En el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, lo que se escucha es reclamo colectivo. Antes de que la lluvia arrecie, un mujerío manifestándose frente al Congreso siente que en el camino allanado, sin embargo, las leyes que protegen y amplían su derecho a la salud se reducen con alarmante frecuencia en manchones de tinta. Se los confirma la violencia médica ejercida sobre ellas, la criminalización de cada aborto realizado. Adentro, en el recinto de la Cámara de Diputados, cayó por falta de quórum una sesión especial para tratar la despenalización y legalización de esa práctica. Afuera, las mujeres relataban una y otra vez cómo sus pares siguen muriendo víctimas de interrupciones mal realizadas en la clandestinidad o llegando en grave estado a los hospitales. “Es una cuestión de necesidad y urgencia, de derechos humanos y de justicia social. Todas abortamos, más allá de nuestra edad, condición social o creencia religiosa, pero mueren las más jóvenes y las más pobres”, lamentaron.

“Las condiciones de igualdad en los barrios son muy perversas, porque se deja librado a que cada mujer resuelva en forma individual y como pueda una situación que debe asumirse como política pública. Y esos 500.000 abortos anuales de los que se habla les ocurre a las mujeres pobres de esos barrios”, advirtió Laura Lonatti, referente del área de Salud y Género del Movimiento Barrios de Pie. “No cuentan con un sistema de salud pública que dé respuesta a las situaciones en las que caen cuando deambulan desesperadas por las unidades sanitarias y tienen que terminar en espacios clandestinos, donde se realizan abortos en condiciones de insalubridad que ponen en riesgo sus vidas.”

Lonatti recordó que en la provincia de Buenos Aires no está garantizado el cumplimiento del Protocolo de Atención Integral de los Abortos No Punibles. “Si bien hay experiencias de equipos amigables que intentan armar una red para sostener a las mujeres que acuden a los servicios, en general los equipos de salud se ubican fuera de la situación y las maltratan planteándoles aberraciones tales como ‘si abriste las piernas por qué no te hacés cargo del embarazo’. El hostigamiento termina arrojándolas a las redes clandestinas.”

Las activistas denunciaron que “el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable no se está cumpliendo. No hay consejerías en los barrios, las unidades sanitarias del primer nivel de atención están desmanteladas; falta Educación Sexual Integral (ESI)”. Y las adolescentes, “que transcurren sus embarazos como el único proyecto de vida, no tienen un acompañamiento que les permita decidir con autonomía”.

A Claudia Iturri, su condición de referente territorial de General Sarmiento le confirma a diario que “los abortos se practican todo el tiempo, sólo que las ricas van a las clínicas y las mujeres del barrio a los sitios clandestinos. Cuando relevamos siempre hay una prima, una amiga, una vecina que abortó y que al no tener recursos fueron a lugares sin condiciones de higiene ni seguridad. Si existiera la ley, podría hacerse la práctica en hospitales. Aquí tenemos el Hospital de Malvinas Argentinas, el José Larcade, de San Miguel; el Hospital Mercante, de José C. Paz, donde muchos profesionales acuerdan, pero tienen encima la mirada de los directivos que les prohíben intervenir en el tema. Hay excepciones en el caso de Morón, Moreno y San Martín, donde se logró crear una red amigable”.

Iturri reveló que en las barriadas, el aborto practicado con sonda “dejó lugar al aborto con pastillas. Las mujeres siguen acudiendo a esos mismos sitios que ahora, además, trafican y les venden las pastillas del Oxaprost. Se está llegando a pagar 1000 pesos por una caja que cuesta 300 pesos: se creó un mercado negro que lucra con la salud de las mujeres y genera un riesgo adicional, por el problema de desinformación que existe alrededor del Oxaprost. Muchas veces las mujeres hacen un uso incorrecto de la droga y perjudican su salud. Cuando acuden a las salitas médicas dependen del profesional que les toque en suerte, porque ni siquiera hay consenso entre los equipos médicos. No cualquiera habilita las recetas para ir a comprar esa medicación a la farmacia”.

La coordinadora nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), Raquel Vivanco, expuso la necesidad de “visibilizar que somos las mujeres en espacios públicos quienes debemos llevar adelante este debate, porque en el Congreso, aunque 60 diputadas y diputados de todos los bloques partidarios acompañan la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, no lo impulsan en las comisiones. El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) está parado porque detrás hay una decisión política de no permitirnos la autonomía sobre nuestros cuerpos.

Verónica Catinari, formadora en los talleres de visibilización de MuMaLá e integrante del Colectivo de Mujeres Juana Azurduy, remarcó que “se nos sanciona y pena por decidir abortar, y esto se relaciona con el mandato social de que las mujeres siguen siendo las encargadas del cuidado, de la reproducción de la vida y el sostenimiento de lo doméstico”.

La urgencia de implementar sin más demoras la ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), sancionada en 2006, es uno de los ejes de debate en estas jornadas de acción por la salud de las mujeres, que se extenderán la semana próxima en todo el país. Florencia Sinclair, al frente de talleres de formación docente en barrios, destacó la calidad de los materiales que distribuye el Ministerio de Educación nacional, “pero la ESI no se implementa. En la ciudad de Buenos Aires es ínfimo el presupuesto destinado a su implementación. Y nos encontramos con resistencia por parte de la docencia, por desconocimiento o porque falta capacitación, ligando rápidamente la educación sexual a lo biológico. En los talleres descubrimos el vértigo que les provoca a las y los docentes enseñar estas cuestiones. Al no tener un respaldo de sus superiores sobre temas sensibles, terminan haciendo un abordaje en soledad”.

Las elecciones de octubre están cerca. Las primarias obligatorias de agosto aún más. Los escenarios son complejos y cualquier pronóstico sería imprudente, pero hacia dentro de los movimientos de mujeres es sabido que en años electorales el debate por la despenalización del aborto pierde volumen. Desalambrar lo imposible y convertirlo en un logro fuera de lo común es un desafío para este segundo semestre del año. “Sin embargo, es una percepción errada que en períodos electorales este tema sea piantavotos”, corrigió Vivanco. “En los grandes centros urbanos, las estadísticas muestran un crecimiento de esa parte de la sociedad dispuesta a que se debata y se avance en legislar a favor de las mujeres. De hecho, entre los 60 legisladores que avalan el proyecto, hay desde representantes del PRO, pasando por el FAP, hasta el FpV. Sucede que no todo el conjunto pone el cuerpo para militar el tratamiento dentro del Congreso. Por eso es importante construir alianza entre las organizaciones de mujeres y quienes nos representan, porque tienen la responsabilidad de garantizar nuestros derechos y evitar que las mujeres sigan muriendo por causas evitables.”