Por Roxana Sanda

El proyecto de ley que regula el ejercicio profesional de la obstetricia y que acaba de recibir dictamen de mayoría en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados pone en riesgo la continuidad de asistir partos domiciliarios. De aprobarse, las obstétricas sólo podrán ejercer la actividad en hospitales y/o instituciones públicas o privadas, previa inscripción en la matrícula. La iniciativa, elaborada por la diputada María Elena Chieno (Frente para la Victoria) y que cuenta con el asesoramiento y el aval del Ministerio de Salud de la Nación, abrió fuertes polémicas desde diferentes organizaciones de parteras y entre médicos y médicas con amplia experiencia en la atención del parto en casa. Si bien es cierto que el proyecto convalida numerosas prácticas que hacen al ejercicio de la obstetricia y a su independencia profesional, al final del camino borra de un plumazo el derecho de la mujer de parir donde, como y con quien quiera, cuestionando una vez más (y van...) la decisión autónoma, consciente y responsable sobre el propio cuerpo.

“Es un aspecto del ejercicio de la profesión que ha sido obviado en este proyecto en una polémica originada y ejercida desde ciertos ámbitos académicos y de funcionarios que diseñan políticas de salud pública, y que se fundan en numerosos prejuicios, presuntas estadísticas, cultivo del temor (cuando no del terror) e ignorancia de los procesos biológicos, fisiológicos, psíquicos y sociales que hacen a la construcción y satisfacción de la salud física y emocional de la madre y su correlato en el niño nacido o por nacer. Este aspecto intencionalmente soslayado, para sustraerse a la evidencia y sostener intereses que no se revelan por lo argumentado, es el de la capacitación para el ejercicio pleno de la atención planificada, cuidadosa del parto y el nacimiento en el domicilio”, considera el médico obstetra Carlos Burgo, miembro de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires (Sogiba), quien desde 1980 asiste partos en domicilio. “Y es ésta una prerrogativa que en un Estado de derecho debe velarse, aceptando de hecho una planificación consciente, con el consenso y consentimiento de los profesionales capacitados y de las parteras en primer lugar, con su capacidad de valorar eficazmente el cuidado de la salud. En esto va el reconocimiento de su capacidad de autonomía y saber para la atención del parto y el nacimiento de bajo riesgo.”

El proyecto, que todavía debe pasar por las comisiones de Legislación General y de Educación antes de bajar al recinto para su tratamiento, está redactado por “la positiva”, esto es que en ninguno de sus artículos deja explícita la prohibición de asistir partos domiciliarios, y sí precisa los ámbitos institucionales donde ejercer la profesión. “Lo que no se dice genera vacíos, y por tanto dudas y temores de cómo seguir”, cuestiona Marina Lembo, presidenta de la Asociación de Parteras Independientes, que integra la red Relacahupan. “Nos están quitando la libertad del ejercicio profesional y de poder trabajar en lo que somos expertas. Me apena que el nudo central y crítico se encuentre en una gran carga de prejuicios y desconocimiento por parte de algunas autoridades nacionales y de los propios legisladores y legisladoras que hasta ahora trataron el proyecto.”

En momentos de elevada medicalización del embarazo y el parto, “con alta incidencia de prácticas muchas veces innecesarias y resultados adversos en la asistencia del parto y el nacimiento –advierte Burgo–, se hace visible la fuga para adelante de numerosas mujeres, que frente a la hostilidad del sistema imperante de asistencia, deciden planificar su parto en su domicilio, y que merecen tener la oportunidad del reconocimiento de ser atendidas por parteras calificadas. Y no estigmatizadas unas y otras en un trato discriminatorio y violento”. Para el especialista, esas necesidades se confirman en la existencia de las leyes nacionales 25.929, de Derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento; 26.485, de Protección integral a la violencia contra las mujeres, y la 26.529, de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud.

