Como una amazona decidida a levantar su lanza contra la corporación judicial, a la que denuncia sin ambigüedades, Alejandra Gils Carbó se convirtió en el blanco preferido de críticas que la colocan como brazo ejecutor de políticas decididas en despachos oficiales, y le hacen muy poca justicia. Ella siempre exhibió su interés en desmontar los maridajes entre corporaciones económicas y funcionarios judiciales. No se lo perdonan. Un pedido de juicio político entró en el Senado a mediados de año, de la mano de los radicales José Cano, Gerardo Morales y Ernesto Sanz. En los últimos días, diputados de Unión Pro volvieron a la carga con el proceso de destitución, esta vez por la suspensión del fiscal José Luis Campagnoli. Esa decisión que no tomó ella, pero sí impulsó, es descripta como una práctica de impunidad que afectó la investigación contra Lázaro Báez, pero las denuncias contra el fiscal existían. Hubo varios días de diciembre en los que los medios monopólicos pasaron horas denunciando el “disciplinamiento” de la procuradora para que los fiscales no investiguen. Y así, la jefa de todos los fiscales federales terminará el año como lo empezó: en el ojo de la tormenta. Porque, lejos de convertirse en una funcionaria sumisa, que se codea con sus colegas para mantener el statu quo, siempre supo que lo suyo era patear el tablero.

Alejandra Gils Carbó llegó a la Procuración General de la Nación hace menos de un año y medio, el 29 de agosto de 2012, y provocó varios tsunamis en el ejercicio de su función. Considera que ocupar un sillón sin cambiar los parámetros es burocracia, y por eso su estilo resultó indigerible para algunos. Ella podría decir que avisó. En una entrevista con Páginal12 apenas se conoció su postulación, la entonces candidata dijo: “La gente habla mucho de la inseguridad, pero la raíz está en la marginalidad y en la falta de educación, temas en los que tienen peso las corporaciones cuando pretenden manejar los recursos del Estado. Si esas corporaciones tiran de la manta quedarán muchos afuera, desnudos. Por eso hablaba de la importancia de preservar el criterio de pensar, desde el Ministerio Público, en el interés general”. Ya lo había hecho cuando dictaminó en contra de la fusión de Multicanal y Cablevisión, antes de 2007. Aquella resolución que afectaba los intereses del Grupo Clarín le costó seis pedidos de juicio político, cuando era la fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. También se opuso a la prescripción de la causa por lo que consideró “la escandalosa privatización” de los astilleros navales Tandanor, en el menemismo.

Porque Gils Carbó nunca se queda callada. Con tono pausado, sin estridencias, lanza frases como cuchillos en defensa de sus convicciones. “Hoy son los medios concentrados los que ponen en jaque el poder de los gobiernos democráticos”, dijo en la audiencia convocada por la Corte para debatir sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en agosto, antes del fallo de constitucionalidad.

Nadie puede desconocer que Gils Carbó, además de contundente trayectoria judicial, tiene coherencia. Siempre calificó a los cuatro vientos a la administración de Justicia como “burocrática” y “autoritaria”, y fue una de las principales impulsoras de Justicia Legítima, movimiento de funcionarios y magistrados judiciales que convoca a unas 680 personas y que llevó bien alta la discusión por la democratización de ese poder, hoy desteñida por el fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia para la elección directa de los integrantes del Consejo de la Magistratura.

“¿Sabe qué es un burócrata? En mi caso, descubrir que la narcocriminalidad no puede ser materia de un fiscal solitario y quedarme sentada. Supuestamente cumplo con mi trabajo, me pagan el mismo sueldo y evito los problemas. Eso es la burocracia rutinizada. Es un pensamiento conservador que no tiene ninguna eficiencia para dar una respuesta a la sociedad”, le dijo Gils Carbó en febrero a Páginal12.

Justamente, por crear las procuradurías para delitos complejos como Narcocriminalidad, Violencia Institucional, Lavado de Dinero, Trata de Personas y Crímenes contra la Humanidad, el fiscal Guillermo Marijuán la denunció ante el juez Sebastián Casanello, quien desestimó la denuncia porque no existía delito. No le faltan enemigos a la procuradora: la Cámara Federal de Apelaciones ordenó a Casanello que la indague. Pero Gils Carbó es un hueso duro de roer para la corporación judicial, y recusó al fiscal en noviembre. En esa maraña de competencias y recursos judiciales, se iluminan algunas razones con los datos publicados por Horacio Verbitsky. La Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero (Ufilavdin) fue creada en 2006 por el ex procurador Esteban Righi, y estuvo a cargo del fiscal general Raúl Plee. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) la creó en 2012 Gils Carbó, quien designó allí al fiscal Carlos Gonella. “En 2012, Plee solicitó el embargo de 300 mil pesos en bonos, tres vehículos y un inmueble, y secuestró 120 mil dólares. En lo que va de 2013, Gonella pidió el embargo de 187 millones de pesos y secuestró 3,3 millones. La Ufilavdin obtuvo dos medidas cautelares y la Procelac, 257. Plee solicitaba el archivo de la mayoría de las denuncias que recibía, Gonella de ninguna. Se entiende que el titular de la Procelac y su jefa hayan sido el blanco elegido”, publicó este diario en noviembre. No es casual que Marijuán también apunte a Gonella.

Las cárceles argentinas rebalsadas de personas pobres, marginales, mientras la mayoría de las causas por estafas y fraudes bancarios terminan en prescripción, son una clara prueba de cuál es la “Justicia independiente” que defienden los que quieren sacarse de encima a Gils Carbó.