“El 25 por ciento de las muertes maternas en América latina y el Caribe podrían evitarse tan solo con eliminar los embarazos no deseados.” A esta conclusión llegaron las expertas de la conferencia regional “La salud materna en América latina y el Caribe: la agenda inconclusa”, realizada la semana pasada en México y encabezada por el Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna (GTR) y la organización Women Deliver. Nuestra región sigue encabezando el registro más alto de muertes por aborto en el mundo. En la Argentina se practican unos 500.000 abortos anuales, la mayoría en condiciones inseguras, y cien mujeres fallecen cada año por esta causa, principal motivo de muerte materna.

Médicos por la Vida, una organización de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) con sede en la Argentina, más conocida por los pins “pies de bebé” que suele distribuir, pretendió desandar las urgencias al presentar en la provincia de Santa Fe una campaña para que los profesionales de la salud “ejerzan su derecho a la objeción de conciencia” cuando deban intervenir en casos de aborto no punible. Bajo el lema “la objeción de conciencia es un derecho, defender la vida es un deber”, los organizadores de la campaña proponen rechazar lo que entienden como “la presión ejercida tanto a nivel nacional y provincial para que los médicos realicen abortos” en el marco de lo que definen como “ilegítima guía de abortos no punibles”. El caballito de batalla común a las variopintas ong de la especialidad apunta a que los protocolos hospitalarios establecidos a partir del fallo de la Corte “violan la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño y la Ley de Derechos del Paciente”. Bajo este paraguas se estaría amparando la objeción de conciencia, en tanto “derecho reconocido” por la Constitución nacional y los tratados internacionales que firmó la Argentina y que garantizan la libertad de conciencia, de religión y de trabajo. El postulado, insostenible desde donde se lo observe, apuesta a profundizar una estrategia anterior de la Iglesia cuando a mediados de marzo, apenas conocido el fallo del tribunal supremo, el arzobispo de Santa Fe y presidente del Episcopado, José María Arancedo, manifestó a la agencia AICA que: “El aborto es la supresión de una vida inocente y no existe ningún motivo ni razón que justifique la eliminación de una vida inocente, ni siquiera en el caso lamentable y triste de una violación”. Y es en esta cuerda donde la campaña injerta su interpretación del juramento hipocrático, en contra de todo principio jurídico del derecho de las mujeres. “Claramente (el juramento hipocrático) expresa defender la vida desde la concepción hasta su muerte natural. La violación es una situación nefasta para la dignidad de la mujer, pero el aborto, es decir, el asesinato de una persona humana, no sólo perjudicará de por vida a esa mujer, sino que incluso los riesgos físicos y psicológicos pos aborto la pueden llevar a la muerte.”

En la misma sintonía, para hoy a las 20 está prevista una serie de charlas itinerantes sobre el aborto, continuando la recorrida en la catedral Nuestra Señora de la Asunción, de Lanús-Avellaneda. “El aborto, tenés derecho a saber la verdad” es el lema del encuentro organizado por La Merced Vida, una ONG “dedicada a la defensa de la vida desde su concepción”. La iniciativa tiene años de prueba, ensayo y error en actividades parroquiales de San Isidro, de donde es oriundo el grupo nacido al calor del apoyo de Jorge Cassaretto. “Acompañamos a las madres durante el embarazo, el nacimiento y el primer año de vida de sus hijos: económicamente, con contención psíquica y espiritual, haciendo el seguimiento médico.”

Indignación sacerdotal

Los equipos de Salud del gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, analizan por estos días las políticas y los modos de aplicación de la guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible, desde que la semana pasada un grupo de sacerdotes de la diócesis de Concordia y pastores de Iglesias cristianas firmaron una declaración reclamándole a Urribarri “la derogación del decreto” que aprueba la implementación de ese manual. El argumento expone con obviedad que la guía “viola derechos expresamente reconocidos” en las constituciones nacional y provincial.

La indignación sacerdotal se refiere a los contenidos de la resolución N° 974 del Ministerio de Salud entrerriano, que da curso a lo dispuesto por el fallo judicial. Advierten que “el derecho a la vida no es una cuestión de ideología, religión o recursos económicos, sino una extensión de la naturaleza humana; el Derecho Natural y todo nuestro sistema jurídico nos ordena NO MATAR (sic)”. A su entender, “el pueblo entrerriano” piensa por la opuesta. Ignoran los sacerdotes el activismo intenso de las organizaciones de mujeres y de las buenas prácticas ejercidas en los casos de abortos no punibles por las y los profesionales de algunos hospitales públicos de la región.

