Cuando la semana pasada se encontró el cuerpo de Tomás Dameno Santillán, el chico de 9 años que desapareció en el trayecto de la escuela a su casa en Lincoln y que fue encontrado muerto dos días después, empezó a circular en foros, listas de correo, blogs y de allí a los medios, el término “femicidio vinculado”. Allí donde se quiso dañar a una mujer y donde la amenaza apuntaba directamente a dar el tiro de gracia en una relación que ya estaba envuelta en la violencia, se utilizó al hijo como destinatario final de un castigo que no sólo se corporiza en él, sino que se perpetúa en el otro hijo que la ex pareja tiene en común, una beba de 6 meses. Y no son las únicas víctimas: en lo que va del año, 174 menores perdieron a su madre por la violencia machista, que según el Observatorio Adriana Marisel Zambrano de La Casa del Encuentro, mata a una mujer cada 28 horas y que en el primer semestre de 2011 se llevó a 151 mujeres y niñas, 26 mujeres más que en el mismo período del año anterior.

Hay otros 16 casos como el de Tomás en este 2011. Sólo por nombrar dos: el de Alexandra Micaela Alem, de 8 años, y Maximiliano Nicolás Alem, de 11 años, de la localidad de 25 de Mayo, que fueron baleados por su padre mientras dormían el 30 de agosto, después de que su mamá, Estela Almirón, le comunicara al hombre que se llevaría a los chicos del hogar que todos compartían. Los dos murieron. Su papá, Oscar Alfredo Alem, se suicidó. Otro: el de Andrea Rodríguez, de 12 años, Cynthya Maldonado, de 7, y Jorge Maldonado, de 4, que fueron degollados en su propia casa por la pareja de su mamá, Pablo Luis Alfonso. Zunilda Maldonado le contó a la Justicia que le iba a dar todas sus cosas “para que se vaya y no venga más. Me dijo que quería hablar conmigo y yo le respondí que en la vereda. Entró y ahí comenzó el ataque”. Maldonado ya había hecho denuncias contra Alfonso en la Comisaría de la Mujer de Lomas del Mirador, en Corrientes, y había pedido custodia policial aterrada por las amenazas, pero nunca logró que se la dieran.

Todo el mundo se horroriza con los crímenes de Tomás, con el de Candela Rodríguez en agosto y con el relato de estos 16 que se llevan contabilizados: llevarse a un chico engañado y pegarle un palazo en la cabeza le retuerce las tripas a cualquiera. Taparle la boca a una nena de 11 años hasta que deja de respirar, cortarle la garganta, pegarle un tiro. Pero las personas que cometieron esos crímenes están circulando, no son monstruos de dos cabezas, psicópatas reconocibles a la legua. Trabajan, estudian, forman nuevas familias y, en muchos casos, conservan la tenencia de los hijos que tuvieron con las mujeres que mataron, como es el caso de José Arce, quien mandó a matar a su ex esposa, Rosana Galiano, y sus hijos viven con su madre, gracias a que él todavía tiene la patria potestad sobre ellos.

La concepción que indica que una mujer puede y debe ser castigada si “se hace la loca” corre como lava caliente en mil actos cotidianos: el ejemplo de la pollera corta y el escote marcado es tal vez el más básico, pero inspiró los dichos de un policía en Toronto que frente a un grupo de universitarias dijo “si quieren evitar los ataques sexuales dejen de vestirse como putas”. La reacción fue rápida y los reflejos se extendieron por todo el mundo. La Marcha de las Putas arenga a apropiarse del agravio y hacerlo marca de orgullo: seremos putas, pero eso no te da permiso, es la respuesta.

Las conjeturas que se tejen en torno del caso de María Cash, una chica que salió de su casa rumbo al norte del país para trabajar pero de la que se tiene registro caminando por la ruta con su mochila al hombro, despertó todo tipo de apreciaciones. Sin embargo, la que salta como leche hervida es “¿qué necesidad tiene una chica de hacer dedo en una ruta provincial?”. Se corre el foco, una vez más, de la desesperación que resulta que a alguien, a una mujer, se la trague la tierra, se borre como humo. ¿Dónde están todas ellas? Peli Mercado, Fernada Aguirre, Florencia Penachi, Marita Verón, Sofía Herrera, Erica Soriano, por nombrar algunas, hundidas en redes de trata como se supone en muchos casos, sin rastros ni noticias nuevas.