La diputada Chieno, presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, y autora del proyecto que fue analizado y consensuado junto con autoridades del Ministerio de Salud, explicó que el nuevo texto reemplazaría la Ley 17.132, con setenta años de antigüedad sobre la letra sancionada, y advierte que esta iniciativa “saldría” por el reclamo de las organizaciones de obstétricas. “La actividad tendrá un ámbito de desarrollo perfectamente establecido. Con la vieja ley, tenían una función más limitada; ahora ampliamos su universo de trabajo. Podrán atender partos de baja complejidad. Las incluimos en los protocolos de las obras sociales, van a nomenclar su trabajo y van a poder facturarle a la obra social. En la actualidad son rehenes de los médicos, que les pagan montos arbitrarios.”

La nueva ley facultaría a las obstétricas a realizar algunas intervenciones que de por sí están naturalizadas desde hace décadas en los usos y costumbres de instituciones públicas y privadas, como brindar consulta a la mujer en las etapas preconcepcional, antenatal y puerperal; detectar precozmente el embarazo, controlar el embarazo de bajo riesgo en los tres trimestres de la gestación, controlar y conducir el trabajo de parto. “Cuando no se encuentre el profesional encargado de la recepción del recién nacido, asistir y reconocer los signos de alarma; brindar atención durante el puerperio inmediato y mediato, de bajo riesgo.” La novedad reside en que comenzarían a indicar e interpretar análisis de laboratorio y estudios complementarios para el control del embarazo y puerperio de bajo riesgo; practicar la toma para la detección de la infección por estreptococo B hemolítico; realizar e interpretar estudios complementarios de ayuda diagnóstica para evaluar la salud fetal en embarazos de bajo riesgo; realizar, interpretar e informar monitoreo fetal; evaluar situaciones de riesgo obstétrico; prescribir y administrar vacunas del calendario nacional y fármacos del vademécum obstétrico; realizar acciones de prevención, promoción y consejería en salud sexual y reproductiva; colocar el Dispositivo Intrauterino (DIU); brindar consejería para la detección precoz del cáncer cérvico uterino y mamario, y extender certificados de gestación, atención, descanso pre y pos natal, confección de historia clínica, así como expedir las órdenes de internación y alta para la asistencia del parto de bajo riesgo en todos los ámbitos, entre otros puntos.

Lo que se corre como una media es por qué frente a semejante batería de facultades en reconocimiento a la excelencia de las parteras con título universitario se les tabican los alcances para sólo poder “asistir el parto y el alumbramiento en entidades debidamente habilitadas” para tal efecto. Esta última limitación, apenas dos líneas en el texto de la ley podría leerse como un corte de manga para la minoría que elige parir por fuera de las instituciones y la que por necesidad, distancia física o cultural también pare en su domicilio. Es, en definitiva, un recorte a la autonomía de las mujeres.

Un derecho amenazado

“Las obstétricas deberán trabajar dentro de lo que es una institución de salud y con equipo interdisciplinario”, precisa Chieno. “Pero no van a estar autorizadas a hacer partos solas en un domicilio. No tienen las capacidades suficientes para enfrentar complicaciones en parto.”

¿De aprobarse esta ley, entonces, la práctica domiciliaria sería ilegal?

–No es ilegal, porque no estamos legislando sobre los partos ni estamos diciendo que el parto domiciliario es ilegal. Pero el Estado no se hace responsable de lo que se realice puertas hacia adentro, no puede ir casa por casa ni poner una ambulancia en cada puerta. El Estado se hace responsable por el binomio madre-hijo en una maternidad segura. En la Argentina tenemos 600.000 lugares habilitados para que las mujeres den a luz. Siempre es mejor el traslado a lugares seguros, donde se reduzcan los factores de riesgo. En una maternidad hay quirófanos, anestesiólogos, sangre segura en caso de hemorragia, una de las principales causas de muerte en circunstancia de parto.

Muchas organizaciones de parteras dicen que con la nueva legislación se las clandestiniza y por ende se las judicializaría. Por otra parte, las mujeres que desean parir donde, como y con quien quieren, consideran que se les está coartando la autonomía de decidir sobre sus cuerpos.

