La provincia de Buenos Aires es la que registra más cantidad de casos de femicidios en todo el país, según la organización La Casa del Encuentro. El femicidio es un término que se ha acuñado para nombrar y darles visibilidad a los asesinatos de mujeres en manos de hombres de su círculo íntimo por el hecho de considerarlas de su propiedad.

En la provincia de Buenos Aires, donde habitan casi 8 millones de mujeres –un 2,4 por ciento más que varones– según el censo 2010, las políticas públicas del área están prácticamente ausentes desde que asumió la gestión de (Daniel) Scioli. Los planes y programas de las áreas pertinentes nunca fueron presentados ni desarrollados, y aún más: los pocos que había de gestiones anteriores o alguno que se intentó en la actual están sufriendo actualmente recortes y atrasos en su implementación. Ejemplo de esto último es el achicamiento en el área de Atención a la Víctima (que si bien no es específica para víctimas de violencia de género, era al menos útil), que sufrió recortes de personal en los últimos meses del año pasado. Algo similar ocurre con la casi única medida implementada por esta administración provincial: los “fondos rotatorios” para víctimas de violencia de género, que son manejados en los municipios a través de “mesas locales”, las que vienen denunciando que las partidas de dinero no llegan en tiempo y forma.

Si bien el año pasado, en una iniciativa conjunta de legisladoras de diferentes bloques de la Cámara de Diputados de la provincia (FAP, FpV, UCR), se logró sancionar la emergencia en relación con la violencia de género, esto no se verifica en presencia del Estado provincial.

El Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires ha presentado un informe en el que hace referencia a estas limitaciones, además de señalar el aumento de la problemática en los últimos años, así como también la necesidad de encarar mayores acciones.

Es necesario un accionar público de gran envergadura para enfrentar esta terrible problemática. Campañas publicitarias de difusión del tema con lugares de asistencia donde recurrir, inclusión de la temática en currículas de escuelas secundarias y terciarios de manera obligatoria, son sólo algunas medidas que se podrían empezar a tomar, así como la capacitación obligatoria de funcionarios judiciales y policiales en la temática. También es necesario que la provincia cuente con estadísticas confiables al respecto. Según el informe, la provincia no cuenta con un registro único de denuncias por violencia hacia mujeres.

La presencia en los distritos de equipos con profesionales capacitados para atender esta problemática, con el acompañamiento de promotoras y promotores barriales, debe ser uno de los pilares para estar allí donde se necesita: en los barrios y lugares donde las mujeres se mueven.

* Secretario general de Libres del Sur/FAP en la provincia de Buenos Aires.