Las hermanas Ailén y Marina Jara fueron condenadas y liberadas, en un nuevo capítulo surrealista de la Justicia argentina, que desde un principio adoptó una mirada tendenciosa y distorsionada sobre los daños innumerables, las amenazas y las agresiones de Juan Leguizamón, un abusador con antecedentes penales que manipuló y atemorizó a las jóvenes a su antojo durante años. De cómo se defendieron desde la adolescencia, de cómo contrarrestaron una cercanía territorial que se les hizo irrespirable, del acoso intangible y pegajoso, de la soledad más absoluta al momento de hacerse cargo de su propia integridad física y psíquica no tomaron nota defensoras oficiales, fiscales, jueces y juezas. Protegerse, para estas mujeres jóvenes y pobres, significó un costo altísimo; quedó el regusto amargo de que en ellas se estaba aleccionando al resto de las mujeres que atraviesan desgracias similares. El proceso contra las Jara expulsó siempre, sin excepciones, cualquier perspectiva de género. Las primeras instrucciones policiales, el supuesto paraguas protector de Leguizamón que posibilitó la desaparición de un arma y una prenda clave en la investigación sirvieron, en definitiva, para registrar vulnerabilidades extremas y reservorios inhóspitos en los que denunciar puede convertirse en un viaje de ida.

Nunca más

La Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) pedirá audiencias con la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, y con la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, para plantearles la necesidad de que situaciones procesales como las de las hermanas Ailén y Marina Jara no vuelvan a ocurrir. La abogada Nina Brugo, que integra esa comisión, detalló la urgencia de plantear nuevas estrategias “para que la Justicia, y sobre todo la de Mercedes –donde se sustanció el juicio contra las hermanas–, comprenda que está inserta en una sociedad democrática y que las mujeres somos sujetos de derecho”.

Brugo se expresó sobre “una libertad que obnubila porque las chicas fueron condenadas y deberían haber sido absueltas al tratarse del ataque de un abusador”. Ailén y Marina “no tenían recursos y fueron asesoradas por defensoras oficiales de las que nos avergonzamos. En vez de demostrar legítima defensa, las pusieron en una situación de debilidad jurídica muy grande”.

Desde la AABA se está analizando la injerencia lograda a la fecha por los talleres de capacitación en género de la Oficina de la Mujer, de la Corte Suprema de Justicia. “Evidentemente, todavía no han llegado a todos los ámbitos. Es preocupante que jueces y funcionarios judiciales todavía no tengan una debida formación en ese sentido”, señaló la abogada. “Es una cuestión determinante en jueces y juezas que de algún modo miran la biblioteca desde un punto de vista patriarcal.” Es el caso de las hermanas Jara, “teniendo en cuenta la opinión del acosador, una persona peligrosa y con antecedentes policiales que se revirtió como víctima. Por eso considero que debería apelarse la sentencia pidiendo la absolución, para limpiar el buen nombre y honor de estas jóvenes”.

El fallo del terror

Hace tres días que Ailén y Marina celebran una libertad que jamás se les debería haber escurrido de las manos. El fallo del Tribunal Oral Criminal Nº 2 de Mercedes, considerado “de terror” por uno de los abogados defensores, Isidro Encina, les abrió las rejas con el estigma de una condena que en los próximos 20 días va a ser apelada “porque tergiversa en actas la verdad, carece de sentido común y ejerce una protección corporativa” de las defensoras oficiales y la fiscal de instrucción, Luisa Pontecorvo.

“Fue un fallo salomónico porque el tribunal cortó al medio la verdad, la mató. Cortó el hilo por lo más débil y taparon las falencias de la investigación, porque se trató de un delito menor y excarcelable. Quisieron salvar de un jury a la fiscal Pontecorvo, de acciones contra la defensora oficial Manuela González y evitaron investigaciones sobre la comisaría interviniente”, sostuvo Encina. En el documento “reconocen toda la farsa de la investigación y recomiendan que no vuelvan a cometerse los mismos errores, cuando le dieron todo el crédito a Juan Leguizamón. La única verdad en este caso es que quiso tener relaciones sexuales con las dos. La libertad que lograron Ailén y Marina es un bien preciado, pero vamos a seguir recurriendo porque son inocentes y por lo absurdo y contradictorio de la sentencia”.

Recuperar tiempos

Desde el martes, cuando dejaron atrás el penal de Los Hornos para volver a su vivienda del barrio Jaramillo, en Paso del Rey, las hermanas Jara intentan recuperar un tiempo pisoteado durante dos años, un mes y veintiún días, con la pesada mochila de una condena por “lesiones graves” que vuelve a vulnerarlas en el afuera, cuando más las impulsa la necesidad de desandar sin sombras. Dos cosas les recuerdan el delgado filo de su nueva condición: las rejas que rodean su vivienda, que Julio, la pareja de Elena Salinas, la madre de las chicas, colocó “por seguridad”, porque Leguizamón sigue ahí, a una cuadra, moviéndose con impunidad. Elena prefiere pensar en “que las mujeres tenemos que seguir con la lucha y aprender con este caso lo que es la violencia de género”.

A propósito del sujeto, sobre él dijo la jueza María Graciela Larroque que “no emerge indicador alguno que según mi sincera convicción y mi comprometida búsqueda de la verdad material, me pudieran conducir a la sospecha de la imparcialidad del mentado testimonio”. El broche de oro de la magistrada es el párrafo dedicado a la violencia de género. “Agregó en el debate Ailén Jara que la víctima las acosaba sexualmente desde tiempo atrás, que el nombrado era violento, introduciendo así muy tardíamente la cuestión de género.” Insiste Larroque al hablar “de inoportunamente alegada violencia de género por la enjuiciada”.

¿Cuántas maneras de volver del infierno existen? “Por lo menos, después de dos años y medio de detención sabemos que vuelven diferentes, compenetradas con las organizaciones que las ayudaron, comprometidas con su verdad y con ganas de encarar un activismo feminista”, dijo Encina. Las redes se tendieron desde la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina, la organización Mujeres al Oeste, diputadas de todo el arco político, desde la Secretaría de Derechos Humanos y la Dirección de Políticas de Género de la provincia de Buenos Aires.

La titular de este organismo, Ana María Suppa, entendió que “este caso se evaluó desde un principio inconstitucional de culpabilidad, cuando quedó sobradamente probado que Ailén y Marina actuaron en defensa propia. Es necesario que el Poder Judicial debata hacia su interior una capacitación en género para poder abordar fenómenos graves que las mujeres siguen padeciendo”. Las oportunidades siempre son señeras. La “Justicia legítima” que por estas horas se debate y retroalimenta debería incorporar nuevas ideologías que desanden la ruta crítica de la violencia de género.