Gabriela Cerrano es una militante del Partido Obrero de Salta. Reclama por el derecho al aborto legal, libre y gratuito y por el derecho de cada habitante de tener acceso a un sueldo digno. Denuncia el “saqueo” de los recursos naturales de la provincia y propone la expropiación de tierras urbanas para la construcción de viviendas sociales. Esta semana se convirtió en una de las mujeres más solicitadas por parte de la prensa y ¡vaya que hizo mérito para llamar la atención! Compitió como candidata a senadora provincial por la ciudad de Salta y derrotó a los candidatos del kirchnerismo y del frente conducido por Juan Carlos Romero.

“La victoria de la izquierda en una provincia históricamente conservadora demuestra que se puede vencer a los aparatos”, destacó la senadora electa. Pocas horas antes del conteo, era optimista acerca del triunfo, porque el caudal de votos de los salteños hacia la izquierda “fue creciendo en los últimos años”, pero no esperaba tamaña diferencia (5 puntos con el oficialismo, 11 con el Frente Popular Salteño).

Pese a los ataques que sufrió del gobierno provincial, que “quiso deformar las consignas y propuestas del PO”, y de la Iglesia, que los acusó de ser “pro aborto”, ella no bajó las banderas que la acercaron desde muy joven a la izquierda. Siguió reclamando al Estado que “cuide la vida” de las mujeres que mueren por abortos clandestinos. “Dicen defender la vida y están en contra de todas las medidas que harían que una mujer no tenga que llegar al aborto, están en contra de la educación sexual en las escuelas, están en contra de la anticoncepción y a favor de los gerenciamientos privados de la salud”, sentenció.

“El aborto existe aunque ustedes lo nieguen, la que se puede pagar una clínica aborta y paga también por el silencio, las que aparecen en las estadísticas son las mujeres pobres que mueren con sondas o sobreviven con un policía al lado de la cama de hospital”, tuiteó en plena campaña.

Como concejal por la ciudad de Salta, no dudó en oponerse al proyecto de su par del romerismo Aroldo Tonini, que buscaba prohibir la distribución de la pastilla del día después. “Cuando gobernó la provincia, Romero no reglamentó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Sus aliados, como Tonini, representan en bruto los intereses de la Iglesia”, acusó la edila. La iniciativa fue archivada, producto de la movilización y el repudio de las salteñas.

También denunció la complicidad policial, política y judicial que sostienen la trata de personas en la provincia, y a través de la Comisión de Familiares Contra la Impunidad lucha por esclarecer la muerte de mujeres en manos de sus parejas o ex parejas.

Pero su militancia no se circunscribe al terreno de la lucha feminista, sino que también reclama por otras causas, como el derecho de la población a acceder a una vivienda digna. Por ello anunció que uno de los proyectos que va a presentar cuando asuma será declarar la utilidad pública de grandes predios para que construyan viviendas sociales. “Queremos que en todos los municipios de la provincia el 40 por ciento de las tierras urbanas se destine para el desarrollo de viviendas de acceso universal”, adelantó.

Tras la euforia por los resultados históricos en una provincia como Salta, resta ver cómo esta voz disonante, minoritaria y necesaria puede cambiar la correlación de fuerzas a la hora de legislar y suplir las deudas también históricas con los derechos de las mujeres y los sectores menos favorecidos.