El miércoles 16 de marzo, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó, por unanimidad, un proyecto de ley que establece un nuevo régimen laboral para las empleadas y los empleados de casas particulares, que deroga la regulación sobre trabajo doméstico que había sido implementada bajo el gobierno de facto del General Pedro E. Aramburu, por medio del Decreto Ley 326/1956 y los Decretos Reglamentarios 7979/56 y 14785/57.

Este marco normativo ha amparado, junto con otras leyes, la informalidad de un empleo que comúnmente se despliega al margen de las regulaciones laborales y previsionales existentes (como la Ley de Contrato de Trabajo) y la exclusión de su ámbito de aplicación de aquellas personas que no trabajan –al menos cuatro horas diarias– durante cuatro días a la semana para el mismo empleador.

Por más de cinco décadas, este régimen especial ha incrementado la vulnerabilidad del sector a sufrir situaciones abusivas, circunstancia por la cual, para gozar de condiciones de empleo aceptables, este grupo ha dependido tan sólo del sentido de justicia de sus empleadores y no de un orden legal que reconozca y garantice sus derechos. En este orden de ideas, el Estatuto del Servicio Doméstico –actualmente vigente– contiene una regulación claramente discriminatoria, a través de la cual el Estado abandona a las trabajadoras domésticas a la arbitrariedad de sus empleadores.

Las personas que realizan tareas domésticas y de cuidado se encuentran entre las más maltratadas del sistema económico y son principalmente las mujeres y las adolescentes quienes sufren a menudo condiciones de trabajo que incluyen salarios ínfimos e irregulares, jornadas de trabajo excesivamente largas, ausencia de períodos de descanso, falta de cobertura por accidentes de trabajo o por enfermedades profesionales y carencia de prestaciones sociales mínimas, como la licencia por maternidad. A su vez, dado que las actividades se desarrollan en ámbitos privados –alejados del control estatal– son también las mujeres quienes se encuentran más expuestas a riesgos como el trabajo forzado, los abusos sexuales y los hechos de discriminación y violencia de género.

En este contexto, el nuevo régimen de contratación aprobado por la Cámara de Diputados busca la equiparación de los derechos de quienes prestan servicios domésticos en casas particulares con los del resto de las trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia de nuestro país. Además, impulsa la definición concreta de las condiciones de trabajo, la fijación de un salario mínimo por tipo, modalidad y categoría profesional mediante un Convenio Colectivo de Trabajo y las obligaciones del empleador, entre otras medidas. De convertirse en ley, la iniciativa representará un claro avance en materia de reconocimiento de derechos de uno de los grupos sociales más desaventajados del mercado laboral y permitirá la visibilización y revalorización de las actividades domésticas y de cuidado como formas de trabajo merecedoras de una protección legal amplia, inclusiva y respetuosa de los estándares internacionales en materia de derechos económicos y sociales.