Durante los primeros años de facultad, cuando transitar los pasillos de Abogacía era semejante a cruzar distancias sinuosas para arribar a un destino poco conocido, la amistad que las unía se hizo más fuerte. No fue fácil adaptarse a la nueva etapa, hasta imaginaron fugarse juntas de ese lugar. Sin embargo, no renunciaron a su deseo y las dudas se despejaron de a poco. Sabían que el derecho penal era el campo que les interesaba, pero no tenían claro qué hacer después. Hoy, acaban de publicar el trabajo que comenzaron cuando eran estudiantes: Justicia y Dictadura. Operadores del plan cívico- militar en Argentina (Ediciones del CCC). Ambas son abogadas: Sofía Lanzilotta trabaja en la Unidad fiscal de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado y Lucía Castro Feijóo se desempeña en una defensoría pública.

Recuerdan con emoción que fueron convocadas por el docente Pablo Perel a participar de un equipo de investigación en el Centro Cultural de la Cooperación. El proyecto era investigar la complicidad civil de la dictadura. El puntapié inicial de la investigación de la que son autoras fue el libro Universidad y Dictadura, que analiza cómo afectó el golpe de Estado a la universidad en general y a la Facultad de Derecho en particular. Por esos años, 2007 y 2008, había investigaciones que se ocupaban de los grupos económicos, y el rol de la Iglesia estaba bastante develado. Pero nada se decía de la Justicia, del Poder Judicial, de los ministerios públicos y de los abogados en general. Por eso, decidieron, en el 2009, acotar el objeto de estudio e investigar a los “operadores jurídicos”. “Nos pareció que la complicidad del Poder Judicial era lo más adecuado. Hasta ese momento, por lo menos, no había casi nada dicho sobre el tema. Empezamos a investigar con muy poco, porque todavía no estaba instalando –como hoy– el concepto de cívicomilitar para hablar de la última dictadura. Era muy difícil porque el Poder Judicial y toda la corporación y las redes de complicidad se resistían, como aún continúa sucediendo”, comienza Sofía en charla con Las12.

El libro investiga a operadores jurídicos involucrados con el terrorismo de Estado en desapariciones, robo de bebés, secuestros, torturas; un escenario que fue amparado por las omisiones y complicidades de la Justicia. Querer desentrañar esas redes que tejían ocultamientos fue el punto de partida para abordar este trabajo. ¿Cómo fue adentrarse en esa maraña que les permitió conocer las acciones desplegadas por funcionarios judiciales?

Sofía: Esa fue nuestra hipótesis y creo que es la conclusión del trabajo. Había un compromiso activo no sólo con el régimen, sino también con los intereses. El Poder Judicial, lo mismo que la Iglesia y los grupos económicos, estaban comprometidos con la instalación del neoliberalismo. Adentrarse fue difícil porque teníamos algunos trabajos de los primeros años de posdictadura que eran muy ricos y muy interesantes, pero muy puntuales también. La información era muy escasa porque todavía no se hablaba de complicidad civil; entonces querer buscar en archivos de expedientes judiciales de esa época parecía raro. En febrero del 2009, nos dedicamos a revisar los documentos de la biblioteca del CELS; ellos tenían hábeas corpus presentados. Al principio tuvimos oportunidad de conocer y trabajar con algunos protagonistas como José Ernesto Schulman y Carlos Zamorano, y con documentos e información que ellos nos aportaron. Un par de años después empezaron a aparecer publicaciones en diarios, notas periodísticas y columnas. De esa manera se fue complementando y actualizando la información.

Ustedes señalan que “intentar legalizar con normas jurídicas estos crímenes es también un crimen de lesa humanidad”. ¿Qué implicancias puede tener eso hoy, en vista de los nuevos juicios?