–Insisto, no es ilegal. A las mujeres les decimos háganlo donde quieran, pero la obra social no lo va a pagar. Creo que el reclamo de esos grupos es puramente económico. Quieren parto humanitario y pretenden que eso se los cubra la obra social. Pero en cuanto a las obstétricas, no pueden abrir clínicas, y si realizan partos domiciliarios pueden poner en peligro su título porque están haciendo algo para lo que no están capacitadas y porque no tienen autorización para hacerlo.

¿No consideran que se está vulnerando un derecho?

–Creo que todo esto se reduce al deseo de una élite, a una moda de ricos y famosos. No son la mayoría. Si en estos años bajamos el índice de mortalidad infantil, fue gracias a la institucionalización de los partos. La mortalidad materna tiene otros escollos en su descenso. El índice más duro de bajar tiene que ver con la situación social.

Suena contradictorio que si el parto domiciliario es un capricho de ricos y famosos, tenga alguna incidencia en los índices de mortalidad. En algunas regiones del país, sobre todo en el NOA, donde las instituciones sanitarias están alejadas, la presencia de parteras capacitadas es vital. ¿Qué sucedería en esos casos?

–Podrán intervenir los partos, pero siempre con la presencia del médico generalista del pueblo.

En el norte argentino, las mujeres que viven en zonas rurales tienen un promedio de cuatro a siete hijos cada una. Pese a que las ciudades principales cuentan con hospitales, ellas no siempre llegan al centro asistencial por imposibilidad económica, porque no pueden dejar a sus familias o por la costumbre y la confianza ancestral de dar a luz en sus casas, con la partera del lugar. Marina Lembo participó de campañas sanitarias organizadas por Salud, “en San Miguel de Tucumán, con rotaciones en el cerro y prácticas en el hospital provincial. Parte de mi trabajo era anotar fechas probables de parto para luego internar a esas mujeres. A las 34 semanas de gestación, la gente de Salud iba a buscarlas a los pueblos para que quedaran internadas en el hospital hasta que la criatura naciera y las mandaran de vuelta. Estaban hartas de estar ahí sin hacer nada, esperando parir y preocupadas por el marido y los hijos que quedaron en su pueblo. Hay un documental, Parteras del norte, ahí se ve muy claro esta cuestión de las distancias y las elecciones personales. Pero también reflejan que un parto no es un evento trágico”.

Tras asistir al debate del proyecto de ley, el 26 de junio pasado, en la Comisión de Salud de Diputados, la obstétrica y sexóloga Mirta Merino, integrante de la Asociación Civil Dando a Luz, manifestó su preocupación “porque cuando se afirma que las parteras sólo están habilitadas para la atención del parto normal en las instituciones públicas y privadas, se favorece una conducta adversa al riesgo profesional, lamentablemente muy común en nuestro sistema de salud. De esta manera se impide que las obstétricas asistan el parto donde sea que éste se produzca, por no quedar amparadas en la ley”.

Según datos de la Asociación, el 99,9 por ciento de los nacimientos que ocurren en la Argentina se producen en las instituciones, “pese a lo cual no ha descendido la tasa de la mortalidad materna en los últimos 30 años, cuyo mayor porcentaje se debe al aborto y a causas obstétricas directas e indirectas. Es decir que la mayoría de las mujeres mueren como consecuencia de un embarazo no deseado, una inadecuada asistencia de las enfermedades que pueden complicar un embarazo y una inadecuada atención del parto”. En el caso de ese 0,1 por ciento de mujeres que no fueron asistidas en las instituciones, sus partos fueron en la puerta del hospital, en la vía pública, en medios de transporte o porque parieron en sus hogares. “Esta última situación puede darse por dos causas”, señala Merino. “Porque decidieron no ir a una institución, sea por temor, por considerarla ajena a su cultura, porque esas mujeres ya fueron víctimas del maltrato institucional calificado como violencia obstétrica, según la ley 26.486, o porque no pueden acceder por su situación extrema de exclusión social.”

En la Argentina se producen 700.000 nacimientos al año, de los cuales más de 700 son por fuera de las instituciones, “¿cómo se piensa que el sistema llegue a esas 700 mujeres?”, se pregunta la médica obstetra Claudia Alonso, presidenta de Dando a Luz. “Considerando una política de reducción de riesgos y daños, las obstétricas son el recurso más idóneo, y si no se les permite asistir los partos donde sea que éstos ocurran, se expone a las mujeres a una asistencia que quedaría en manos de personas empíricas, no matriculadas y por lo tanto de mayor riesgo. Creo que negar la asistencia de obstétricas para esas mujeres acrecienta la inequidad del sistema.”

