Sólo en los primeros tres meses del año se registraron 22.838 denuncias por violencia de género. El 75 por ciento de los denunciados son varones y un 70 por ciento de las víctimas, mujeres mayores de edad. Sólo en el conurbano bonaerense, la línea telefónica 911 recibe unas 30.000 llamadas mensuales clasificadas “de confrontación familiar”. Más de la mitad denuncian situaciones de violencia. Del total, el 79,8 por ciento de las denuncias se realizó en comisarías de la Mujer y la Familia del conurbano, y un 20,2 por ciento en el resto de la provincia. Los datos de la Dirección General de Coordinación de Políticas de Género del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, que encabeza la actual subsecretaria de Planificación de Seguridad, Silvia La Ruffa, intentan “disponer de una base confiable para formular políticas públicas de prevención, y romper con la dificultad que siempre significó elaborar un registro de casos –explica la funcionaria–. Pero también habla de una decisión política de visibilizar la violencia, que durante décadas se mantuvo oculta en el ámbito de lo privado.”

¿Por qué la dificultad de elaborar estadísticas confiables?

–En las comisarías de Seguridad se dan diferentes situaciones, como por ejemplo no ver la problemática hasta que la mujer presente una lesión. No se termina de comprender que existe otra normativa, que habilita a tomar denuncias por violencia familiar.

¿Esperan que a esa mujer le suceda algo más grave?

–Exacto, que se pueda recurrir al sistema penal. Pese al tiempo transcurrido desde la creación de las comisarías de la Mujer, en 1990, todavía no se incorporó del todo que existen los ámbitos de Familia o Civil que protegen a la víctima. Por eso es necesario agregarle un artículo al Código Penal, que obligue a recibir denuncias aun cuando la mujer no presente lesiones. En el caso de violencia familiar, pese a la existencia de la Ley 26.485 (de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres), se siguen aplicando por default las leyes 24.417 (nacional) y 12.569 (provincial), de Protección contra la Violencia Familiar. Existen medidas protectivas concretas, pero la sanción al agresor sólo se establece si hay un delito cometido. Tenemos que analizar entonces qué pena se le aplica a alguien que ejerce violencia psicológica, cuando ese tipo de violencia no constituye una amenaza para el sistema penal.

¿Este planteo abrió nuevos debates?

–Se está discutiendo la creación de un registro único de casos del Mercosur en una mesa conformada por los países integrantes y la Argentina, representada desde el Consejo Nacional de las Mujeres y la Dirección de la Mujer, de Cancillería. Son reuniones para pensar instrumentos que permitan mejorar las estadísticas existentes y llegar con recursos humanos a todo el país.

¿Cuántas comisarías de la Mujer y la Familia funcionan en la provincia de Buenos Aires?

–Hoy hay 44. Cuando asumió Daniel Scioli como gobernador había 24, y la proyección es que para 2015 todos los distritos cuenten con una Comisaría de la Mujer. Atienden problemáticas de violencia de género, en particular violencia familiar, y casos de abuso sexual.

¿Qué porcentaje ocupan los delitos contra la integridad sexual?

–El 45,89 por ciento ocurrió en el ámbito intrafamiliar, no se utilizaron armas de fuego para concretar la agresión y en poquísimos casos (2,95 por ciento) se observó que el victimario actuó bajo los efectos de alcohol, droga u otras sustancias. Las víctimas, en su mayoría, tienen entre 6 y 15 años. El 83,16 por ciento son mujeres. Los homicidios dolosos están vinculados en el 49 por ciento de los casos a violencia familiar, violencia de género, vecinal, laboral o riñas.

¿Todavía hay detenidas alojadas en comisarías de la Mujer?

–Sí. Hay algunas en las comisarías de La Plata, San Isidro, Quilmes y Merlo, que por supuesto no facilita para nada el abordaje de la cuestión de género. Pero el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, dispuso el cierre de 90 calabozos de la provincia de Buenos Aires para mejorar la atención de las víctimas y recuperar las comisarías como espacios de intervención, asistencia y prevención. Para 2012 se prevé el cierre definitivo de esos calabozos.

