Miriam Toledo fue rehén durante cinco horas de su ex pareja Omar Deget. Ella ya lo había denunciado por violencia de género. El tenía una orden de restricción y no podía acercarse a su hogar. Pero, el viernes 29 de noviembre, burló a la Justicia. Entró a la casa, la tuvo cinco horas secuestrada y la golpeó con los puños y un machete en la cabeza, los codos y la espalda. La policía negoció con el agresor para que la dejara libre mientras él pedía la presencia de la jueza que le había dictado la prohibición de acercamiento a su ex esposa y a sus dos hijos.

Miriam estaba hacía veinte años con una persona que le pegaba. Un día decidió terminar con los golpes. Tenía miedo de que la matara, según relató su hermana María Blanco. Sin embargo, la valentía de animarse a empezar una nueva vida no fue suficiente. El la vigilaba todo el tiempo, ingresaba a la casa cuando quería, litigaba por la tenencia de sus hijos y cuando la Justicia dispuso –apenas– noventa días más de extensión de la restricción, decidió secuestrarla. Un gran fracaso.

Sin embargo, Hugo Matzkin, jefe de la Policía Bonaerense, presente en la toma de Miriam como rehén, minimizó: “Es un tema netamente familiar. El grupo de policía, muy profesionalmente, logró que se deponga la actitud sin ningún daño colateral. En el lugar se secuestró un arma de fuego y un machete”. Las lesiones contra Miriam no son un daño colateral, según la visión policial. Tampoco el miedo, el gran miedo. Y la ineficacia de las medidas dispuestas por la Justicia tampoco son –según la perspectiva del uniformado– un tema de políticas públicas sino una cuestión familiar.

Miriam no ingresó en la lista de femicidios que, hasta el 30 de septiembre, llegan a 209, según el Observatorio Adriana Marisel Zambrano, de la Casa del Encuentro. Se salvó de la muerte y, por eso, la historia de la toma de rehenes no termina enchastrada de daños colaterales color sangre. Pero no hay que esperar a que sea la víctima 210 para actuar. Ya son demasiados los femicidios y femicidios vinculados (crímenes perpetrados para lastimar a una mujer) como los de Silvina Eriz y su hija Valeria, que ya integran esa lista. El detenido acusado de los dos asesinatos es Pablo Peralta, que era la ex pareja de Silvina y –supuestamente– las tuvo de rehenes, durante seis horas, en la casa de ella en San Martín, el domingo 26 de noviembre. Pero cuando entró la policía, con el Grupo Halcón, las dos mujeres ya estaban muertas hacía casi veinticuatro horas.

Gabriela Consme tenía 24 años y vivía en Morón. El domingo 24 de noviembre se encontró con su pareja y le mandó un mensaje a su hermano diciéndole que estaba con miedo porque él la quería matar. No se supo más de ella hasta que la encontraron descuartizada el 25 de noviembre, Día de la No Violencia hacia las Mujeres. Su mamá es una de las integrantes de Las Mariposas de Villa París, de Glew, que en medio del horizonte llano del conurbano bonaerense suelen recordar con estampas negras a las mujeres asesinadas por ser mujeres. Esta vez, la muerte las pateó de cerca. Myriam Noemí Machaca, integrante de esta organización comunitaria con perspectiva de género, espanta con su relato: “En la situación que nos tocó tan de cerca, su pareja (pero de una relación reciente) la mató, estranguló, la descuartizó y le arrancó los órganos: vagina, útero, y colocó el cuerpo en bolsas de residuos, con un claro mensaje de odio hacia las mujeres, tratándonos como basuras o pedazos de carne justo en el momento cuando nuestro grupo regresaba lleno de sueños y proyectos de nuestro viaje al Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan, donde su madre también participó”.

¿Cuántas mujeres más tienen que morir para terminar con la violencia de género y para que cuando una mujer decida terminar con esa violencia su no realmente sea un no? La protección a las víctimas, y que las medidas de protección sean realmente efectivas, es una deuda pendiente. De hecho, el 14 por ciento de las 209 mujeres que perdieron la vida en lo que va del año ya habían pedido por su vida a la Justicia y denunciado a su victimario. También de las 255 mujeres muertas en 2012, 34 tenían denuncias previas contra su asesino y 14 contaban con medidas de exclusión o de prohibición de acercamiento, según los informes de la Casa del Encuentro.

