“No maten al niño, dénnoslo a nosotros”, exigieron en un comunicado de última hora. A la vivienda de un barrio humilde de Posadas que comparten los padres y otros nueve hermanos de la víctima, se acercan a diario vehículos con personas que les obsequian leche, pañales y ropa de bebé junto con advertencias teñidas de promesas de una “adopción segura” en manos de “gente buena”.

El monitoreo sobre la chica de 14 años y su familia es ejecutado por la versión local de la Red Federal de Familias (RFF), una organización de alcance nacional que nuclea a diferentes grupos, instituciones y profesionales profamilia y provida, y que expande a modo de “ideario” la promoción y defensa de la familia como célula natural y fundamental de la sociedad, y del derecho a la vida humana “desde el momento de la concepción (fecundación) hasta la muerte natural”. Una de sus actividades más recordadas fue la marcha al Congreso nacional el 13 de julio último, en repudio a la presencia de la presidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Luz Patricia Mejía, relatora especial para los derechos de las mujeres de la OEA.

Pese a manifestarse apolítica y aconfesional, la red articula estrategias de acción con los obispados católicos provinciales, las autoridades evangélicas de las regiones y funcionarios políticos de amplio rango como, por caso, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, integrante de la Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida.

Esta semana, en una carta abierta publicada en su página de Internet y difundida por uno de los principales diarios locales bajo el título “No maten al niño, dénnoslo a nosotros”, la organización volvió a apelar sin miramientos a la psiquis vapuleada de la adolescente para que desista de interrumpir el embarazo y acceda a una oportuna adopción, a contrapelo del artículo 86 del Código Penal, del Protocolo Nacional de Atención de los Abortos No Punibles y aun de las características siniestras que rodean el caso.

La historia que comenzó a desandarse a partir de una actividad escolar en la que debía relatarse el día más triste de sus vidas quedó al descubierto cuando la chica relató frente a compañeras y maestra que dos años atrás su tío abusó de su hermana y ella intentó defenderla. La madre de las chicas, Carmen F., denunció al hombre y sus hijas describieron los hechos en la Cámara Gesell del juzgado de Instrucción. Al enterarse de la denuncia, el tío buscó a la sobrina y consumó la violación “para vengarse”.

“Nosotros queremos decirte a vos, joven que estás pasando por esta problemática situación, que nos permitas ayudarte”, expresa la carta. “Sabemos de tu dolor y queremos lo mejor para vos y para ese bebé que llevás dentro, queremos que conozcas el testimonio de chicas como vos que afrontaron situaciones similares a la tuya y que ahora no se arrepienten de haber dejado que nazca su niño”, continúa.

Las redactoras y firmantes del texto, la delegada provincial de la RFF, Julieta Lardies, y la secretaria del equipo provincial de trabajo de la entidad, Nora García, también inmiscuyen la promesa de que “cuando nazca podrás criarlo o darlo en adopción, nadie cuestionará entonces tu decisión porque habrás obrado con valor respetando el derecho de esa criatura. Matarlo sería injusto”, rematan.

No cuesta demasiado intuir los ojos por los que pudo haber pasado ese borrador o el probable circuito de consultas en privado. Sugieren influencia las declaraciones del obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, en su réplica del término “personita” y tras ensayar en conferencia de prensa un párrafo similar a los anteriores, con el llamado de que “de ninguna manera se puede creer que un hecho de violencia se puede solucionar generando otro, como es la muerte de un niño por nacer. Extraer, matar a ese niño es querer solucionar un problema de violencia con otro”.

Nada fue librado al azar: desde los fantasmas de la esterilidad y la muerte por la realización de un aborto terapéutico que agitaron a los padres de la niña el director del hospital, Hugo Ocampo, y el gerente asistencial, David Halac, hasta la judicialización del caso y su entorpecimiento a partir de los rodeos de la jueza de Familias, Marta Alegre, y su par de Instrucción, Ricardo Balor, para pronunciarse por el rechazo a la interrupción del embarazo que se firmó el viernes 5 de agosto. Colmaron poco y nada los esfuerzos del ministro de Salud provincial, José Guccione, para favorecer a la niña. Ni siquiera al esgrimir que “la estructura de la Salud Pública avala los abortos no punibles”.

Carlos Aguirre, uno de los hermanos de la adolescente violada, reconoció que “mucha gente nos está ayudando con donaciones”, aunque la chica prácticamente no habla desde que salió del hospital y la madre, bajo medicación por el shock sufrido, llora todo el día. “Pero vamos a seguir adelante. Mi hermana va a tener al bebé con todos los cuidados que le indicaron los médicos y después se verá si se queda con nosotros o lo damos, porque mucha gente nos llamó para adoptarlo.”

La Red Federal de Familias no es la única organización de su tipo, pero sí la de mayor alcance territorial. Se perfila como un entramado de terapeutas, profesionales de la salud, asistentes sociales, consejerías, personalidades del Poder Judicial, empresariado, asociaciones civiles y un cúmulo de las llamadas “fuerzas vivas” de las comunidades que estigmatizan el derecho al aborto como delito, rechazan el control de la natalidad y se oponen a las técnicas de fertilización asistida, por considerarlas tratamientos que afectan o ponen en riesgo “el derecho a la vida de las personas por nacer”. En remojo, tienen un proyecto de ley bajo la consigna de que “el derecho a la vida no se negocia”. Con ese argumento persiguen a candidatas y candidatos a diputados nacionales para que den su postura respecto del aborto: “Si debuta en la Cámara, pregúntele si se compromete a firmar este proyecto. Si ya es diputado e intenta renovar la banca, búsquelo entre los que optaron por la vida, los que optaron por la muerte y los que aún no se deciden a tomar partido”.

El caso de las adopciones es uno de los capítulos más particulares, en tanto permite conjugar el seguimiento de los procedimientos de atención que realizan profesionales de la salud, las acciones judiciales frente a casos de aborto no punible y porque logra un acceso directo, muchas veces avalado por las autoridades hospitalarias o la misma Justicia, a las víctimas y a su entorno, para disuadirlas de que prosigan con el embarazo y entreguen a niñas o niños a aquellas familias que elige la organización.

Sobre la sustancia del comunicado, Estela Díaz, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, consideró que “parte de una falacia desde el título. En esta historia hay una sola niña, víctima de instituciones que la revictimizan. No hay niño, hay un embarazo de apenas diez semanas producto de esa violación, que ella rechaza y considera ‘una cosa que quiere que le saquen’. Este posicionamiento pretende transformar el dato biológico de la gestación en una condena para esta adolescente, a la que anclarán a perpetuidad en el día terrible de la violación”.