El paradigma abolicionista

Por Daniela Portas

“Mientras que en algunas provincias impulsan medidas en contra de la explotación sexual, siguen regulando la prostitución callejera con códigos de faltas y normativas represivas, condenando a la persona que ejerce la prostitución. ¿Esto no es subestimarnos como ciudadanas?” La pregunta fue realizada por Graciela Collante, de Ammar Capital, y desencadenó un aplauso. Sucedió en el marco de la presentación del Frente Abolicionista Nacional (FAN), realizada el viernes 27 de septiembre en el salón de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba).

El FAN lucha por la abolición del sistema prostituyente en nuestro país como parte de la erradicación de la desigualdad de género. El paradigma abolicionista comprende que la prostitución es una situación de violación de derechos humanos y que no puede ser considerada trabajo. En este sentido, aparece como una tercera vía opuesta al reglamentarismo, que brinda un marco legal a la prostitución (dispone la inscripción obligatoria de las personas prostituidas en un registro especial –persigue a las que no están registradas–, impone exámenes médicos periódicos y, en términos generales, organiza la prostitución como un trabajo), y al prohibicionismo, que penaliza la prostitución y, como denuncia el FAN, “iguala responsabilidades y niega las relaciones de poder propias del sistema prostituyente”.

El encuentro contó con la presencia como oradores de Lohana Berkins, dirigente de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Alitt); Magui Bellotti, abogada feminista; Alberto Illief, coordinador de la Red Abolicionista, y la ya mencionada Graciela Collante. Illief inauguró la mesa de debate y definió algunos de los preceptos fundamentales del FAN: “Un hito importante para nosotros es el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena, elaborado por Naciones Unidas en 1949 como una Carta de Derechos Humanos. En la prostitución, y en el mal que la acompaña que es la trata, el bien tutelado es la dignidad humana, que es aquello por lo cual todos los humanos nacemos humanos y jamás podemos ser despojados de esa condición”. Aquí reside uno de los puntos fundamentales de la discusión, porque uno de los argumentos que habitualmente utilizan quienes apoyan el paradigma reglamentarista es el de la voluntad, la diferencia entre las personas que son sometidas a la prostitución contra su voluntad y aquellas que deciden de forma autónoma prostituirse. El FAN sostiene que esa discusión es irrelevante cuando se está hablando de violaciones a los derechos humanos.

Una de las acciones más importantes y urgentes que el FAN propone llevar a cabo es conseguir que la Cámara de Diputados sancione el proyecto de ley que el Senado aprobó el 31 de agosto del 2011. Dicho proyecto consiste en “una reforma que restablece el paradigma abolicionista. Nuestra legislación interna adquiere rasgos prohibicionistas a veces, reglamentaristas otras, y en el caso de la ley actualmente vigente yo diría que es prerreglamentarista. Digo esto porque distingue dos tipos de situaciones. Una, cuando las personas son menores de 18 años o cuando siendo mayores han sido objeto de violencia o amenaza o abuso de una situación de vulnerabilidad o distintas formas de coacción. Y otra, cuando no se puede probar que esa persona mayor de 18 años se encuentre en estas circunstancias. Es prerreglamentarista porque deja ciertas formas de proxenetismo o de trata fuera del campo penal”. Luego, Bellotti repasó algunos de los puntos clave de este proyecto de reforma de la ley actual. “La reforma establece que los tres delitos de proxenetismo, rufianismo y trata se configuran por la sola acción de quienes promueven la prostitución ajena, quienes explotan económicamente la prostitución ajena, y quienes –y éste es el delito de trata– captan, trasladan o transportan y acogen o reciben personas con fines de explotación. En esta reforma, no hay que probar que la víctima no consintió. Esto forma parte del paradigma abolicionista y dice claramente que el consentimiento de la víctima no se tendrá nunca en cuenta”, remarcó.

Ahora bien, el FAN no solamente plantea la necesidad de abolir el sistema prostituyente, sino que destaca la contraparte ineludible de este proceso: la asistencia a las víctimas para la restitución de sus derechos y su reinserción social. En este sentido, la reforma a la ley incluye avances significativos. Como explicó Bellotti, “la reforma habla de derechos económicos, sociales y culturales. Incluye el derecho a la educación, a la capacitación laboral, a la ayuda en la búsqueda de empleo, etcétera. Y establece que la asistencia se extiende hasta el logro efectivo de las reparaciones pertinentes, a diferencia de lo que sucede actualmente, que la asistencia se brinda hasta el momento en que la víctima presta declaración testimonial”.

