Rosa Isela Pérez se convirtió en la primera periodista mexicana con estatus de asilada política en España, luego de las amenazas de muerte que recibieran ella y su familia por las investigaciones sobre femicidios que realiza desde 1999 en Ciudad Juárez y a partir de su testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Campo Algodonero, donde en 2001 se hallaron los cadáveres de ocho mujeres que habían sido secuestradas, torturadas y violadas. Para Rosa, el gesto del gobierno español nunca fue más oportuno; para la comunidad internacional es una señal de alarma que desnuda al Estado mexicano como un ente incapaz de garantizar la seguridad o, peor aun, que supone en sí mismo una amenaza para sus habitantes.

Pero la piel no se le empezó a curtir el día que llegó a Madrid con su esposo y sus hijas de 15, 14 y 5 años en carácter de exiliados, ni los once meses de convivencia con perseguidos políticos de Irán, Afganistán, Mali, Colombia, Sri Lanka, Ghana y Palestina en aquel centro que le asignó el Comité de Ayuda al Refugiado. Supone que el carácter se le endureció mucho antes, doce años atrás, para ser precisa, cuando publicó la primera investigación sobre femicidio en El Norte, el periódico juarense donde trabajó hasta ser despedida por entrarle demasiado profundo a lo que acabaron disfrazando como “el mito de los asesinatos de mujeres”. Pretendían tapar con la mano “la enorme cantidad de horrores que ocurren en Ciudad Juárez, y eso es imposible”, dice la periodista, “porque aunque haya una política de amedrentamiento, las activistas por los derechos humanos y los familiares de las víctimas seguiremos exigiendo justicia”.

A lo largo de estos años, a ritmo parejo con las amenazas de muerte que la fueron cercando, Rosa conoció a madres de jóvenes capturadas por redes mafiosas, padres de niñas desaparecidas, hermanas de mujeres violadas y asesinadas. Algunas debieron emprender el exilio interno, a riesgo de perder la propia vida. Otros, como un anciano de 80 años que pedía ayuda para localizar a su hijo secuestrado, fueron asesinados “por reclamar” en demasía.

“Desde que el gobierno de Felipe Calderón implementó el Programa Nacional de Lucha contra el Narcotráfico —parte del Operativo Conjunto Chihuahua—, la violencia contra las mujeres fue en aumento”, advierte. “Las cosas empeoraron con la presencia del ejército en las calles. Ahora se está asesinando a las que exigen justicia, como sucedió con Josefina Reyes y Maricel Escobedo. La falta de voluntad política para resolver esto es evidente.”

La investigadora Julia Estela Monárrez, del Colegio de la Frontera Norte-Ciudad Juárez, confirmó a principio de junio que el número de femicidios se incrementó en los últimos años, pese a la presencia policial y de las fuerzas armadas. “Estas mujeres son asesinadas por su participación en el crimen organizado. Los puestos que ocupan en las organizaciones son generalmente bajos, subordinados, de narcomenudeo.”

Monárrez habla de una violencia expansiva, ya que “no sólo cuando llegan a los hogares se mata al sujeto que buscaban, sino que matan a la esposa, a las hijas o a alguna otra mujer” que se encuentre en el lugar. “Me pregunto por qué será que con la presencia del Operativo Conjunto Chihuahua el número de fallecimientos creció y con éstos los abusos perpetrados por los servidores públicos.” En estos escenarios, las mujeres se convierten en víctimas indirectas de las fuerzas militares que capturaron a sus hijos, esposos, hermanos, cuñados o tíos.

A la pregunta de por qué se ensancha el telón del peligro para las mujeres juarenses, Pérez asegura que “se permitió la cacería, los crímenes y la impunidad. Y esto va a continuar, sobre todo si estas campañas son orquestadas por funcionarios del propio gobierno. Hay varios factores en Ciudad Juárez, como la impunidad que alimenta la violencia y el hecho de ser zona de frontera, donde operan mafias de narcotráfico que todos los días cruzan la droga a los Estados Unidos. También existe una cultura machista muy fuerte: todo eso unido a la corrupción de las autoridades determina la violencia de género”.

Entre 1993 y 2007, unas 500 mujeres fueron asesinadas en medio de hechos nunca esclarecidos. La cifra continúa aumentando de 2007 a la fecha, sin registros oficiales que precisen los datos. Unas 1000 mujeres se encuentran desaparecidas. La mayoría de las víctimas son jóvenes marginales o pobres, empleadas de las maquiladoras, las fábricas de ensamble de empresas multinacionales, fuente de trabajo de la mayoría de la población. No surge acción política alguna que contrarreste la situación. “En Ciudad Juárez desaparecen mujeres y no se vuelve a saber más de ellas”, se lamentan las integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una asociación civil fundada por familiares y amigos de jóvenes desaparecidas o asesinadas en el Estado de Chihuahua. “A menos que sus raptores decidan hacer aparecer sus cuerpos sin vida y con evidencias claras de haber sido brutalmente torturadas y asesinadas, violadas de manera tumultuaria y arrancadas partes de su cuerpo o quemadas, ¿no hay nada que mueva a quienes pueden hacer algo al respecto?”