Salvo en sus inicios, en los ’90, el personal policial no volvió a recibir cursos de capacitación en la temática. ¿Cuál es la situación en la actualidad?

–Con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) brindamos una capacitación con perspectiva de género sobre violencia familiar y abuso sexual. El proyecto dura cuatro años: sería mentiroso pensar que en unos meses vamos a llegar seriamente a toda la policía. Esto no se trata de una charlita de sensibilización y estamos trabajando para incluirlo en la formación inicial. Cada comisaría cuenta con un equipo interdisciplinario que asiste jurídica, psicológica y socialmente a la víctima. Son cosas que hasta hace algunos años eran impensadas. La capacitación va a abrir muchas cabezas porque en algunos casos concretos te das cuenta de que si el personal hubiese tenido las herramientas, habría trabajado bien. En la mayoría de los casos, los errores se cometen porque creen que hay que mediar o que con una palabra se resuelve todo. Se trata de una cuestión cultural: no se los empoderó para actuar de otra manera.

¿Quiénes integran el equipo de capacitación?

–Se convocó a hombres y mujeres del Poder Judicial con experiencia en la temática, por intermedio de la Fundación de Estudios para la Justicia (Fundejus). Participan la jueza Jorgelina Martín, de Quilmes, y los jueces Gabriel Vitale, de Lomas de Zamora, y Carlos Romano, de Morón, entre otros, con una fuerte perspectiva de género. Los cursos empezaron en octubre, con buena recepción.

¿El personal de las comisarías sigue siendo mixto?

–Sí, pero en su mayoría son mujeres, porque entendemos que a la mujer le resulta más fácil si hay una mujer del otro lado, y ante esa expectativa también debemos darles una respuesta. Los hombres no reciben las denuncias ni trabajan en áreas de atención. De todos modos, no sentimos que el personal de estas comisarías deba ser mujeres porque son más sensibles, sino que se pone el énfasis en una cuestión de capacitación. De las 44 comisarías, las de San Isidro, Presidente Perón y Merlo la encabezan hombres, por elección propia.

¿Con qué otras redes articulan las comisarías?

–Forman parte de las 44 Mesas Locales Contra la Violencia Familiar, ubicadas en los mismos distritos que las comisarías, y coordinan con la Mesa Provincial Intersectorial, que articula los lineamientos político–técnicos para prevenir y atender la violencia en la provincia de Buenos Aires. Las mesas funcionan como primer nivel de contención y atención de casos de violencia familiar o de violencia de género. Las conforman organizaciones sociales y comunitarias, y áreas de desarrollo social, salud, género y derechos humanos de los municipios.

¿Son canales paralelos a la comisaría de la Mujer o centros de derivación?

–No se ocupan de casos particulares. Diagnostican lo que falta en el territorio, ya sea fiscalía temática, juzgado de paz, Comisaría de la Mujer, servicio de patrocinio jurídico, un refugio o el servicio de emergencia por 72 horas. Luego diseñan la hoja de ruta y realizan un seguimiento del sistema.

¿Cuál es el área policial de mayor contacto con esta problemática?

–El móvil, porque es el que acude en respuesta a los llamados al 911. Sólo esta línea atiende en el conurbano unos 30.000 pedidos de auxilio mensuales, clasificados “de confrontación familiar”. Más de la mitad corresponden a situaciones de violencia de género.

¿Por qué persisten las diferencias entre comisarías en cuanto a la calidad de atención a las víctimas?

–Sería ingenuo decir que todas tienen un mismo nivel, pero en la actualidad ninguna desaprueba, sobre todo si cuentan con una red local fuerte que acompaña y controla el desempeño de los que la integran, no sólo de la policía. Por ejemplo, en los casos de embarazo por abuso sexual, las comisarías de la Mujer intervienen y acompañan a las víctimas, pero también comunican a la dirección cuáles son los hospitales públicos que se niegan a practicar un aborto no punible o si en tal institución cuesta cumplir con el protocolo de atención. De todos modos, en algunas no incide tanto la atención, cuanto la cantidad de recursos que maneja la Jefatura Departamental a la que pertenecen.

