Entre las 3 y las 5 de la mañana, en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, nació la beba. La pequeña madre está bajo tratamiento psicológico y en observación médica, al igual que la criatura, que pesó tres kilos al nacer, pero su familia parece conforme porque el Estado provincial le otorgó una vivienda más amplia que la que habitan en el pueblo de General Campos y que le entregarían esta semana. El director de Rehabilitación y Reparación de Derechos del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Entre Ríos (Copnaf), Daniel Cottonaro, dijo a este suplemento que “el caso no tendría que haber llegado a la judicialización”, en tanto organizaciones locales que reclaman por la aplicación del protocolo de atención de abortos no punibles siguen esperando una audiencia con el ministro de Salud, Hugo Cettour, para solicitarle la adecuación de esa guía a las necesidades de la provincia. Por la contraria, trascendió que grupos antiderechos pudieron reunirse con el funcionario, el mismo que en su momento dijo en una entrevista en Radio 10 que “una vez que la niña tuvo su primera ovulación, está en condiciones físicas para sostener un embarazo. La naturaleza es sabia, la menstruación prepara al cuerpo. Quizá habrá que tener cuidados al momento del parto y programar una cesárea”. El día del nacimiento, la organización Argentinos Alerta colgó en su portal de Internet la frase “la vida se abrió paso una vez más”. Para sus editorialistas, la niña no sufrió una violación, sólo “mantuvo relaciones con un joven”.

La médica obstetra Carolina Comaleras, integrante del Consorcio Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Conders) de Entre Ríos, una de las organizaciones que desde un primer momento tomaron intervención de denuncia de la situación, explicó que si bien “nuestro objeto de crítica inicial fue el juez Raúl Eduardo Tomaselli, que judicializó el caso, creemos que la madre de la niña fue presionada, sobre todo desde el ámbito de la salud, al asegurarle que no corría riesgo la vida de su hija. Pero también sufrió mucha presión mediática y emotiva. Hubo grupos antiderechos que le hicieron la psicológica para alejarla de su decisión inicial, el pedido de interrupción del embarazo”.

La familia es oriunda de General Campos, un pueblo de 3000 habitantes, a 45 kilómetros de Concordia y 220 de Paraná. En enero, la madre, de 27 años, y una tía de la niña la llevaron al Hospital Regional San Miguel, de la localidad vecina de San Salvador, por los fuertes dolores abdominales que sentía y porque desde hacía unos meses no menstruaba. Tras la revisación médica y la confirmación de un embarazo de 12 semanas, la mujer solicitó la práctica de un aborto no punible, pero el director del hospital, Juan Arletaz, se negó a realizar la interrupción del embarazo y le dijo que hiciera las denuncias policial y judicial. La familia radicó, entonces, una denuncia por abuso sexual contra un adolescente de 17 años, primo de un vecino de la abuela de la niña, y elevó el pedido de aborto no punible ante el Juzgado de Familia de Concordia, a cargo durante la feria judicial de Tomaselli, “quien relativizó la importancia del pedido y dijo que había que ver si le daban los plazos para resolverlo. En definitiva, falló tardíamente a favor de la práctica de interrupción del embarazo”, se lamentó Comaleras, y remarcó que “tanto el Código Penal como el Protocolo para la atención integral de personas víctimas de violaciones sexuales y la Guía técnica de atención integral de los abortos no punibles, recientemente normativizadas por el Ministerio de Salud de la Nación, establecen criterios claros para la intervención médica en casos de embarazos no punibles”.

Desde el Hospital Masvernat, su director, Orlando Elordi, había informado que un comité de obstetras y un grupo de pediatras “examinaron a la niña y concluyeron que está perfectamente bien”. Cuando la periodista Mariana Carbajal le pidió su opinión personal sobre el tema, durante una entrevista para este diario, Elordi respondió que “es una nena con aspecto de nena. Aunque es bastante grandecita, pesa 45 kilos. Pero no tenemos que olvidarnos que tiene 11 años. Si la Justicia así lo ordena va a tener un embarazo normal, pero ella no va a tener noción de la maternidad. Pienso que para ser madre es muy chica. Pero no entro en la cuestión legal”.

