¿Cómo, por qué y contra quién se produce el ejercicio de la violencia policial? ¿Cuáles son las condiciones de legalidad/ilegalidad que establece la policía con aquellos que viven en el terreno de la informalidad? ¿Cómo funcionan los controles en los barrios populares? En gran medida, los trabajos de investigación que realizan las antropólogas Sofía Tiscornia y María Victoria Pita desde el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires en el Equipo de Antropología Política y Jurídica, responde –entre muchos otros temas– a estas cuestiones.

Ambas sostienen que el análisis de la violencia e inseguridad en los barrios pobres debe partir de las condiciones y las relaciones sociales y de poder en las que está inmersa esta población. Grupos sociales atravesados por relaciones de desigualdad donde hay una circulación y una distribución desigual de la violencia y del castigo penal. Y donde no hay fronteras claras y definidas entre lo legal y lo ilegal.

“Todo lo que es el mercado de la informalidad –comienza Tiscornia–, del que viven grandes sectores populares y medios en nuestro país (que va desde La Salada, la venta de CD truchos, o la venta de seguridad en los negocios de un barrio, hasta la circulación de armas) puede tener una cara de cierta legalidad social pero también abre el campo de la ilegalidad ejercida contra ellos. Y la ilegalidad es, en todo caso, lo que convierte a estas personas en blancos fáciles de la policía y también de la persecución penal.”

–¿Cómo se mete la violencia en estos terrenos?

Sofía Tiscornia: –Se mete porque se arman estas otras formas de relaciones que, en general, están más vinculadas con relaciones violentas, en donde los territorios o las mercaderías –o la posibilidad de acceder a esos mercados– se logra a través de relaciones en las que está latente –cuando no explícita– el uso de la fuerza. Ya sea por la protección policial, de punteros políticos, de grupos barriales que sostienen el dominio de una actividad ilegal a través del amedrentamiento de otros, y estos pueden ser distintos mercados: la circulación de droga, prostitución, acceso a la vivienda, etc. Entonces ahí las condiciones de vida son mucho más inseguras y son mucho más violentas.

María Victoria Pita: –Como son relaciones atravesadas por la violencia, muchas veces la legalidad funciona como amenaza. Esto es: ante vendedores ambulantes o ante chicos que paran en la esquina, la policía impone condiciones bajo la amenaza de que si no hacen las cosas como ellos quieren, serán detenidos aplicando distintas figuras penales, tales como la detención por averiguación de identidad, contravenciones, edictos en las provincias, resistencia a la autoridad, etc. Ahí hay una administración ilegal de la autoridad, y el lugar de la legalidad funciona como amenaza. Se los amenaza, se les pide que paguen un canon, que se presten a ciertas otras tareas que les pueden ser exigidas, porque si no impera la ley.

–Y esto puede provocar violencia...

S. T.: –O no, porque no todos los chicos ni todos los jóvenes reaccionan de la misma manera frente a estas condiciones. Pero sin duda, son estas condiciones las que favorecen notablemente la producción de víctimas y de muertes. Porque lo cierto es que hay un uso discrecional y arbitrario de las normas policiales de las que hablaba María, que habilita a detener personas sólo por sospecha, alojarlos en pésimas condiciones en las comisarías, maltratarlos, someterlos. En muchos casos, la policía no es más que un actor, entre otros, de estas condiciones de pobreza e informalidad.

–Hay límites al ejercicio del poder policial, ¿de qué manera se puede visibilizar esto para que jóvenes, hombres y mujeres sepan que la policía no puede hacer cualquier cosa?

M. V. P.: –Esa fue una tarea de mucho tiempo de organismos de derechos humanos y asociaciones de familiares de víctimas de la violencia policial y colectivos sociales. Y se pueden ver los efectos en los barrios, donde ante casos de violencia policial o situaciones cotidianas de abuso, la gente “amenaza” a la policía con llamar a los “Derechos Humanos”. Esto es una marca de que hay un límite posible, una posibilidad de denunciar, de impedir el ejercicio violento del poder. Y esto es el resultado de una construcción de los años de democracia. En ocasiones lo que ocurre cuando se consigue articular una denuncia judicial eficaz movilizada por organizaciones sociales pero con una fuerte presencia de familiares, amigos y vecinos es que se consigue desarmar toda esa trama de relaciones existentes en las que la policía controla el territorio, controla grupos de chicos, y actúa presionando, obligando, intimidando.

S. T.: –Una prueba de lo que dice María es lo ocurrido con numerosos casos judiciales en que se ha impugnado el poder de policía y la complacencia de muchos funcionarios judiciales. Basta recordar el caso de Walter Bulacio, o la investigación que se está haciendo sobre el crimen de Mariano Ferreyra, en el que aparece esta trama de ilegalidad y violencia en la que no sólo la policía es partícipe principal. O también la investigación sobre la desaparición de Luciano Arruga, en la que parece quedar claro cómo la policía de la zona presionaba y detenía a los chicos para obligarlos a trabajar para ellos en el mundo del delito.