Para la mexicana Julia Monárrez, doctora en ciencias sociales, especialista en las atrocidades de Ciudad Juárez, la tarea es seguir recopilando datos, insistiendo con las cifras, recabando testimonios, estadísticas, comparaciones, montando un aparato teórico que sustente con el mayor rigor posible lo que sucede en el campo de batalla. En México, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia carece de intervención en la vida práctica y deja mucho que desear por las ambigüedades de la letra, por eso la insistencia de Monárrez en la tarea de las organizaciones y espacios comunales, por más pequeños que sean. Para Mónica Tarducci, directora de Posgrados en Estudios de Familia de la Unsam, la ley es un instrumento muy valioso y hay que hacerla conocer para que las mujeres sepan que cuentan con su amparo. Para ella las tintas tienen que cargarse en la difusión, la comunicación, el trabajo de hormiga que significa ir una por una, capacitando, informando, pero con una ley atrás. En nuestra Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres se menciona la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, la violencia simbólica, laboral, obstétrica y mediática, pero su aplicación queda rebotando en el aire de las buenas intenciones. Para Mariana Berlanga, periodista mexicana especializada en género, el problema con la ley, acá o allá, es que se enfrenta a la misoginia de la policía, de los ministerios, fiscales y jueces que en su intento de pedir evidencias de crímenes como violación, asesinatos de mujeres o acoso sexual, se convierten en actores sumamente violentos que vuelven a victimizar a las mujeres. “No se ha logrado conformar una red de abogadas con perspectiva de género, lo que hace que en los juicios prevalezca una visión patriarcal que culpa a las mujeres de todo. En lo personal creo que una ley por sí misma no puede revertir la violencia y son pocas las organizaciones que están trabajando a nivel cultural, es decir, en el imaginario de lo que constituyen los géneros femenino y masculino.” Como indica la socióloga peruana Virginia Vargas en “Violencia contra las mujeres y estrategias democráticas en América Latina”, si las leyes no vienen acompañadas de recursos, quedan relegadas a espacios muy limitados de acción y a las voluntades y preparaciones individuales de abogados, jueces, fiscales y personal policial.

Para Berlanga, estamos viviendo es una suerte de retroceso con todo lo que tiene que ver con la nomenclatura de feminicidio. “Hace un mes asistí al Coloquio Vida y Resistencia en Cuidad Juárez. El debate fue intenso en relación con si debemos seguir hablando de feminicidio cuando la violencia se ha extendido a otros grupos de la sociedad: principalmente jóvenes y niños. Desde mi punto de vista, hablar de feminicidio se hace todavía más urgente. En todo caso, tendríamos que estar analizando cómo del feminicidio se pasa al genocidio. Ya lo decían las mujeres de Ciudad Juárez hace diez años: ‘Si ahora están matando así a las mujeres, al rato van a matar a todo mundo’. Y eso es lo que estamos presenciando en este momento en México. Por lo tanto, tendríamos que insistir más en el término.”

Las consignas de este 25 de noviembre redundan en todas esas aristas: el debate sobre la violencia que se ejerce en programas de televisión donde las mujeres son tratadas como muñecas de vidriera, las caravanas que planean tocar todos los puntos del barrio donde no se cumplen los derechos básicos de las mujeres que allí concurren: comisarías, fiscalías, etc., el recuerdo una a una de las muertas y el alerta sobre las que están, denuncian y no son escuchadas. La incorporación de la figura del femicidio al Código Penal tal vez sea el grito más urgente: hay cuatro proyectos en danza que se van a tratar el año que viene, que prevén cadena perpetua para los agresores, pérdida automática y definitiva de la patria potestad sobre los hijos en común, mayor cantidad de hogares refugio, con asistencia interdisciplinaria y perspectiva de género, más campañas de prevención e información y un teléfono único y gratuito a nivel nacional para orientación y asesoramiento. Mientras no se considere que la violencia sexista es un problema político, las mujeres van a seguir muriendo y lo que queda afectado es todo un entramado social: sus hijos, sus hijas, incluso los agresores.