió violencia sexual anticoncepción de emergencia (para que no se embarace), antibióticos (para prevenir enfermedades de transmisión sexual) y tratamientos antirretrovirales (para evitar el VIH). Sin embargo, hace apenas una semana, la norma no se cumplió. “Decidieron no darle anticoncepción de emergencia por la ideología de quienes la atendieron. Es algo muy grave y vamos a averiguar qué paso porque es un delito”, denuncia la médica Diana Galimberti, directora del Hospital Teodoro Alvarez, autodeclarado amigable contra la violencia de género. Allí intentan retener a las víctimas de violencia para que atiendan no solamente sus lesiones, sino también su problema de fondo. Además, a partir de este año y con la gestión de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuentan con un grupo de tratamiento para hombres violentos coordinado por el psicólogo Mario Payarola.

Galimberti recalcó: “El tratamiento es básico y no le pasa nada a ninguna mujer por tomarlo, pero sí le puede pasar algo por no tomarlo. Puede haber un médico que se abstenga de recetar anticoncepción de emergencia por objeción de conciencia, pero siempre tiene que haber otro profesional que cumpla con la ley y con el derecho de la adolescente”. Por eso, el problema no es la falta de leyes que generen derechos, sino la falta de supervisión para que esas leyes se cumplan. “No hay monitoreos para ver qué se está haciendo. El que quiere cumple con el protocolo y el que no quiere no lo hace cumplir.”

“Nos falta, pero hemos avanzado mucho para que las mujeres vivan una vida plena”, señaló Paula Ferro, directora del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable en el cierre del seminario internacional Salud Sexual y Reproductiva, Derechos Humanos y Perspectiva de Género. Avances y Desafíos”, realizado el 5 de abril, en la Cancillería, con el auspicio de la Embajada de España en Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud, en donde se compartieron estas experiencias y puntos de vistas .

En el seminario se presentó el “Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género”, realizado por el Ministerio de Sanidad español, en el 2007, y en el que se considera tanto a los golpes como a la indiferencia o los insultos problemas de salud pública y a los hospitales como lugares donde se puede detectar el problema y prevenir que se siga hiriendo a una mujer.

En la Argentina no hay un sistema similar (existen proyectos aislados como una ley en Chaco) y todavía hay que lidiar con muchas resistencias, aunque se intenta seguir por el camino de frenar la violencia en distintos frentes. “Los médicos decían que no era un tema de ellos sino del servicio social y de salud mental; los ginecólogos argumentaban que estaban para operar cáncer de cuellos de útero y los obstetras que se tenían que dedicar a casos de emergencia. Sin embargo, logramos empezar a trabajar con las situaciones de violencia. Y no sólo de mujeres sino, también, de adultos mayores y, especialmente, de personas que vienen de geriátricos que llegan muy castigados o de padres o madres que son castigadas por sus hijos para quedarse con sus bienes. Nosotros trabajamos sobre la violencia, pero –en algunos servicios– todavía no hemos conseguido que a un adulto mayor (que tiene muchos días en la cama del hospital) se le pregunte si alguno lo maltrató”, remarca Galimberti.

Con la valentía de empujar nuevos paradigmas y de correr los velos de las burocracias añejas, cómodas o conservadoras, la médica continúa con la pelea cuerpo a cuerpo con y desde el sistema de salud. “Yo dije que no les recomendaba más a las mujeres que denuncien una violación hasta que no se garantice que no pasen por mil manos (los médicos, los policías, los forenses, etc.) –subraya la directora del Hospital Alvarez–. Por eso, nos reunimos con la jueza Carmen Argibay –directora de la Oficina de la Mujer del máximo tribunal– y sacamos un protocolo común para las situaciones de violencia sexual. Consideramos que este paso ya es un éxito para evitar la revictimización de las mujeres. ¿Pero qué pasa ahora? Los fiscales no leyeron el protocolo y no lo aplican. Sabemos que estamos caminando el camino correcto y que estamos capacitando para que se aplique, pero siempre hay que estar atentas a la práctica concreta en el sistema de salud y en el sistema judicial.”

No es a lo único que hay que estar atentas. A veces, se olvida el llamado al ginecólogo. No hay turnos. No hay tiempo de ocuparse de algo que no sea una urgencia. Da vergüenza estar abierta de piernas delante de varones que parecen no entender la necesidad de intimidad. Hay veces que la vez de cuidarse y hacerse un PAP no llega nunca o llega tarde. Por eso, todavía, se diagnostican tres mil casos de cáncer de cuello de útero cada año en el país. Pero no se trata sólo de una cifra que logra reducirse (por falta de prioridad en la agenda política, sanitaria y mediática) sino que además está cruzada por la desigualdad.

La médica Silvina Arrosi, coordinadora Nacional del Programa de Prevención del Cáncer Cervicouterino del Ministerio de Salud de la Nación, advierte: “La mortalidad del Norte es cuatro veces más alta que la de Buenos Aires. En el Norte estamos a niveles similares a los de la India y en Capital en un estándar comparable al de los países europeos. El cáncer cérvico uterino es el que expresa con mayor crudeza las inequidades porque es el único que se puede evitar de una manera sencilla y, sin embargo, son las mujeres pobres las que sufren esta enfermedad”.

De hecho, en una investigación, detectaron que las mujeres que no acceden al PAP no tienen instrucción escolar o apenas cursaron la primaria, son pobres, no tienen pareja estable, no poseen cobertura de salud y no usan un anticonceptivo regularmente.

Por eso, desde el relanzamiento del programa, en el 2008, el foco se puso en las provincias más críticas: Salta, Formosa, Jujuy, Chaco y Misiones.

Arrosi no les echa la culpa a las que no se hacen un PAP sino a los centros de salud que no convocan o expulsan a las pacientes. “Es difícil para las mujeres franquear la mala atención”, reconoce. Y explica algunas estrategias. Por ejemplo, en Chaco (donde hay muchas obstétricas o parteras) son ellas las que realizan este estudio y no los médicos. En principio, para aprovechar los recursos humanos y ser más expeditivos. Pero, además, porque a muchas pacientes les da vergüenza que un varón las observe desnudas. Otro punto fue intentar generar horarios de atención adaptados a la vida de las mujeres con cincuenta consultorios de demanda espontánea (sólo en esa provincia) y desterrar el mito de que las mujeres que ya no están en edad fértil o que son lesbianas o bisexuales no necesitan realizarse ese estudio. En definitiva, Arrosi resalta: “El sistema de salud se tiene que adaptar a la mujer y no a la inversa”.

Al final del seminario, Virginia Fraganillo resumió: “Si la política no es transformadora no es. Por eso, se necesita un movimiento de mujeres y una sociedad civil activa para terminar con las deudas pendientes de la desigualdad y la pobreza”.

* Más información: Línea Salud Sexual: 0800-222-3444 (las llamadas son confidenciales, gratuitas y para todo el país).