La Cámara del Crimen resolvió ante una denuncia que la prostitución ejercida voluntariamente en un ámbito privado sin que exista trata ni explotación de personas es una actividad no punible. No puedo dejar de pensar que, a pesar de las leyes y ordenanzas aprobadas, lo que vemos en nuestro país es una cultura que no puede frenar la naturalización de costumbres violentas, que varían de acuerdo con el lugar, pero que obturan cualquier impronta de cambio que las leyes pretendan modificar. Vivimos una modernidad vulnerable a la tradición patriarcal que admite, en silencio, la doble moral con la cual permanece en tensión.

La ambivalencia de este tipo de leyes, que se pretenden modernas, contractuales e igualitarias, es que permanece con los pies de barro profundamente hincados en el sistema del status quo, donde no hay una discusión verdadera sobre problemáticas que conciernen a nuestro género.

Me hubiera gustado que este fallo, además de reafirmar lo que ya establece nuestra ley de profilaxis (que no persigue el ejercicio y consumo de la prostitución si es aceptado por ambas partes), avance en una legislación que no borre una mirada crítica hacia el consumidor de prostitución y permita debatir si esta actividad es una salida laboral válida y sana para las mujeres.

Es cierto también que según la ley el Estado castiga y persigue al que explota, es decir, al que lucra sin ser parte de este supuesto acuerdo, por eso están prohibidos los prostíbulos en nuestro país. El Estado, en el marco abolicionista, no considera punibles los acuerdos entre personas mayores de edad, pero eso no implica que sea permitido y alentado. En todo caso, nuestro país protege a las víctimas de estos acuerdos, ya que deja una zona “de posibilidades” abiertas.

Ante la complejidad del tema me preocupa que estas decisiones de la Justicia no vayan acompañadas de una mirada crítica hacia el consumidor que, si bien no es necesariamente del orden penal, podría plantear como contraparte una propuesta educativa o publicitaria. Lo que está en discusión, además de lo lícito, es si el ejercicio de la prostitución es una elección laboral, y no una opción de supervivencia, y si la moralidad de los consumidores no afianza las raíces patriarcales que reproducen las economías de poder donde el status se infiltra en el contrato y en la ley ciudadana.

Es posible afirmar que el sistema no se reproduce automáticamente ni está predeterminado a reproducirse como consecuencia de una ley natural, sino que lo hace mediante un repetitivo ciclo de violencia avalado por leyes. Creo que deberíamos trabajar desde todos los ámbitos sociales, incluida la Justicia, para afianzar la idea de que lo legal y lo moral es que exista el afecto y amor en la sexualidad y no la cosificación de un servicio.

* Feminista, historiadora, ex diputada nacional de la Coalición Cívica (CC) y miembro de la Agenda de Género CC.