¿Cuáles son los territorios más complicados?

–El conurbano, con un promedio de 40 denuncias diarias. En el interior, la misma cifra es mensual. Las comisarías de la Mujer con mayor registro de denuncias durante 2010 fueron las de Almirante Brown y Mar del Plata, y la de Malvinas Argentinas por su ubicación estratégica. Recibe casos de General Rodríguez y José C. Paz.

En su momento, ampliar la denominación del espacio a comisarías de la Mujer y la Familia generó cuestionamientos serios. ¿Cuál es el universo que acude hoy a una comisaría?

–Los cuestionamientos empezaron cuando se sancionó la Ley 12.569 y la gestión del ex ministro de Seguridad, León Arslanian, propuso esa denominación porque les garantizaría a hombres y mujeres por igual radicar denuncias por violencia familiar. Pero la verdad es que el 80 por ciento de las denunciantes siguen siendo mujeres víctimas, otro 15 por ciento niños y niñas, y sólo un 5 por ciento de las denuncias corresponde a hombres, de los cuales la mitad son adultos mayores que sufren violencia familiar. La otra mitad denuncia como estrategia defensiva. Es el “me adelanto antes que me denuncies” o la discusión por la tenencia de los chicos. Muchas veces los tenemos a él y a ella radicando la misma denuncia en diferentes escritorios, pero por la ley provincial debemos tomárselas a los dos.

¿Cuál es el porcentaje de denuncias por abuso sexual?

–Es ínfimo en relación con la cantidad total de denuncias por violencia familiar, que llegaron a 77.185 en 2010, mientras que las efectuadas por abuso no alcanzaron a las 3000. Una brecha enorme, porque la violencia intrafamiliar sigue siendo invisibilizada. Todas las comisarías bonaerenses toman estos casos, menos las de La Plata, donde el fiscal general dispuso que se concentren en el Centro Integral de Delitos Contra la Integridad Sexual, de la Policía Científica.

¿Se percibe un mayor compromiso social frente a las mujeres víctimas de violencia?

–Creo que hay más solidaridad. Desde que la violencia contra la mujer comienza a verse y percibirse, se entiende que no se trata ya de un problema individual y privado, sino que es de índole pública. Esto es un logro de los movimientos de mujeres, que significó el ingreso del tema en la agenda política. Muchas de las denunciantes son acompañadas por una amiga, una familiar o una vecina. En la provincia también se está trabajando con las manzaneras, unas 30.000 referentes barriales que se encargan de acompañar a las víctimas de violencia.

¿Qué tipo de casos se recortan por su dificultad?

–Los de las mujeres incendiadas. Son casos que toman las comisarías de Seguridad, porque se trata de homicidio o intento de homicidio. Su complejidad no reside en la condena, sino en la capacidad probatoria. Por lo general hay poca evidencia y se complica todavía más si la víctima no hizo denuncias previas. Además, no suele haber testigos del hecho. El fuego no deja el tipo de huellas que pueden imprimirse en un cuchillo o en otras armas. Un caso emblemático es el de Fátima Catán, una joven embarazada, incendiada con alcohol y que falleció el 23 de agosto de 2010. Su madre, Elsa Gerez, acusa a la ex pareja, Martín Santillán, que permanece en libertad. El 22 de septiembre último se hizo una reconstrucción del crimen con la colaboración del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima (CPV) para analizar la posibilidad de cambiar la carátula, que hasta la semana pasada el fiscal Ramiro Varangot mantuvo como “averiguación de causales de muerte”. Finalmente el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, imputó a Santillán por “homicidio calificado” con el agravante de ser cometido “en el marco de la violencia contra la mujer”. Pero son situaciones difíciles porque el fuego no deja rastros acusatorios. Sólo marca impunidades.