Argentina tiene el doble de mortalidad materna que el Uruguay. Tiene un compromiso con Naciones Unidas de bajarla para el 2015 pero no puede cumplir. Y la primera causa de los fallecimientos en el embarazo, parto o puerperio son los abortos clandestinos, igual que Trinidad y Tobago o Jamaica. A diferencia de otros logros nacionales, la consecuencia de la falta de abortos seguros, legales y gratuitos pone a nuestro país en rojo en relación con Latinoamérica.

“Cuando se compara la mortalidad materna con la de otros países, especialmente de América latina, Argentina tenía y continúa teniendo una cifra elevada (40 muertes por cada 100.000 nacidos vivos), y a diferencia de otros países que lograron disminuirla en los últimos decenios nuestro país no logró un descenso significativo ni similar. Chile y Uruguay tienen una mortalidad materna hasta tres veces menor que Argentina: 19,8 y 15,0 respectivamente, según datos de alrededor del 2005”, marca la Fundación Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM).

Pero, a pesar de tener cifras en rojo, que se traduce en mujeres desangradas por abortos clandestinos y a veces –muchas menos veces de lo que duele una hemorragia o una lesión que genera infertilidad o el miedo solamente–, a veces está la muerte. Sin embargo, este año no se trató el proyecto de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso nacional. La noticia de la no noticia es más significativa si se tiene en cuenta que en los últimos años se pudo tratar el matrimonio igualitario, la muerte digna, la ley de identidad de género, la fertilización asistida y otras normas en donde Argentina es pionera, pero el aborto..., el aborto no.

A principio de año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia para que se cumplieran con los abortos no punibles estipulados por el Código Penal desde 1921 (los casos de violación, de peligro en la salud o vida de la madre y los embarazos inviables) y pidió que se generaran regulaciones para poder llevarlos a cabo. El viernes pasado la Legislatura porteña aprobó una ley, pero ya se teme que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, la vete y se vuelva a obstaculizar un derecho del siglo pasado.

“En la Ciudad de Buenos Aires logramos que se sancionara la ley pero no sabemos si Macri la va a vetar o promulgar. Entiendo que debería respetar la voluntad democrática del cuerpo, cumplir con el mandato de la Corte y poner a resguardo a las niñas, adolescentes y mujeres”, sostiene la legisladora María José Lubertino. A ella la amenazaron con denunciarla ante el Inadi y apartarla de la Comisión de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones por decir “saquen los rosarios y las kipás de nuestros ovarios” en Twitter. Lubertino cree que es una “tentativa de linchamiento mediático” para callarla. “Se trata de correr a las verdaderas víctimas, que son las mujeres violadas, del centro de la escena y convertir a los victimarios (los sectores fundamentalistas religiosos) en víctimas”, opina.

En Uruguay, en cambio, tiene que volver al Senado una iniciativa que despenalizaría definitivamente el aborto después de la aprobación de la norma y del veto del ex presidente Tabaré Vázquez en el 2008. ¿Qué coletazos traería el efecto charrúa? El médico y senador por el Frente Amplio Luis Gallo Imperiale analiza: “La repercusión en la Argentina que puede tener la despenalización del aborto que vamos a cristalizar en ley la próxima semana va a estar condicionada en cómo la opinión publica está posicionada con respecto al tema y a las mayorías parlamentarias”.

De este lado del charco, Marta Alanis, integrante de Católicas por el Derecho a decidir y de la Comisión de Articulación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, compara: “El proceso que está logrando Uruguay con la despenalización del aborto impacta, sin duda alguna, en la región, porque nuestros pueblos están hermanados en las buenas y en las malas. Hemos compartido la era de las dictaduras con muchos países de la región y ahora estamos compartiendo procesos despenalizadores, con mayor apertura, con mayor integración regional y esto hace efecto dominó. Además, le estamos diciendo a nuestro Parlamento que miren a Uruguay y que se puede avanzar con este tema sin que se caiga el mundo. Es el debate que se viene”. También Natalia Milisenda, abogada patrocinante de Católicas por el Derecho a Decidir, cree que nos puede salpicar la libertad del otro lado del río. “La media sanción del proyecto de ley que despenaliza el aborto dentro de los tres primeros meses en Uruguay es una buena señal que contribuye a la discusión sobre el derecho al aborto de las mujeres en la región latinoamericana”.

La médica Mabel Bianco, de FEIM, tiene una cuota de optimismo: “Creo que influirá en la opinión publica y en los medios de comunicación porque estamos siempre muy próximos”. Pero también es pesimista: “Lamentablemente no creo que impacte en quienes toman decisiones, como el ministro de Salud (Juan) Manzur y los diputados y senadores nacionales, que deberían contagiarse de los uruguayos y tratar los proyectos de ley que están olvidados en ambas cámaras. ¡Las mujeres estamos esperando esto!”