La jueza Patricia López Vergara suspendió los obstáculos que pretendía ponerles el macrismo a los abortos no punibles permitidos en la Argentina desde 1921 y avalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año pasado. En un protocolo restrictivo, el gobierno porteño exigía, por ejemplo, que se demuestre la gravedad del peligro para la salud o vida de la mujer o un certificado de la insania o discapacidad mental de la solicitante de un aborto legal. Estos requisitos ya no son necesarios gracias a un amparo presentado por distintas organizaciones no gubernamentales.

Alvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), comentó sobre el fallo: “Celebramos la decisión de la jueza, que no sólo suspende requisitos ilegítimos del protocolo que obstaculizan el acceso al aborto no punible, sino que también reconoce en buena medida la autonomía de las mujeres con discapacidad, obligando al gobierno porteño a crear un sistema de apoyos para acompañar la decisión de las mujeres, de modo que su voluntad no sea reemplazada por la de su representante legal. Esta decisión es muy valiosa, ya que desburocratiza el acceso al aborto no punible y repara así las consecuencias discriminatorias de la política de salud sexual y reproductiva del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que ha ignorado los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia en el fallo ‘FAL’ dictando uno de los protocolos más restrictivos del país”.

El protocolo macrista ya no rige, pero no sería necesario volver a pasar por la Legislatura. Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), apunta: “Alcanza con que el Ministerio de Salud (porteño) dicte un protocolo acorde, esta vez sí, con la ley vigente”.