Sofía: Un crimen de lesa humanidad es aquel perpetrado por las autoridades de un Estado o por particulares que actúen por su instigación o con su tolerancia, en conocimiento de que lo hacen como parte de un engranaje estatal, para violar derechos humanos. Por eso es imprescriptible. Algunos crímenes de lesa humanidad son los que cometieron en su momento los jueces que ampararon asesinatos, que no investigaron torturas, que omitieron tramitar verdaderamente hábeas corpus, que entregaron a hijos de desaparecidos, o que provocaron torturas para que una persona se autoincriminara. Lo que ocurre hoy es que algunos jueces buscan amparar a través de medidas judiciales a los imputados (un juez, un policía, un agente de la Triple A). Se excusan permanentemente porque conocen al acusado. No es crimen de lesa humanidad pero es un delito, que están cometiendo hoy. Es obstrucción de justicia. Es muy difícil que en el Poder Judicial se desconociera cuál era la situación en aquel momento. Más que nada porque un juez es la autoridad de la policía, de las fuerzas en general, es quien da las órdenes, no deberían actuar sin una orden judicial. Las fuerzas son auxiliares de la Justicia; entonces, verdaderamente, que algún juez desconociera lo que sucedía me parece casi imposible. Los casos que relevamos dan cuenta de un compromiso mutuo con el régimen y con sus intereses.

¿De qué manera se resignifica en ustedes la frase Memoria, Verdad, Justicia luego de haber transitado este trabajo que permite caracterizar la dictadura como plan cívico-militar?

Lucía: Si bien desde el inicio teníamos una postura política e ideológica que caracterizaba a la dictadura como cívicomilitar, identificar que la intuición era correcta respecto de la complicidad de muchos operadores jurídicos con el terrorismo de Estado hizo repensar el rol de los administradores de justicia. Ahora también, Memoria, Verdad y Justicia se piensa desde la lógica de su participación específica, circunstancia que antes estaba vedada respecto de los miembros del Poder Judicial y el ministerio público. Eran intocables, era imposible pensarlos sentados en el comúnmente llamado “banquillo de los acusados”.

Sofía: El primer juicio de lesa humanidad con un imputado juez, el juez Brusa –hasta la fecha el único juez condenado– fue el puntapié para que nos abocáramos a la complicidad del Poder Judicial.

Lucía: El caso Brusa, en particular, terminó demostrando que ese juez (que en ese momento no era juez sino empleado y luego en 1977 es secretario del juzgado federal de Santa Fe cuando el juez Mántaras despide al entonces secretario De Aguirre) había tenido un compromiso ideológico con la dictadura y había asistido personalmente a los centros clandestinos de detención y había tomado declaraciones bajo tortura. Es decir, había habido una práctica activa.

Sofía: El caso Brusa llegó a juicio por lesa humanidad luego de que fuera destituido de su cargo por un jurado de enjuiciamiento a raíz de haber cometido un delito común en plena democracia. Fue el primer juez destituido por el Consejo de la Magistratura. Lo característico es que fue destituido por haber atropellado con una lancha en el delta santafesino a una mujer y haber omitido auxiliarla.

En el libro se relata un hecho impactante que pasó hace unos meses en un juzgado de Morón. Fue encontrada en el cajón de un escritorio la solicitud de búsqueda del hijo de Nora Cortiñas, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Ese documento, olvidado, cajoneado por años, es la muestra de lo que muchos jueces hicieron ante pedidos desesperados. ¿Qué reflexiones trazan sobre este hecho?

Lucía: Este hecho refuerza la teoría de la continuidad. Continuidad de las prácticas, permanencia de los empleados y funcionarios en sus cargos, ausencia absoluta de reproche por las atrocidades que los operadores jurídicos cometieron en ese entonces. También puede pensarse desde la “banalidad”, un hecho más de esos que los operadores consideraban inocuos. Esas acciones u omisiones individuales que –ellos alegan– no aportaban al plan represivo o no formaban parte de él. Por el contrario, lo que queremos demostrar es que existía un compromiso corporativo que abarcaba un amplísimo espectro de la administración de justicia y que conllevaba un compromiso ideológico y una empatía con los intereses del terrorismo de Estado.

Esa supuesta “normalidad” de quienes intervenían en la maquinaria del terror, que no presentaban el menor atisbo de reacción frente al horror, se relaciona con el mecanismo de la “banalización del mal”, acuñado por Hannah Arendt y que ustedes toman.