El testimonio de Lohana Berkins, dirigente de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Alitt), fue contundente: “El 99 por ciento de nuestra comunidad tiene que sobrevivir de la prostitución. Lo que no tienen en cuenta es el fuerte impacto que tiene sobre nuestros cuerpos ser atravesadas desde muy niñas por la prostitución. No se ve la estructura a la que constantemente somos sometidas”. Berkins insistió en remover los términos en los que usualmente se dan algunas discusiones, que nacen del desconocimiento y se nutren de lugares comunes: “Muchas veces se da el debate en una antinomia falsa, si es un trabajo, no es un trabajo. Y nuestras voces no son lo suficientemente escuchadas. Una de las cuestiones que a mí me empezó a paralizar cuando empezamos a debatir fue la dificultad que tienen para ubicarnos a nosotras como víctimas de violaciones a los derechos humanos. Siguen con esa rémora, con ese pensamiento de ‘a ellas les gusta, es dinero fácil’. ¿Qué pasa que no se puede ver la violencia que hay ahí?”, preguntó.

La polémica no tardó en llegar. Ese mismo día, Ammar CTA, la agrupación que nuclea a las trabajadoras sexuales que reclaman por sus derechos y por la protección de su fuente de trabajo, emitió un comunicado en el que calificó de “anacrónico” al FAN por fundamentar su posición en documentos como la Convención para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena, de 1949, año en el que, según expresaron, “sólo hacía dos años que las mujeres empezábamos a votar en este país, así que imagínense qué lugar habrán ocupado las mujeres en la elaboración y aprobación de ese documento”. El texto finaliza diciendo que “la clase trabajadora no debe estar en contra de sus propios intereses”.

El FAN no respondió a este comunicado, pero algunas de las cosas dichas durante la presentación dejan en claro cuál es su posición. En palabras de Illief, “aquí no está en juego la libertad, si yo puedo prostituirme o no. Está en juego mi dignidad, que dice que siempre, en toda circunstancia, soy sujeto, jamás puedo ser convertido en objeto”.

El derecho de trabajar

Por Andrea Lacombe

El 4 de octubre fue lanzada en la Ciudad de Córdoba la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual. Integrada por trabajador*s sexuales, equipos de investigación académicos, activistas, artistas y organizaciones sociales, la RRTS se presenta como un impulso colectivo para visibilizar los derechos sexuales y reproductivos.

El panel de presentación estuvo integrado por Juan Marco Vaggione, integrante de la RRTS, coordinador del Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet; Liliana Pereyra, integrante de la RRTS, secretaria de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y directora del Equipo de Investigación Haciendo Cuerpos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC; Roberto Birri, legislador provincial por el Partido Socialista, y Eugenia Aravena, integrante de la RRTS, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar) y secretaria de Derechos Humanos de la CTA Córdoba.

Una de las características de la Red es la heterogeneidad de su composición, lo que posibilita la riqueza en el intercambio de saberes provenientes de campos diversos. Vaggione puntualizó que, a partir de sus objetivos, la Red puede ser planteada como un espacio público subalterno y como un contradiscurso que se inscribe en una temporalidad central signada por el avance de los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina. “Si la situación de las trabajadoras sexuales ya era vulnerable en un sistema imperante abolicionista, los nuevos cambios legales parecen llevarnos a un sistema de prohibición que las desestabiliza y precariza más aún. Por un lado, el decreto nacional que impide la oferta sexual, por el otro los códigos de faltas aún imperantes en nuestro país que todavía sostienen la figura de prostitución escandalosa, leyes de trata que confunden la trata de personas con el ejercicio del trabajo sexual, un fallo de una jueza del interior de la provincia de Córdoba, afirmando que la prostitución es ilegal; esta construcción que se va permeando en el discurso legal es la que torna cada vez más vulnerable el lugar de los y las trabajadoras sexuales”, dijo.

A su vez, la RRTS aparece como un contradiscurso que se inscribe en la esfera de lo público, donde lo hegemónico pareciera ser el borramiento del trabajo sexual, su invisibilización como una forma de control. Para el investigador, “la Red trae voces disidentes a una agenda moralizadora que se asienta sobre el cuerpo de las trabajadoras sexuales con la negación de derechos como estrategia de control en torno a las nociones de cuerpo, sexualidad y trabajo sexual”. Dos de los objetivos de la Red apuntan en esa dirección: Impulsar una ley que reconozca el trabajo sexual autónomo en el país que garantice los derechos humanos y laborales de las personas que ejercen esta actividad y apoyar la conformación de las cooperativas de trabajadores sexuales autónomos.

