Cecilia tiene 53 años y es una de los diez hijos de Zelmar Michelini y Elisa Delle Piane. Cuando asesinaron a su padre en Buenos Aires, en el marco del Plan Cóndor, tenía 19 años y también se encontraba en la misma ciudad junto con algunos de sus hermanos. Poco después partió hacia Suecia y Francia, donde estuvo exiliada varios años. Entre tanto, su madre se quedó junto a sus hijos más pequeños en Uruguay y fue una de las protagonistas de la lucha por el juzgamiento de los responsables de la dictadura cívico-militar padecida por el pueblo uruguayo. Dos de sus hermanas, Elisa y Margarita, sufrieron largos encarcelamientos: Margarita permaneció secuestrada en el centro clandestino conocido como Automotores Orletti, en Buenos Aires.

¿Cómo fueron los años de impunidad y ausencia de justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura?

–Un proceso de mucha lentitud por la combinación de varios factores. La salida de la dictadura fue una salida “negociada” porque ya no podían sostenerla, pero nunca se supo bien en qué había consistido esa “negociación” en la que participaron todos los sectores políticos de nuestro país; en ciertos sectores, más que “negociado” fue “consensuado”. Es más, hay indicios de que se hicieron cambios destruyendo pruebas en los lugares donde estaban los restos de los desaparecidos, en forma consensuada con algunos sectores políticos, no todos. “Lo dice la tierra”, como explican los antropólogos forenses. Lo cierto es que toda la sociedad política participó en esa salida de la dictadura.

Pero en democracia se sancionó la Ley de Caducidad.

–Sí, se negoció entre los partidos tradicionales ya sin los militares, por lo menos teóricamente, la Ley de Caducidad que impidió el juicio precisamente a los militares. A partir de ahí se creó una fuerte corriente en la que mi mamá fue muy protagonista junto a la mujer de Gutiérrez Ruiz, el otro legislador que asesinaron con mi papá, y María Esther Gatti, abuela de Mariana Zaffaroni, que derivó en el plebiscito de 1989. Fue una lucha enorme, emblemática, recorrieron todo el país, pero se perdió, y a partir de ahí se instaló la impunidad y, salvo ciertas excepciones, fueron responsables todas las fuerzas políticas. Los familiares de los desaparecidos intentaron seguir luchando hasta 1996, cuando se instaló la Marcha del Silencio y empezó a lograrse que se hablara del tema; sólo eso, que se hablara. En 2000, cuando ganó la presidencia Jorge Valle, creó la mal llamada Comisión de la Paz. Fue como una Comisión de la Verdad, un gesto con el que se avanzó muy poco. Tendría que haberse establecido la búsqueda de la verdad y el enjuiciamiento de los culpables, pero no fue así.

¿La sociedad civil no reclamaba justicia?

–En Uruguay fue todo muy despacio con respecto a otros países. Si bien Valle no fue protagonista, acompañó a Juan Gelman en el gesto cuando encontró a Macarena, porque el que encontró a Macarena fue su abuelo; Valle lo acompañó públicamente y por primera vez se reconoció ese horror de haber matado a una chica tan joven y haberse quedado con su niña. Pero tampoco se hicieron cosas que la Ley de Caducidad sí habilitaba, como haber juzgado a los mandos superiores, a los civiles y a los delitos económicos. Lo que no se podía investigar ni juzgar era el tema de los desaparecidos, aunque eso no impedía buscarlos. Sin embargo, la impunidad fue tan impresionante que a pesar de eso no se hizo la búsqueda. Era una ley anticonstitucional porque el presidente decidía por sobre los tres poderes.

¿Cuándo se empezó a avanzar?

–Recién en 2005, con el gobierno de Tabaré Vázquez. Entonces sí se investiga a los mandos y la cuestión de los desaparecidos. Fueron presos Bordaberry, el presidente civil que dio el golpe y luego fue desplazado, y algunos militares. Se hizo un acuerdo con la universidad para que empezaran a buscarse los cuerpos; se avanzó mucho con eso. Pero la Ley de Caducidad seguía vigente y hubo pacto de silencio entre los militares de los altos mandos, no se produjeron resultados porque no se podía investigar sobre los desaparecidos. Fue un proceso complejo, se avanzó muy poco. Es algo que se mezcla con la política, tiene raíces políticas, pero no se logra una cultura de lo que es el Estado de Derecho y una sociedad en esos términos, por eso muchas veces las agendas se marcan por momentos electorales o políticos. Recién ahora la sociedad civil está remontando y tiene una fuerza mayor: comparando con la Argentina, siempre me pareció que la uruguaya es una sociedad más débil.

¿Y la izquierda uruguaya? ¿Cuál es su protagonismo en todo este proceso?

–Bueno, algunas cosas empiezan a pasar, las víctimas comienzan a reclamar sus derechos, a tener conciencia de la memoria; hay leyes reparatorias, todas muy tibias. El proceso es tibio pero igual algo se ha avanzado, aunque no en el caso de los desaparecidos. Ahí no se han puesto los medios que deben ponerse y los tiempos corren, los familiares están muy mayores y tampoco se le ha dado medios a la Justicia para que se especialice en esos temas. Hay mucho por hacer, por el rescate de la memoria constructiva, hacia adelante. Y hay una mezcla de temáticas que hace que ciertos políticos, incluso dentro de la izquierda, de alguna manera planteen la teoría de los dos demonios, desvirtuando el hecho de que una cosa es el Estado arrogándose el derecho de aterrorizar a la población violando todos los derechos humanos, y otra cosa es que personas particulares hagan tal o cual acto delictivo. Es un tema con el que hay que luchar mucho y en el que la izquierda también ha sido débil.

Pero surgió el fenómeno de los jóvenes.