–Hay varios casos más de muertes y torturas en comisarías.

S. T.: –Sí, de chicos que no son delincuentes, ni cuyo oficio es el delito, sino que, en esa red de relaciones, viven en un mundo en el que sí hay muchas cosas ilegales que suceden, y la policía hace una utilización de esto. Hasta que hay grupos que se rebelan, que no quieren, o que la policía no les da la parte que les corresponde y la respuesta es la violencia, la muerte, los golpes, la tortura, la sumisión.

ACUERDO DE SEGURIDAD DEMOCRATICA

Desde fines del año 2009 está funcionando una red de investigadores en ciencias sociales en el marco del Acuerdo de Seguridad Democrática. El Acuerdo surge como una iniciativa plural destinada a aportar propuestas para la resolución de los problemas de seguridad desde una perspectiva democrática. Se reunió un espectro político y de organizaciones sociales muy amplio para pensar políticas de seguridad, no medidas coyunturales que siempre llevan al manodurismo. La idea de esta red es reunir a distintos investigadores (sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, historiadores) para poner en común las diferentes investigaciones que existen sobre políticas de seguridad, sobre qué es el crimen, qué es el delito y las formas de ejercicio de la violencia en nuestro país. Al respecto María Pita reflexiona: “Es muy importante conocer cuáles son las formas locales de estas relaciones violentas. No es lo mismo lo que ocurre en los barrios populares del Gran Buenos Aires que lo que ocurre en Santiago del Estero o en Bariloche. La forma de tramarse estas relaciones, y la tradición de la relación policía/grupos de los sectores populares/ sociedad civil en su conjunto, es diferente. No hay una única forma o un único patrón en que la violencia ocurre”. A esto, Tiscornia agrega: “Dentro del marco del Acuerdo creemos que la producción científica y los resultados de las investigaciones son elementos que se ponen en juego para construir argumentos, para debatir ciertas ideas que se colocan como razones de Estado o verdades indiscutibles. El papel de los investigadores en el Acuerdo tiene que ver con ser capaces de complejizar y producir argumentos para un debate político. Y eso sumado a la creación del Ministerio de Seguridad, que parece muy sensible a escuchar, pensar e incorporar buena parte de estas cuestiones”.

MARGENES, RECONSTRUCCION Y MILITANCIA

Las dimensiones que cruzan de manera transversal la problemática de la seguridad –trabajo, salud, vivienda, educación– y que tanto empeoraron como consecuencia de las políticas neoliberales de los años ’90, y de la crisis económica del 2001 produjeron un aumento en las márgenes de seguridad y de ilegalidad. Sobre los significados del encierro, Tiscornia sostiene: “Todos sabemos que la cárcel no reforma y que, lejos de eso, sólo es un lugar de castigo. Por ello es importante pensar en las consecuencias sociales del aumento de las tasas de prisionización. ¿Qué sucede cuando varias generaciones de miembros de una familia han tenido experiencia carcelaria? ¿Cuándo la experiencia de la detención policial arbitraria resulta un hecho cotidiano para los sectores más pobres? ¿Cuándo estas detenciones son, antes que un conjuro para la inseguridad, la puerta de entrada al mundo del delito? Porque la cárcel forma parte del mundo de la administración del delito. No es sólo cuestión de intervenir para que los chicos tengan más penas o menos penas sino intervenir sobre una serie de cuestiones y de factores”.

“La dimensión de lo que significa asociarse, juntarse, organizarse –subraya Pita– fortalece ese tejido social que estaba debilitado y cortajeado desde fines de los años ‘90, donde hubo una fuerte rotura de lazos sociales y donde hoy se observa una reconstrucción. “Y esa reconstrucción –completa Tiscornia para finalizar– es similar a lo que ocurre con la militancia política de jóvenes en los barrios pobres. Es un fenómeno nuevo que reconoce un momento de mucha crisis y mucha desilusión en los años ’90, y hoy encuentra otra vez campos de participación y de acción, y ese campo de participación y de acción es también una contención social importante para pensar estos temas.”

Sofía Tiscornia, antropóloga y doctora en Filosofía y Letras. Dirige el Equipo de Antropología Política y Jurídica en la Sección Antropología Social en la FFyL, UBA y el Area de Investigación del CELS. Entre sus libros, figura Activismo de los Derechos Humanos y Burocracias Estatales. El caso Walter Bulacio.

María Victoria Pita, antropóloga, Cocoordinadora del Equipo de Antropología Política y Jurídica, docente e investigadora adjunta del Conicet. Recientemente publicó Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la violencia policial.