Por Juliana Marino*

Nuestra dignidad como personas y ciudadanos se alcanza verdaderamente cuando a través de los derechos consagrados en la letra –elegir y peticionar a las autoridades, acceder al trabajo, la educación, la salud, la vivienda, etc.– somos incluidos en el tejido social: una red, sutil y compleja, severamente dañada por una década de recetas neoliberales que supeditaron muchos de nuestros derechos al “derecho del mercado” y produjeron un fenómeno de exclusión sin precedentes signado por la debilidad del Estado.
El gobierno del presidente Néstor Kirchner ha iniciado un camino auspicioso, que recupera la noción de sentido para nuestro país. En el centro de la razón de ser de la acción política vuelve a estar el ciudadano decepcionado con frecuencia por promesas electorales incumplidas que por primera vez en mucho tiempo comienza a percibir que es escuchado e interpretado.
Es en este contexto que me atrevo a poner en debate las elecciones que restan realizarse en la Argentina, para ocupar los cargos de gobiernos y legislaturas tanto provinciales como locales, y las bancas de diputados nacionales.
La fragmentación de los partidos mayoritarios, su crisis de identidad y la ausencia de actualizaciones y líneas orientadoras someten a una gran soledad a sus militantes y dirigentes, y les han acarreado la repulsa social por su subordinación a intereses antes que a idearios. Por eso entiendo que en estos tiempos es más probable el efecto aglutinador y ordenador que la acción del gobierno nacional pueda producir en los partidos, que los cambios que pueda lograr la dinámica interna de sus estructuras obsoletas. De ahí que considere de una enorme vitalidad la conformación de frentes plurales que, a diferencia de aquellos de ocasión, se liguen por objetivos comunes expresados con claridad frente al ciudadano.
En este sentido, como peronista que ha adherido tempranamente al proyecto presidencial de Kirchner, creo ser fiel a estas concepciones integrando la lista de diputados nacionales de la coalición Fuerza Porteña liderada por Aníbal Ibarra.
El Gobierno iniciado el 25 de mayo pasado abrió una etapa de refundación de los valores políticos y sociales con que se propone regir la Argentina, y que están constituyendo piezas clave en el camino de cohesión social que es necesario recorrer para tomar decisiones trascendentes que proyecten un destino y desarmen la trama jurídica, política y económica más perversa que hayamos podido prever o detener.
Si un conjunto mayoritario del pueblo argentino parece estar comprendiendo la necesidad de derrotar al neoliberalismo. Si están a la vista las consecuencias letales que ha producido. Si hay una conciencia renovada y un clima propicio para encarar la batalla por instituciones leales a sus fines (Aduana, PAMI, como casos emblemáticos). Si se vislumbra una resolución en la política de Derechos Humanos y de condena a los casos de corrupción.
Si logramos comprender que habremos derrotado un modelo nefasto cuando nos convenzamos de que es posible hacerlo siempre y cuando todos pongamos nuestra barbas en remojo en lo que corresponda. Si esto es así, hay como peronistas una sola opción en la ciudad. “Ningún hogar pobre en la Argentina” reza nuestra consigna. Está bastante claro, aun cuando haya peronistas en la propuesta del candidato empresario, que el peronismo, para serlo, no debería tener nada que ver con los responsables de la decadencia argentina y que hay hoy todavía una oportunidad para asociarlo a los mejores dirigentes y a las mejores causas.
La coherencia es también una demanda social justa y evidente del ciudadano, contraria al travestismo político y al oportunismo, razón por la cual es fundamental que los dirigentes nos sometamos a su consideración, estableciendo con claridad las razones de nuestros alineamientos y favoreciendo reformas políticas que democraticen la toma de decisiones.
Democratización que en nuestra ciudad significa mantener su propuesta de políticas sociales para integrar a una ciudadanía herida por enormes desigualdades que, vale recalcar, no pueden revertir quienes reducen el manejo de la “cosa pública” a una cuestión de gerenciamiento empresarial ni tampoco los fundamentalistas del ajuste. Buenos Aires debe continuar políticas de integración ya comenzadas con el área metropolitana y con importantes ciudades latinoamericanas, amén de establecer al más alto nivel de decisión su integración a la propia nación, obteniendo su autonomía plena y ofreciendo, como ya lo ha hecho, una enorme capacidad de solidaridad con el conjunto del país.


* Legisladora de la Ciudad.