Sin embargo, para Comaleras la barrera inicial de esta cadena de obstáculos “fue la abogada que representó a la madre de la niña”, María Susana Benítez, “que hizo el pedido de aborto no punible, iniciando una judicialización que no debería haber existido si se hubiese cumplido con lo que establece el artículo Nº 86 del Código Penal, que estipula claramente que en una situación de violación y embarazo es permitido el aborto por ley en la Argentina desde 1921”.

¿Cómo tendría que haber procedido el juez?

–Tendría que haber dicho que en ese caso la Justicia no puede ni debe intervenir, porque se trata de un acto médico que debe resolverse en el hospital.

Las autoridades del hospital y de Salud provincial argumentaron que se trataba de un embarazo avanzado.

–Cuando se presentó en el hospital, la niña cursaba la semana 12: la interrupción del embarazo era absolutamente realizable y con mínimos riesgos. Esto está documentado en el sitio del Ministerio de Salud de la Nación, donde figura la línea de atención de abortos no punibles. Allí se detalla el marco jurídico y legal que protege a las/os profesionales de la salud, y se aborda el aspecto médico de cómo intervenir sobre un embarazo menor a 12 semanas y mayor a ese período.

¿Qué falló?

–Todo. Pero el gran responsable es el sistema de salud, porque cuando la nena es derivada al Hospital Masvernat tampoco asesoran a la madre acerca de los derechos que asisten a su hija, con un embarazo reciente y con la posibilidad de que se le practique un aborto no punible. Ahora, madre e hija volvieron al pueblo en una situación muy violenta para ambas. ¡Sigue siendo una niña de 11 años! Cuando según el calendario de vacunación debería recibir su primera dosis de la vacuna contra el HPV, ya está teniendo un hijo. No es ni una niña madre, ni una madre adolescente precoz que quedó embarazada: es una niña víctima de una violación y producto de esa violación quedó embarazada.

Estadísticas

Un relevamiento del Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná, centro de referencia en la provincia, elaborado entre enero y mayo de este año, registró 1137 nacimientos en ese centro, de los cuales 748 fueron partos de adolescentes de entre 13 y 19 años, es decir, un 66 por ciento. El jefe del Servicio de Maternidad del hospital, Miguel Angel Coniglio, confirmó que “de las 389 cesáreas practicadas, en general un 22 por ciento fueron realizadas a adolescentes. En años anteriores la cifra ascendía al 27 por ciento, lo que significa que los planes de salud que bajan desde Nación son muy importantes, pero todavía falta mejorar en dos patas fundamentales como la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas y el diálogo dentro de las familias”.

El informe habla de “las pacientitas”, para recordar que “no es aconsejable” que las niñas lleven adelante un embarazo “en pleno proceso de formación. No sólo en el desarrollo sexual sino también en el físico”, señaló Coniglio. “Muchas veces no tienen la pelvis preparada, por ejemplo, para parir un bebé de 3,250 kilogramos, que es el promedio de peso que tenemos registrado.”

Comaleras sostuvo que “es preocupante el desconocimiento de los métodos anticonceptivos y la falta de educación sexual en la práctica cotidiana, y ni hablar de la escuela privada. Todos los días atiendo a jovencitas embarazadas en la consulta y percibo un gran desconocimiento. Por otra parte, en las escuelas públicas la ESI no está planteada en forma transversal ni figura en la currícula, sólo se dan talleres cada tanto. El tema no está instalado, es aleatorio”.

Todos en tratamiento

El director de Rehabilitación y Reparación de Derechos del Copnaf, Daniel Cotonaro, es el encargado de coordinar el acompañamiento de la niña y su familia desde ese organismo, que estableció el contacto al inicio del caso. “Al principio nos acercamos a la madre, pero no pudimos hacer lo mismo con la niña, porque se encontraba shockeada y había que ser muy cautelosos en el trato.” Hoy, la intervención del Copnaf consiste en un seguimiento interdisciplinario de toda la familia, y una serie de acciones articuladas con el área de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que incluye la adjudicación de una vivienda, asistencia económica a través del Plan Nacer y la tramitación de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

“El municipio les otorgó por ordenanza un terreno y una vivienda en General Campos, para que vivan allí la nena y la beba junto con la madre, que tiene otro hijo pequeño con su actual pareja. Esta semana se les estaría entregando la vivienda.” En cuanto al adolescente de 17 años que cometió la violación, el funcionario confirmó que el delito que se le imputa es el de “abuso sexual con acceso carnal” y que después de permanecer internado durante 40 días en un centro privado de Paraná, donde se le realizó una serie de estudios psicológicos, volvió a su casa de San Salvador “con una medida de protección, y revinculado con su familia”. El fiscal Juan Malvasio, a cargo de la causa, expresó que “la única prueba que resta por producir es el análisis genético para establecer si el menor imputado es el padre de la criatura que acaba de nacer”.