La ex directora general de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ana Suppa, subraya: “Las mujeres, cuando hacen la denuncia, deciden romper el silencio, hacer público lo que padecen en privado. La denuncia es un momento importante en un proceso difícil hacia una nueva vida para cortar el vínculo con un hombre violento. El Estado debe estar presente integralmente junto con la comunidad para acompañarla, protegerla y brindarle herramientas para su autonomía en ese proceso”.

La denuncia es importante. Pero no tiene que derivar en un autoescrache ante el maltratador que implique aumentar la violencia a modo de represalia cuando la víctima todavía no está resguardada. En este sentido, Mabel Bianco, presidenta de la Fundación Estudio e Investigación de las Mujeres (FEIM), sugiere: “Sería muy importante que en las comisarías o ámbitos donde se toman las denuncias no sean tan eficientes y enseguida notifiquen al victimario la denuncia. Esto hace que los victimarios concurran a la comisaría, nieguen la denuncia y limpien su antecedente. Luego van en busca de la denunciante y allí la agresión suele ser mayor. Entonces las mujeres, si no se han preparado y saben cómo resguardarse, quedan apresadas por sus agresores”.

Subsidios y botones antipánico

Ahora existe más visibilización y repercusión de la violencia de género. Pero las víctimas siguen siendo vulnerables. Y el momento de la denuncia, el momento en que esperan que ese movimiento signifique un “nunca más”, suele transformarse en una historia sin fin y el acto de liberación, la trampa de la que quedan rehenes. ¿Qué hay que hacer? Un proyecto de ley propone el reparto de botones antipánico y otro, declarar la emergencia de la violencia de género. Son algunos puntapiés para empezar en pensar no sólo en fomentar que las mujeres cierren la puerta a su agresor y hagan la denuncia sino, también, en el día siguiente.

“La idea es entregar obligatoriamente un botón antipánico a esas mujeres que tienen denuncias o medidas contra un agresor, de forma tal de estar protegidas ante aproximaciones. El gasto es mínimo para el Estado y se pagaría desde el Consejo de las Mujeres. Había disposición, pero siempre falta algo para que se traten estos temas y la iniciativa quedó trunca”, lamenta el diputado Gustavo Ferrari. El problema es que Ferrari deja la Cámara baja el 10 de diciembre sin que el proyecto, diseñado con el objetivo de otorgar una herramienta eficaz en situaciones de emergencia, haya sido tratado. La perspectiva, por lo tanto, no vislumbra que pueda llevarse a la práctica la iniciativa que disponía modificar la Ley 24.685 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, y que implicaría que se les otorgue a las víctimas sistemas de alerta y localización inmediata georreferenciada conectados con autoridades y fuerzas de seguridad. El compromiso de seguir intentando que las nuevas tecnologías se puedan incorporar a la lucha contra la violencia de género recae, en 2014, en la diputada del GEN Virginia Linares, quien adelantó su compromiso de tomar la posta en la defensa de esta iniciativa.

Por su parte, la diputada radical Inés Brizuela y Doria propone declarar la emergencia de la violencia de género, que implicaría subsidios económicos y acceso a la vivienda de las mujeres que sufren, por ejemplo, insultos, amenazas, quita de la cuota de alimentos, violaciones o golpes. Si se concreta esta idea, muchas esposas o concubinas no tendrían que soportar quedarse en la casa que comparten con su agresor porque no tienen adónde ir, o no se verían sometidas a aguantar el maltrato porque el victimario es, a la vez, quien les da de comer a sus hijos. “Resulta imprescindible la intervención plena del Estado en el acompañamiento a la víctima, luego de realizada una denuncia sobre violencia sexista. La protección integral implica tener en consideración la dependencia económica que tienen las víctimas respecto del agresor, una circunstancia que habitualmente opera como un obstáculo para las denuncias. Es necesario afrontar esta situación, considerando una prestación dineraria mensual y que exista prioridad para la mujer víctima de violencia en la adjudicación de una vivienda única. No es menor la implementación de medidas estatales para desalojar al agresor, e instalar a la víctima y su grupo familiar en la vivienda. El retardo del servicio de Justicia en casos de violencia contra la mujer se traduce como complicidad del Estado.”