Durante los últimos ocho años, Carlos Burgo participó “en 400 partos y nacimientos planificados en domicilio con óptimos resultados, donde la labor de las parteras ha sido preeminente. Y el índice de cesáreas no llega al 10 por ciento, contra el 30-35 en el hospital público y más del 65-70 por ciento en la seguridad social”. La intención de resolver los problemas de salud perinatal “a través de una política de megamaternidades se da de narices con la existencia hacia adentro del sistema de toda la problemática de morbimortalidad emergente, consecuencia del alto nivel de intervención médica observada a diario”. Otro especialista de renombre, Fernando Althabe, consideró en una entrevista anterior con este diario que la baja participación de parteras incide en el nivel creciente de la práctica de cesáreas. “En los países en los que las parteras tienen un rol protagónico, como en el Reino Unido, Holanda y países escandinavos, se reduce notablemente el índice de cesáreas. En la Argentina los partos están muy medicalizados y las parteras actúan como enfermeras.”

La diputada Adriana Puiggrós adelantó la posibilidad de que preste su voto favorable cuando el proyecto sea tratado en la Comisión de Educación que preside. “Porque por un lado actualiza y amplía las facultades para el ejercicio de la obstetricia, pero también estoy plenamente a favor de que las prácticas obstétricas sólo se realicen en instituciones seguras.” Puiggrós cuestionó el parto domiciliario “porque no lo recomiendo. Conozco casos que han salido mal” y “porque creo en la ciencia. Se argumenta una necesidad de cuidar las creencias de culturas originarias, cuando en realidad esto parte de sectores con poder adquisitivo. Me pregunto desde dónde se defienden esos derechos. Yo los defiendo desde la ciencia: debemos proteger a la mujer y al niño por nacer”. Aún están por verse los pasos previos en la Comisión de Legislación General, donde algunas legisladoras y legisladores evalúan emitir un dictamen de minoría, por las reservas que les genera el nuevo y recortado alcance del ejercicio obstétrico.

La actriz, docente y directora Lila Monti fue mamá de Juana hace seis meses. Ocurrió en su casa, junto a su pareja. Un año antes, la idea le hubiera resultado impensable. Por nada en particular. Sólo impensable. “Elegimos parir en casa cuando ya llevábamos siete meses de gestación. Partimos desde un lugar en el que queríamos un parto humanizado, pero el parto domiciliario no era, para nada, una opción. Pensábamos que era cosa de locos, que implicaba riesgos, que era inseguro... Pero en el camino nos informamos, leímos, escuchamos, preguntamos, compartimos experiencias de otros y elegimos, con mayúsculas, de verdad y muy concienzudamente, que el mejor lugar para que Juana naciera era nuestra casa, acompañados por un buen equipo. Espero que las legisladoras y los legisladores hagan el mismo camino que nosotros. Espero que lean, que se informen, que escuchen. Y que entiendan, finalmente, que si aprueban esa propuesta de modificación de la ley de partería van a estar mutilando el derecho y la libertad de muchos de nosotros a elegir dónde y con quién parir, sólo por prejuicios y desinformación.” Lila cree firmemente que, “como en Holanda, los partos hospitalizados sólo deberían ser autorizados en los casos en que fuera probadamente necesario. Que, en todos los demás casos, los nacimientos deberían ser atendidos en los domicilios. Podría decir que los hospitales están hechos para sanar enfermos y que el embarazo no es una enfermedad, sino un proceso vital que sólo en algunas ocasiones requiere de la intervención médica. Podría decir eso y no estaría tan loca, si no fuera porque me estaría metiendo con la decisión de otras de parir a sus criaturas dentro de instituciones. Y ellas, al fin y al cabo, tienen tanto derecho a elegir como nosotros. Que cada cual pueda ejercer su libertad de elección pariendo donde y con quien quiera”.