Cuando se detectó el embarazo, la niña rogó a su madre y a los primeros médicos que la atendieron “volver a ser como antes”. Por estos días recibe un apoyo psicológico que sería contraproducente suspender, se le realizan chequeos médicos periódicos y también comparte el control pediátrico con la beba en el Hospital Masvernat. Algunas fuentes, incluso, dejaron saber que el violador “se interesó por la recién nacida y estaría dispuesto a trabajar” para mantener a la nena abusada y a la hija producto del abuso que perpetró.

¿Cuál es su opinión sobre este caso?

–Mi visión personal es que todo esto no debería haber sucedido. Este caso no debió haberse judicializado. Los plazos legales jugaron en contra de la intervención. Y ya sabemos que cuando se judicializa es perjudicial, porque entran a correr plazos que complejizan todo. Esto va más allá de toda discusión. Si en ese momento la provincia hubiese contado con el protocolo de atención integral de los abortos no punibles con la adecuación establecida por la Corte Suprema de la Nación (N. de la R.: toda mujer violada tiene derecho a solicitar esa práctica en el sistema de salud sin necesidad de judicializar el caso, y los médicos tienen un plazo no mayor a diez días para efectuarlo), no tengo dudas de que este caso hubiera tenido un final diferente.

La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (Feim) presentó esta semana en el Senado de la Nación el informe “Beijing+15. Igualdad de género: de las palabras a los hechos”, donde se evalúan avances y obstáculos en la Argentina para el cumplimiento de las metas acordadas en la 4ª Conferencia Internacional de la Mujer. El trabajo, realizado con el apoyo de ONU Mujeres, analiza las áreas de salud, violencia y participación política. Mabel Bianco, directora de Feim, indicó que, en salud, el informe destaca “la sanción de leyes como las de Salud sexual y reproductiva, Anticoncepción quirúrgica y Educación sexual integral, pero la brecha entre lo que la ley señala y lo que en sus vidas experimentan mujeres y niñas aún es grande y debe reducirse”. Para Bianco, el caso de la niña de General Campos es un reflejo exacto de esas observaciones.

“Cuando el ministro (Cettour) hizo ese comentario tan desafortunado, no agregó que además había que someterla a una cesárea porque no tenía una pelvis lista para un parto natural. Es evidente la barbaridad que han cometido. Va a ser muy difícil que esa niña pueda seguir estudiando porque tiene que cuidar a la criatura o salir a trabajar. Si esa familia viviera en Santa Fe, habrían logrado la interrupción del embarazo, y eso porque independientemente del nivel socioeconómico, según la provincia donde vivas tendrás la suerte o no de resolver lo que te suceda.”

El informe apunta precisamente a la segmentación del sistema de salud y a “su ineficacia para atender las necesidades sanitarias de mujeres y niñas”, con opuestos gruesos por jurisdicción. “Preocupa la implementación heterogénea de las leyes en cada provincia. Por caso, aún persisten diferencias enormes en el campo de acceso a la ligadura de trompas y en los servicios para adolescentes, donde no las atienden si no las acompaña un mayor. Si existen leyes y protección de derechos sexuales y reproductivos, deben aplicarse por igual en todo el territorio nacional. El Ministerio de Salud no tendrá efectores en las provincias, pero es el responsable de las políticas, y si la madre de esa niña hubiera hecho un juicio, el gobierno nacional habría tenido que responder, porque su compromiso es con todo el país.”

La gran discusión es el acceso a la práctica de abortos no punibles.

–En esta política estamos prácticamente estancadas. Los dos protocolos de la cartera de Salud, de aborto no punible y de violencia sexual, no se habían ratificado por resolución en el Boletín Oficial y todavía hoy no se aplican en todo el país. Con el fallo de la Corte Suprema y el Protocolo de atención integral para los abortos no punibles pasa lo mismo: en la medida que el ministro (Juan Manzur) no convoca ni activa nada, cada una/o hace lo que quiere o puede.