Lucía: Justamente eso, su compromiso ideológico y la conjunción de intereses con la instauración del neoliberalismo hacían que los individuos tomados de manera aislada alegaran no identificar su rol ni se sintieran responsables por su participación en el aparato del terror.

El caso de la morgue judicial y los cementerios donde se hacían desaparecer los cuerpos de hombres y mujeres asesinados es otro escenario de impunidad. Ustedes citan un extracto del libro Poder Judicial y dictadura, de María José Sarrabayrouse, que dice: “Mientras arriba (en los tribunales) rechazaban los hábeas corpus, abajo (en la morgue) ordenaban inhumar los cuerpos de los mismos que habían rechazado”.

Lucía: El caso de la morgue judicial es el claro ejemplo de la investigación que emprendimos. Es un trabajo previo de María José Sarrabayrouse Olivera que a nuestro entender devela el funcionamiento de la burocracia estatal al servicio de las Fuerzas Armadas. Hay una causa en la que se constató el cruce de notas que existió entre el presidente de la Cámara del Crimen, Mario Pena, y el entonces decano de la morgue por el aumento del número de autopsias, que además en muchos casos se realizaban sin que hubiera intervención de una autoridad judicial. Por eso constituye una suerte de síntesis de funcionamiento de la maquinaria represiva, porque complementa a los distintos espacios de la administración de poder: morgue, Poder Judicial, fuerzas de seguridad.

Sofía: En todo el país ocurría eso, en provincia de Buenos Aires también, donde los médicos dependían de la policía de la provincia. Se hacía un mero examen del mecanismo de muerte, por ejemplo: “Orificio de bala por arma de fuego” o “múltiples heridas de bala”. Como mucho, se podía hacer una mención de que alrededor del cuerpo no se habían encontrado proyectiles o armas. En general, no se decía quién era ni había identificación de la persona. Parte del trabajo que realiza hoy el Equipo de Antropología Forense es ése. Porque muchos fueron enterrados como NN y otros fueron identificados con posterioridad en algunos expedientes. Pero lo que se hacía era eso, que estaba ordenado desde el superior hacia la morgue, en Capital Federal. Hay casos de sentencias recientes que demuestran que hubo investigaciones falsas y que las circunstancias de muerte que se establecieron no eran lo que ocurrió verdaderamente, por contradicción de testigos y de los propios policías. El examen de la morgue judicial era básicamente una plantilla, un modelo sin explicaciones acabadas como las que se hacen en la actualidad. El juez está obligado a averiguar, a identificar a la persona. Pero no se investigaba.

Incomunicar era la clave

¿Mediante qué estrategias los medios de comunicación masiva banalizaban y ocultaban los crímenes? Ustedes los llaman medios de incomunicación.

Sofía: Hacemos referencia a ellos como un elemento más de aquello que conformaba la composición civil de la dictadura. Gran parte de los medios tergiversaban los hechos ocurridos, por ejemplo se presentaba como “enfrentamientos” lo que eran masacres en la vía pública por parte de la policía o de las Fuerzas Armadas. Tampoco hacían referencia alguna a las detenciones clandestinas. Se hablaba a favor del golpe a la hora de tomar el poder, se tapaba de todas las maneras posibles lo que verdaderamente estaba ocurriendo. Había una complicidad de los medios con la dictadura, son un elemento más de la complicidad civil.

También se destaca la importancia de los testigos. Sus testimonios como elemento probatorio y de posibilidad de reconstrucción de los hechos. ¿Qué más representan?

Lucía: Las víctimas –convertidas en “testigos” jurídicamente hablando– durante mucho tiempo fueron ninguneadas y menospreciadas por gran parte de la sociedad y por el sistema de justicia en particular. Es importante destacar que pese a los obstáculos y, después de tantos años, gracias a ellas los juicios fueron posibles. Tanto por la valentía de exponer sus pesares una y otra vez sin obtener resultados, ni ver consecuencias del esfuerzo que la repetición de los testimonios implicaba, como por haber continuado su lucha hasta que finalmente se van concretando los juicios.