Desde el eslabón concreto adonde las mujeres acuden para que la Justicia no sea quieta como una estatua y se saque la venda para mirarle los ojos lastimados por palabras, acciones o golpes, la magistrada del fuero Nacional en lo Civil Virginia Simari, integrante de la Asociación Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), opina: “La vulnerabilidad que lleva a una mujer a ser víctima de violencia continúa luego de denunciar al victimario. La decisión de denunciar es un paso importante, pero no resuelve por sí el problema ya generado. Aun cuando es deseable contar con ámbitos de contención y refugio, no puede soslayarse que el problema radica en los hechos y vínculos que motivan la necesidad de denunciar. Es por tal razón que la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina promueve firmemente acciones de prevención de la discriminación y la violencia, tendientes a formar a las mujeres, apuntando a su pleno desarrollo como personas”.

La falta de respuestas ante una declaración en la comisaría o una fiscalía u otra oficina gubernamental es tajante. En los primeros seis meses del año, más de la mitad de las mujeres que fueron a pedir ayuda a un nuevo servicio de patrocinio gratuito en Capital Federal ya había realizado la denuncia, según se desprende del balance del primer semestre del Proyecto Piloto de Asistencia y Patrocinio Jurídico Gratuito a Víctimas de Violencia de Género de la Defensoría General de la Nación. En este marco se atendieron 469 casos de violencia de género en el ámbito familiar. El 99 por ciento de las personas asistidas fueron mujeres y el 91 por ciento, madres. En un 97 por ciento de los casos denunciaron violencia psicológica, en un 82 por ciento además se suma la violencia física, en un 47 por ciento patrimonial, en un 26 por ciento sexual y en un 19 por ciento simbólica. Por otra parte, en un 86 por ciento denunciaron que la violencia sufrida se daba con una frecuencia diaria o semanal y, en la misma proporción, la relación entre las personas agredidas y las personas consignadas como agresoras es de pareja o ex pareja. Mientras que un dato sustancial es que el 54 por ciento de quienes fueron en busca de un abogado/a que las defienda ya había realizado denuncias por hechos previos de violencia.

Las opciones pueden ser discutidas, pero existen: Justicia más expeditiva, subsidios para poder irse de la casa familiar, construcción de refugios secretos donde poder albergarse, botones antipánico para alertar ante la llegada de un agresor, custodia policial para que el maltratador cumpla con la orden de exclusión y defensa comunitaria de las víctimas.

Patricia Alba Sanmamed es abogada y defiende a Daiana, una joven de 19 años que terminó en otra de las tragedias de la violencia de género cuando tuvo que defenderse de las agresiones de Facundo, su novio, y lo mató en octubre de 2011. Ella apunta: “Para que las mujeres que denuncian no caigan en la doble trampa (primero la pareja, luego las instituciones ciegas que las cosifican nuevamente), hay que efectuar un abordaje de manera masiva e integral, esto es, toda la población debe sentirse parte de la acciones para que las muertes evitables de mujeres cesen de una vez, con altos gastos en inversión para procurar refugios transitorios, botones antipánico que en algunos casos han funcionado, traba de medidas cautelares en real tiempo record como dicen las leyes (no como ahora que, cuando llegó la cautelar, el tipo probablemente ya la mató), asegurar que estas restricciones de acercamiento se cumplan efectivamente poniendo, si es necesario, las custodias que hagan falta”.

