“La violación de una joven dentro de un patrullero en la localidad de Benavídez no es un hecho aislado: es una forma de violencia institucional cuya oscura tradición bien puede rastrearse en los campos de concentración de la dictadura, cuando la violación se usó como método de tortura”, presentaba la nota sobre la violación de Débora el suplemento LasI12 del 17 de agosto del 2007.

Débora discutió con sus padres como se discute en la adolescencia. A los 19 años y sin brújula, ella se fue de su casa. Salió de Garín rumbo a Benavídez bufando por las materias que tenía pendientes, tal vez pensando en la música que más le gusta (preferentemente melódica o folclórica), o en otra de sus pasiones, la tecnología.

El papá de Débora –José Correa– también salió como muchas veces salen los papás de adolescentes: a buscarla. Se cruzó con un patrullero, que conducía el (ahora ex) sargento René Romero, le mostró la foto de Débora y le pidió: “Si la ve a mi hija, tráigala a casa”. En la madrugada del 5 de agosto del 2007 el sargento la vio. Y le dijo la verdad: “Vos sos Débora Correa, tu viejo te está buscando”. Ella subió al auto de la fuerza pública 8466 para dar marcha atrás a los enojos y seguir pensando en la música y una posible carrera en la universidad o incluso en un futuro de uniforme.

Mientras tanto, Correa (hasta ahí acompañado por otro policía) le mostraba fotos de sus hijos como estampitas de legitimación del padre de familia ejemplar. Tanto que Débora se tentó con manejar un móvil policial en una situación de confianza y le preguntó sobre cómo ingresar a la policía. Pero cuando se dio cuenta de que era tarde –y que el otro hombre se había bajado del coche– le pidió que la llevara a su casa para aminorar los retos. “Por ese favor me tenés que dar algo”, la increpó él. No preguntó. Y siguió con la extorsión: “Un favor se paga con un favor”, le dijo el policía. No dio opción. La llevó hasta un descampado. Cerró las puertas del patrullero y la violó.

El sistema de rastreo satelital demostró que el auto estuvo detenido en un descampado durante el tiempo que Débora relató que sucedió la violación. También se encontraron pelos y semen en el móvil policial. Además, Romero no había informado a sus superiores del hallazgo de la adolescente. Y los peritos comprobaron que Débora –que era virgen hasta ese momento– tenía un desgarro.

Cuando, finalmente, pudo llegar a su casa, le dijo a su papá: “El policía en quien vos confiaste anoche me violó”. Después fueron a hacer la denuncia a la Comisaría de la Mujer de General Pacheco y tomó anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo producto de la violación. En ese momento, el entonces ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, dispuso la expulsión preventiva del sargento hasta que la Justicia declarara si era inocente o culpable, como finalmente dictaminó.

“Sea como sea voy a salir adelante y no me va a parar nadie, ni tampoco voy a parar hasta que esté él en la cárcel”, le dijo la joven a esta cronista en el 2007. Cumplió. A principios de mayo, cuatro años después, El Tribunal Oral Criminal Nº 1 de San Isidro sentenció al policía a catorce años de prisión y a seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los jueces Daniel Carral, Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini consideraron verosímil el relato de la joven víctima que había sido cuestionado por la defensa –que siempre imputa a las mujeres violadas el supuesto consentimiento en la relación– y tomaron en cuenta pericias médicas compatibles con violencia sexual.

Por eso, el caso volvió a salir en los medios. Pero salió como si fuera una situación aislada y no parte de una espiral de impunidad que ofrece el terreno para extorsionar, amenazar o violar a niñas, adolescentes y mujeres.

Regís Alvarez, la mamá de Débora, relató: “La policía está para protegernos pero no es así, lamentablemente, y parece que no es la primera vez que esto sucede”. El propio Romero ostentaba su prontuario de impunidad como violador. “Mirá, nena, esto no es la primera vez que lo hago”, le advirtió René Romero a la joven. Aunque tampoco es sólo Romero. Y no es sólo con víctimas desconocidas del victimario, como los asesinatos de Natalia Melmann (en Miramar) o las mujeres en situación de prostitución que eran acribilladas por un supuesto “loco de la ruta”, que en realidad eran los policías que extorsionaban para conseguir coimas y les quitaban la vida a las que no les daban plata.

Pero, además de estos crímenes, también los policías, militares y gendarmes muestran un alto grado de violencia de género dentro de sus familias. La Investigación de Femicidios en Argentina, realizada por La Casa del Encuentro, entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2010, con datos recopilados de las agencias informativas: Télam DyN y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial, mostró que el año pasado murieron 260 mujeres y niñas. Y se observó, especialmente, que 17 agresores pertenecían a las fuerzas de seguridad.

No son errores o casos aislados. No es sólo Débora. Aunque en su historia empiece la aceptación del relato de las víctimas y su palabra entonces torne en su voz la esperanza del eco. “Ella dice –y el tribunal recepta– haber quedado muy marcada por la violación, con repetidas pesadillas que la llevaron a dormir en varias oportunidades junto a su madre despertándose envuelta en transpiración, pensando en cómo podría haberse defendido y evitado el ultraje de quien se identificó con nombre y apellido”, sostuvo la Sala III de la Cámara de Casación Bonaerense. Romero amenazó a Débora. Pero ella hizo la denuncia con un sentimiento más fuerte que el miedo que la empapaba de susto: la solidaridad. “No quiero que le pase a otra chica”, remarcó Débora. Y, cuatro años después, se hizo justicia.