Los firmantes de la declaración ecuménica son los sacerdotes católicos Gabriel Dri, párroco de Santa Rosa de Lima, y Roberto Percara, párroco de San Isidro Labrador, además del diácono Pablo Méndez, y los pastores Fabián Hill, de la Iglesia Luterana San Juan; Fabián Pagel, de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, y Alberto Puerto, de la Iglesia Pentecostal de Santidad-Congregación Príncipe de Paz.

Para la misma fecha que los santafesinos, la Asociación Argentinos Alertas.org llamó a todo el país a enviar “cartas de repudio” al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, por saltear por un rato su postura pro vida y haber elaborado la guía provincial de procedimientos para aplicar en la asistencia de abortos no punibles. Le recuerdan al gobernador su otrora posición en diciembre de 2010, durante un evento organizado por la Red Salta, Familia, Vida y Educación, a partir de su ponencia “La defensa de la vida y la familia: política de Estado en Salta”.

Argentinos Alertas.org señala que, “durante su discurso, el gobernador Urtubey expresó su reconocimiento a los senadores y diputados nacionales que representaron al pueblo de Salta levantando la bandera de la familia y manifestó que ‘en esta lógica donde aparece el colonialismo cultural y trata de avanzar, de imponerse, los salteños tenemos un largo arraigo por nuestras costumbres: hoy sostenemos un núcleo duro de valores. Vamos a seguir defendiendo los derechos que consideramos inalienables’”.

Se crispan ahora por la flamante guía que aprobó la autoridad salteña, donde se estandarizan “los procedimientos clínicos y quirúrgicos para la realización de abortos no punibles dentro del sistema de salud”, cuando el embarazo provenga de una violación “con independencia de la capacidad mental de la víctima”. También se establece que “la objeción de conciencia es siempre personal y no institucional”, por lo que el hospital deberá en todos los casos garantizar la interrupción del embarazo.

“Lamentable”, concluye el comunicado de la ONG, que llama a los argentinos a escribirle cartas a Urtubey para rechazar la puesta en marcha del protocolo. “Nos encargaremos de recordárselo en la próxima elección. El gobernador Urtubey es ahora responsable por los bebés salteños que serán abortados como consecuencia de los ‘valores’ que una vez declamó, pero que ahora no abrazó.”

El origen

“No una vida sino dos.” Buscar el nudo más próximo de la cuestión invita a descubrir la Declaración de la 159ª Comisión Permanente del Episcopado Argentino, del 18 de agosto de 2011. En el texto se prenuncian las cartas que un año después se están jugando desde diferente ámbitos pro vida, en medio del debate que se viene en el Congreso del Código Civil, la implementación a mano cada vez más firme de los contenidos de la Educación Sexual Integral (ESI) en todo el país, y un consenso social creciente en torno del debate por la legalización del aborto seguro y gratuito.

Sostiene la declaración que “durante este Año de la Vida, hemos reflexionado sobre ella y la hemos reconocido como un regalo maravilloso que recibimos de Dios, y que hace posible todos los otros bienes humanos. También hemos observado con dolor situaciones sociales en las que no se está promoviendo el valor supremo de la vida (...). Junto con estos peligros nos encontramos frente al planteo del aborto. Queremos afirmar con claridad: cuando una mujer está embarazada, no hablamos de una vida sino de dos, la de la madre y la de su hijo o hija en gestación. Ambas deben ser preservadas y respetadas (...)”.

El respiro frente a tanto embate lo da la irrevocable e indubitable decisión del máximo tribunal, que se fundamenta en los tratados internacionales de Derechos Humanos y en la Constitución nacional, y establece con claridad que la práctica del aborto no es punible cuando el embarazo es producto de una violación y que las mujeres tienen el derecho a acceder a esta práctica en los servicios de salud, sin necesidad de autorización judicial. Fija lineamientos para que las autoridades nacionales, provinciales y municipales implementen y hagan operativos protocolos hospitalarios para la atención del aborto no punible. Y añade con un sentido lógico y humano sin margen para ideologías ni religiones ensombrecidas que, como resume la organización Católicas por el Derecho a Decidir, “la objeción de conciencia sólo puede ser individual, y no puede ser esgrimida para negar un derecho que debe ser garantizado por los servicios de salud”.