En el país existe una ley de trata que convirtió al delito en federal y, por ejemplo, ya no podría suceder lo que pasó con Marita Verón, en donde se llegó tarde a allanar un prostíbulo en La Rioja por la tardanza en la orden de un juez local. Sin embargo, la norma es mejorable y hay distintas organizaciones y personalidades que piden su reforma.

La diputada del Frente para la Victoria María del Carmen Bianchi afirma que: “El Congreso debe avanzar en la reforma de la ley de trata”. Y explica: “El proyecto de reforma a la ley que hemos presentado tiene un doble objetivo. Por un lado establecer un programa especial de protección de víctimas testigos del delito de trata de personas: además de canales de denuncia, el Estado debe procurar asistir y proteger a estas víctimas para reparar sus derechos vulnerados, y además asegurar que los responsables penales puedan ser sancionados. La protección de las víctimas es un tema de justicia y también de persecución penal; sin protección de las víctimas no hay colaboración de éstas; sin su colaboración no hay posibilidad de perseguir a las organizaciones. Por otro lado, el proyecto propone cambiar el concepto de explotación sexual para profundizar las políticas de persecución del delito de trata y explotación”.

El objetivo es que las víctimas puedan denunciar sin miedo a ser ellas o sus familias amenazadas por las mafias organizadas, muchas veces en connivencia con los poderes judiciales o políticos. Bianchi también enfatiza: “Hay que focalizar la política para que además de alcanzar a los casos más abusivos, se alcance también a todas las formas de explotación. Hoy el régimen de prostíbulos es un régimen de explotación: cualquiera que intermedie el comercio sexual ajeno está explotando. Las reglas de la actividad suponen violaciones flagrantes para las mujeres y la trata sexual es un problema que afecta principalmente a las mujeres”.