Este domingo los peruanos y las peruanas tienen que definir el resultado final de las elecciones que llevaron al ballottage a Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Fuerza 2011, el partido que encabeza la hija del ex presidente Fujimori (condenado a 38 años de cárcel por crímenes cometidos en sus diez años al frente del poder, 25 de los cuales corresponden a crímenes de lesa humanidad), promete “bajar los niveles de inseguridad y delincuencia, promover el deporte para alejar a los jóvenes de las pandillas y hacer crecer el país” porque, según palabras de la candidata con el dedo en alto, “¿de qué sirve que el país crezca si no hay seguridad para cuidar tu vida y lo que compraste con tanto esfuerzo?”. Así lo dice en su spot de campaña Keiko, de 36 años, que fue amasando esta candidatura actuando como congresista líder de la bancada fujimorista en los últimos cinco años. Contabilizó 400 inasistencias, de los cuales 223 días fueron por viajes al extranjero, asistió a sólo siete de las 42 sesiones de la Comisión de Economía del Congreso y jamás presentó ningún proyecto de ley. En uno de sus viajes, Keiko se reunió con el mayor referente en la materia que tanto la desvela, la seguridad, venerado también por la perfilada por esta sección la semana pasada, el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani. Sobre el 39 por ciento de los peruanos que viven bajo la línea de la pobreza, la estadística que indica que uno de cada cinco no tiene agua potable o los índices de violencia de género, que sólo en 2010 mataron a 117 mujeres más la cantidad de ellas que viven en zonas rurales y no denuncian las agresiones (se calcula que son el mismo número que las reportadas), Keiko no dice nada. Una chica que a los 20 años se convirtió en primera dama después del escandaloso divorcio de sus padres y de las denuncias de su mamá por torturas con picana e intentos de homicidio de su padre, Keiko ignora los pedidos de las organizaciones feministas. El más fuerte es el que compromete al gobierno de su papá con las esterilizaciones forzadas cometidas entre 1996 y el 2000 (período en el que ella era primera dama). En esa época, Fujimori instaló la política de planificación familiar y dispuso la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV). El sistema de represión que instaló la AQV obligaba a los médicos y enfermeras a cumplir con un determinado número de esterilizaciones por mes; si no cumplían la cuota eran expulsados del sistema. Muchas mujeres, sobre todo quechuas, fueron amenazadas con la cárcel si no se sometían a la intervención (les decían que las mujeres con más de tres hijos serían condenadas), y engañadas con el argumento de que la esterilización es un procedimiento reversible, lo cual es absolutamente falso. Muchas de ellas se negaban sólo con ver las condiciones en las que eran realizadas dichas operaciones: sin anestesia, sin oxígeno, en cuartos comunes y con cero reposo y condiciones de higiene. Hay testimonios de mujeres que dijeron que al negarse fueron amarradas y sometidas a la fuerza. Según Rossy Salazar Villalobos, abogada de Demus (Estudio para la defensa de los derechos de la mujer) existen 2074 denuncias de mujeres que fueron sometidas contra su voluntad (de un total de 300 mil esterilizaciones, que se ignora cuántas fueron voluntarias y cuántas no fueron denunciadas). Estas denuncias fueron archivadas en el 2009, porque según el fiscal Jaime Schwartz Azpur no se trató de una política de Estado sino de diversos médicos que lo hicieron negligentemente y a su gusto. Sin embargo, decidió cerrar la causa y no procesar a nadie. Oh casualidad, que tres ministros de salud fujimoristas eran investigados: Eduardo Yong Motta, ministro de Salud desde 1994 hasta 1996, asesor de Fuerza 2011; Marino Costa Bauer, mismo cargo entre 1996 y 1999 y actual miembro del equipo técnico de Fuerza 2011, y Alejandro Aguinaga, viceministro de Salud entre 1994 y 1999 y actual vocero de Fuerza 2011. “Keiko pidió perdón por los excesos cometidos por su padre, pero no sobre las mujeres esterilizadas, y en pleno debate presidencial defendió a Aguinaga. Para nosotras esto es un delito de lesa humanidad y hay muchos elementos para continuar la investigación: un médico declaró que a él lo obligaban a cumplir las cuotas porque si no lo echaban, hay una enfermera que para cumplir la cuota se esterilizó ella misma, incluso hay un video que circula en la web llamado ‘Nada personal’ donde se ve la operación a una mujer que no está sedada y el equipo médico se está riendo”, explica Salazar. Demus interpuso una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que investigue, pero si Keiko cumple con su deseo de sacar de la cárcel a su padre esa investigación será claramente entorpecida.

Al cierre de esta edición, Keiko Fujimori, la heredera de un imperio terrorista que cosechó 600 millones de dólares y que financió sus estudios de economía en Estados Unidos, llevaba 0,2 punto de ventaja frente a su oponente Ollanta Humala. ¿Cómo es que llegó hasta acá la defensora de una gestión corrupta y asesina con apenas 11 años de distancia del juicio de su padre? Para Salazar el desprestigio de los partidos políticos, la indiferencia y las políticas asistenciales del gobierno de Fujimori son claves a la hora de encontrar una explicación. “Creo que tenemos que seguir dando pelea por este país que se merece una mujer al poder, pero sin duda no a Keiko Fujimori.”