–Sí. Un fenómeno nuevo en Uruguay, que continúa, y es la participación de la gente joven, los de 18 años. Las manifestaciones por el Sí fueron enormes. Para ellos fue una desilusión el haber perdido, pero igual siguieron y las Marchas del Silencio son de gente de 18 a 25 años. Obviamente, también participamos los mayores, pero es un acontecimiento muy importante el de los jóvenes involucrándose de esa manera. Y, finalmente, el 27 de octubre de 2011 el Parlamento aprobó la Ley 18.831, que calificó los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado hasta el 1O de marzo de 1985 como de lesa humanidad. La Ley de Caducidad nunca fue anulada ni derogada, pero los hechos legislativos ocurridos en 2011, como el desarchivo de los casos, su no amparo bajo la Ley de Caducidad y la votación en las cámaras legislativas, que impidió que las causas caduquen, determinaron que sus efectos fueran eliminados del ordenamiento jurídico del Uruguay. A partir de todo esto es que tenemos muchísimos casos en la Justicia y en la Corte Interamericana.

¿En qué situación está la búsqueda e identificación de desaparecidos?

–Eso es algo en lo que quiero rescatar a José López Maz, que está al frente del equipo de antropólogos forenses, y a la Universidad de la República, por el trabajo que están haciendo con el apoyo del gobierno del Frente Amplio que los llamó, aunque no tienen recursos. Los militares les dieron pistas falsas para desprestigiarlos, pero ellos siguen y encontraron dos cuerpos más: en total, hasta ahora, son cuatro, dos en el primer período de Tabaré Vázquez. Nosotros tenemos alrededor de 200 desaparecidos, muchos fueron secuestrados en la Argentina en el marco del Plan Cóndor. No hay nada más importante que el hecho de que los familiares cuenten con la posibilidad de buscar a sus desaparecidos, y tener justicia. Luego hay que mencionar todo lo que tiene que ver con la memoria, que es en concreto donde sentimos que desde la Fundación Zelmar Michelini podemos aportar más. Así, el año pasado en Montevideo organizamos el Seminario Dos Orillas entre Argentina y Uruguay, y hoy estamos haciendo este coloquio entre ambos países en el Centro Haroldo Conti.

¿Qué intentan impulsar a partir de estos encuentros?

–La humanización y la búsqueda de reflexión sobre lo que nos pasó, y el recuerdo y el reconocimiento a la resistencia, al coraje y a la solidaridad de tanta gente. Esas personas tuvieron nombres, ilusiones, amores, un novio, una minifalda, se pintaron los ojos; era gente joven. Pensando en los miles de desaparecidos acá en la Argentina y en los de nuestro país, hay que darle vida a todo eso. Y además tuvimos ideas, quisimos un mundo mejor... La fundación trabaja mucho desde el hoy. Nos parece que derechos humanos es también pelear por las condiciones en las cárceles, por la gente que todavía sufre pobreza. Es la construcción de derechos humanos y de ciudadanía desde el pasado y desde el hoy. Son las ideas de Zelmar Michelini llevadas adelante, con una visión optimista y constructiva.

VIOLENCIA SEXUAL Y LESA HUMANIDAD

Antonia Yáñez (63) es docente y secretaria de la Asociación de Amigos del Museo de la Memoria uruguayo, es militante del Partido Comunista (PCU) y fue detenida en 1975 y en 1981. En 1975 había sido apresada y juzgada por la justicia militar y civil, antes de la gran operación masiva contra el PCU que ocurrió en octubre de ese año.

“En el ’76 ocurren las muertes en Buenos Aires de compañeros que se habían asilado. La concepción de mi partido era quedarse y continuar la lucha en nuestro país, y así lo hicimos. En el ’77 cae mi marido; teníamos un hijo. Estar clandestina me impidió ir a verlo a él a la cárcel y estuve separada de mi hijo, que era criado por mis padres y mis suegros. En el ’79 y ’80 siguió habiendo caídas importantes: nosotros atribuimos nuestra caída posterior al plebiscito del ’80, al hecho de que se hubiera perdido; fue una represalia. Cayeron más de doscientas personas, hay tres compañeros desaparecidos. Uruguay tiene cuarenta y pico de personas muertas en la tortura y desaparecidas, recién ahora se pudo identificar a cuatro en total. Y después está el conjunto de personas desaparecidas en el marco del Plan Cóndor en la Argentina”, relata.

“Yo estuve en el centro La Tablada, en las afueras de Montevideo, donde hay cincuenta lugares que fueron centros de desapariciones y torturas. Junto a otros compañeros estuvimos seis meses desaparecidos y después nos llevaron a la cárcel de Punta de Rieles, que fue el presidio de todas las mujeres a partir del ’74. Nosotras estamos haciendo recién ahora las denuncias sobre las torturas, por ese proceso que significó llegar a considerar los delitos de lesa humanidad como imprescriptibles. Armamos un seminario sobre tortura y violencia sexual al que vinieron un fiscal y especialistas argentinos, e hicimos una denuncia de violencia sexual. Somos un grupo de veintiocho mujeres que nos fortalecimos y unimos en torno a esto, teniendo en cuenta lo que significan las denuncias y la exposición”, subraya. “Hay otras compañeras que estuvieron presas en la cárcel de Carmelo y decidieron plegarse a la denuncia.”

Y concluye que “en Uruguay las cosas fueron lentas y la política no siempre está a la altura de las necesidades de otro orden. Pero a partir de que ganó el Frente Amplio se pudo empezar a hablar, y el hecho de que haya militares y civiles presos marca una diferencia. El otro tema a destacar es la necesidad de que el movimiento popular y por los derechos humanos vaya ensanchándose. Claro, un gobierno abierto, progresista, también hace que una aspire siempre a más”.