Liliana Pereyra apuntó que otro de los objetivos de la Red es problematizar los discursos que se presentan como únicos y desnaturalizar lo que parece obvio. “Parte de la responsabilidad de este trabajo es también la posibilidad de generar preguntas incómodas tales como ‘¿qué tiene el trabajo sexual de distinto con respecto a otros trabajos?, ¿sobre qué presupuestos se montan los discursos que intentan separarlos?, ¿cuáles son las operaciones que se ponen en juego cuando pensamos que unas partes pueden ser asimiladas al todo, cuando hacemos de la genitalidad el cuerpo entero y escuchamos frases como ‘vender el cuerpo’?, ¿qué otro cuerpo está en juego cuando trabajamos como médicas, ingenieros o en un call center? ¿Qué nos pasa cuando vemos a mujeres que deciden poner su sexualidad en juego a la hora de ejercer una actividad laboral y se empoderan políticamente y nos interpelan? ¿Qué nos movilizan? ¿Qué miedos nos suscitan?”, se demanda Pereyra, dejando en claro que “no tenemos una verdad a cuestas sobre estas preguntas; por el contrario, como investigadores tenemos la obligación de repreguntarnos cada vez que estas cuestiones nos interpelan”. A su vez, los interrogantes y las consecuencias que generan los empoderamientos políticos, en este caso particular, de las mujeres trabajadoras sexuales, obligan a preguntar sobre la necesidad de la construcción de la víctima para tener luego la posibilidad de redimirla. Este mecanismo, sostiene Pereyra, “nos trae a otra encrucijada que se le presenta a un colectivo como el de las trabajadoras sexuales: ¿cómo posicionarse frente a determinados discursos de algunos feminismos, que no podríamos dejar de nominar a priori como progresistas, pero que sin embargo dejan fuera a algunas mujeres en pro de otras?”

Por su parte, Roberto Birri afirmó su compromiso con los objetivos de la RRTS, rescatando la importancia de trabajar para la reglamentación del trabajo sexual autónomo. Desde la perspectiva del derecho, explicó el legislador, el modelo vigente en nuestro país “es el más hipócrita de todos, ya que es un sistema que no reconoce ni prohíbe, considera el trabajo sexual desde una doble moral que lo esconde bajo la alfombra, evita otorgar derechos a las trabajadoras y no se pronuncia al respecto”. Birri recalcó la vigencia de los “vergonzosos códigos de faltas que habilitan a la policía a sancionar arbitrariamente la prostitución escandalosa, quedando a criterio del oficial interviniente decidir qué entiende por ‘escándalo’ y qué sanción corresponde”. Repudió esta figura que tiene como fin único criminalizar a las trabajadoras sexuales. Luego se refirió a la Ley de Trata que sancionó la provincia de Córdoba como “imperfecta e ineficiente”, ya que “pese a los cierres de whiskerías y clubes aún no hay ni un solo proxeneta preso”, sin embargo, afirmó, “los calabozos se llenan de trabajadoras sexuales”.

Eugenia Aravena repasó la trayectoria y el recorrido de militancia que llevan a cabo las trabajadoras sexuales de Ammar durante los últimos doce años. Aravena compartió esta difícil situación de ilegalidad y abuso por parte del poder policial y jurídico, explicando cómo este escenario de desamparo laboral se incrementa más cuando desde posiciones abolicionistas se equipara trabajo sexual con explotación sexual y trata de personas, abuso y explotación de menores. “Militamos a pulmón, por convencimiento político. Es fácil acusarnos cuando no les importa la realidad del sector de las trabajadoras sexuales. Siguen subestimándonos y caracterizándonos de una forma ridícula, no asumen nuestras diferencias internas: distintas clases sociales, niveles educativos, distintas culturas. Es una falta de respeto que no se escuchen nuestras voces”, demandó Aravena. “Dicen que nos quieren proteger, que no sabemos lo que hacemos y con esto mezclan y dañan a miles de mujeres. Doce años construyendo organización, con premios internacionales como el de Onusida, pero parece que somos tan tontas que no sabemos lo que queremos. Ya hay cooperativas de trabajadoras sexuales y las vamos a defender cueste lo que cueste. Creemos que esta Red es una herramienta importantísima. Queda mucho por delante, todavía hay compañeras presas y perseguidas... por eso la Red es un nuevo impulso”, finalizó la activista.

Una sociedad que siga utilizando el sistema legal para penalizar conductas como el aborto, el trabajo sexual o el consumo de drogas, todavía tiene mucho camino para recorrer, declaró Vaggione, un camino hacia la democratización de la sexualidad, las prácticas individuales y en la construcción democrática de lo colectivo.