La realidad cerca, muchas veces, a las mujeres entre la inseguridad íntima que las acorrala en las paredes de su casa y abrir la puerta para caminar por una vida sin violencia, pero con el abismo que implica, todavía, la falta de resguardo después de una denuncia. Sin embargo, existen posibilidades para que alentar a las víctimas a que declaren el maltrato no implique empujarlas hacia una situación de mayor peligro. “En el Poder Judicial debieran crearse fiscalías específicas abocadas a la violencia de género, para dar suficiente respuesta a las incontables denuncias que van a parar a los pasillos de tribunales, abarrotados de todo tipo de causas de otro tenor porque, actualmente, no aplican jamás la perspectiva de género. Yo viví que para la mayoría de la Justicia, salvo excepciones, una mujer que mata es asesina, pero un hombre que mata –probablemente– sólo quiso lastimarla. Por eso hacen falta acciones integrales en todos los sectores sociales y decisión política para que esto deje de ser una declaración de buenas voluntades que no impide, como claramente vemos a diario, que la sangre de miles de mujeres siga corriendo.”

“Aunque se han logrado muchos avances, aún queda un largo camino por recorrer para que las víctimas de violencia de género reciban un apoyo adecuado de parte de las instituciones y no sean revictimizadas. En este sentido, es necesario que el Gobierno, el sector privado y las organizaciones sociales trabajemos de forma conjunta para garantizar los canales de información, las herramientas y los cuidados necesarios, que les permita a estas mujeres víctimas de violencia dar un corte a la situación en la que se encuentra inmersa”, propone Silvia Zubiri, directora ejecutiva de Fundación AVON en el marco del programa Alza la Voz contra la Violencia Hacia la Mujer.

El abogado Darío Witt es presidente de la Casa Abierta María Pueblo para Mujeres, Niñas y Niños Víctimas de Violencia y miembro del Instituto Nacional de Hombres Contra el Machismo (Inahcom), y diagnostica: “Han sido muchos los avances legislativos sobre igualdad de derechos durante los últimos años, quizá como nunca antes. Sin embargo, el asesinato de mujeres, encuadrable en conductas femicidas, persiste como una estadística dura, estable y muchas veces creciente. Ahora bien: cuando sucede una denuncia, ¿ocurrirá realmente que el tema dejará de ser técnicamente del ámbito privado y dará lugar a lo público para intervenir como sistema de protección solicitado? Enseguida nos respondemos que al no ser un problema identificado como una cuestión de inseguridad, la respuesta es claramente un no. ¿Impulsar campañas que promuevan hacer denuncias de manera masiva genera mayor protección para la accionante? Si no hay programas integrales para que la víctima sea acompañada social, psicológica y legalmente, además de protegida si hay riesgo de vida, la respuesta vuelve a ser un no. Hemos comprobado que el momento más peligroso y pre-femicida son los primeros 60 a 180 días de producido el corte del vínculo violento, y minimizar esta situación es altamente peligroso”.

Otra idea que surge es generar campañas de concientización que incluyan a los varones como protagonistas y, también, grupos de trabajo, con perspectiva de género, para que los agresores puedan terminar con su violencia. “Combatir a la cultura machista no implica luchar contra los hombres sino contra un sistema que nos atraviesa a todas las personas, que no es inmutable ni biológico, y por lo tanto posible de ser cambiado –se esperanza Witt–. Las soluciones siempre son comunitarias, por lo tanto comprometer a los hombres para que se sumen activamente a esta lucha no sólo es estratégico sino absolutamente necesario. Sólo así el camino para que exista verdadera igualdad de derechos entre los géneros logrará continuidad en el tiempo.”

Por su parte, la psicóloga Graciela M. González apela a la responsabilidad de los/las profesionales que tienen que atender a las víctimas: “Las leyes registran los cambios y progresos alcanzados como conjunto social, pero no bastan para cambiar las mentes de las personas. El hecho de que se hayan desactivado los elementos más feroces del patriarcado se debe fundamentalmente a las luchas del feminismo, que lograron que dejara de considerarse a la violencia contra las mujeres y los niños/as como natural; sin embargo, todavía tiene adeptos la anacrónica idea de que los hombres poseen derecho de vida o muerte sobre la mujer, como el pater familias romano. O la no menos anacrónica de que cuando las mujeres dicen no, en realidad quieren decir que sí. Los/as psicólogos/as, jueces, juezas y abogados/as no tenemos excusas para no oír a las víctimas”.