“Negar el derecho a la salud y a la vida al obligar a las mujeres a poner en riesgo su salud y su vida. Es una forma de violencia que en la nueva ley se encuadra en la violencia obstétrica y es una de las distintas formas que las mujeres padecen”, señaló Mabel Bianco, presidenta de la Fundación de Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM). “La ilegalidad del aborto es violencia hacia las mujeres”, avanzó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que convoca a una concentración, hoy en Rivadavia y Callao, a las 17, con la consigna: “Aborto legal, una deuda de la democracia”.

“Es histórico el comienzo institucional del debate por la legalización y despenalización del aborto en Argentina”, valorizó la diputada radical María Luisa Storani sobre un dictamen que avanzó a fines de octubre y retrocedió a principios de noviembre por trabas burocráticas. Este mes una niña de 13 años murió por la inseguridad sanitaria que no parece asustar a nadie ni generar nuevas leyes pero que sí le quitó a ella más de 60 años de expectativa de vida según indicadores sanitarios que también indican que la mortalidad materna (por embarazo, parto y puerperio) es más alta que la de Uruguay y la de Chile y no se logra bajar significativamente.

La niña falleció en el Hospital Materno Infantil de Salta por una infección generalizada provocada por un aborto clandestino. En el centro de salud se le quitó el útero pero la chica no resistió y perdió la vida por un shock séptico, según le confirmó a la periodista de Página/12 Mariana Carbajal el secretario de Salud provincial, Sergio López Alcobendas. Ella, la niña, la niña abusada en su cuerpo, en la ilegalidad de su dolor, en su dolor convertido en destino, ella no es la única, es –apenas– noticia. En ese mismo hospital se atiende a seis mujeres por día por abortos incompletos. Entre enero y septiembre se atendió a 1065 mujeres que interrumpieron sus embarazos fuera del hospital público –sin seguridad sanitaria– y 449 de ellas llegaron al hospital –seguramente después de retrasar la decisión con hemorragias y miedos– con cuadros de infecciones graves.

Pero no se detuvo la clandestinidad del aborto, sino a la madre. La diputada Cecilia Merchán critica: “La policía y la Justicia salteñas manifiestan su absoluta ignorancia y oscurantismo al pretender indagar a la madre de esta niña y acusarla de sospechosa. Con ese criterio, entonces, encerremos a las 500 mil mujeres que se practican cada año un aborto. ¿Y, por qué no, a todas y todos los de su entorno? Tendríamos millones de personas detenidas, demoradas o encarceladas por interrupción voluntaria del embarazo”.

En Salta ni siquiera está reglamentada la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. El gobernador Juan Manuel Urtubey integra un grupo de “parlamentarios y gobernantes por la vida” que encabeza, en Argentina, Liliana Negre de Alonso. Ella fue la principal opositora al matrimonio igualitario. Negre de Alonso perdió esa pelea. Pero la despenalización del aborto es una pelea en la que cada vez presentan más resistencias. Sin embargo, es una deuda pendiente. Una deuda pendiente de la democracia que avanza y crece.

El 15 de noviembre, en la presentación del informe “Decisiones, derechos y deseos”, el subsecretario de Salud Comunitaria Guillermo González Prieto señaló: “Hay que apuntar a servicios amigables para las mujeres en situación de post aborto”, en el marco del intento de implementación de un programa de reducción de daños similar al modelo uruguayo en donde el aborto no se realiza en el hospital público pero sí se aconseja a la mujer antes de la intervención (medicamentosa o quirúrgica) y se la revisa posteriormente para evitar lesiones en su salud.

Más allá de las discusiones que quieren enmarcar el debate por la despenalización del aborto como una cara y contratara de la defensa de la vida, la vida de las mujeres es la que se va por la clandestinidad del aborto. “Lamentablemente, hemos podido disminuir muy poco la mortalidad materna y los embarazos que terminan en aborto”, reconoció la ginecóloga Silvia Oizerovich, de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción.

A su vez que Eleonor Faur, oficial de Enlace del Fondo de Población de Naciones Unidas, advirtió: “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de Naciones Unidas para el 2015 instan a la reducción de la mortalidad materna. Esperemos que en el 2015 Argentina pueda cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y todavía falta mucho por recorrer”.

En el balance de los ocho años de la implementación de la anticoncepción gratuita, Virginia Franganillo, ex presidenta del Consejo de la Mujer y actualmente al frente del Observatorio de Género y Pobreza, evaluó: “En los noventa ante la alineación con el Vaticano el Consejo de la Mujer protagonizó un caso de feminismo de Estado en donde un organismo gubernamental se opuso a su gobierno y mostró al movimiento de mujeres interpelando políticas públicas y mostró el consenso sobre la despenalización del aborto. Por eso, ahora tenemos que avanzar en políticas sociales de nueva generación para las mujeres. Nuestro próximo desafío en ampliación de derechos es la ley de despenalización del aborto. El logro de este derecho es lo que falta por hacer”.