En el Congreso de la Nación se analiza un proyecto que podría cercenar el derecho de las mujeres a elegir libremente su modo de parir y a coartar la tarea de las parteras. Por este motivo, se realizó una movilización, el 10 de junio, contra el avance de esta iniciativa. En el 2012 se luchó contra una propuesta similar que omitía el trabajo independiente de las parteras y, por lo tanto, la ayuda a las mujeres que deciden parir en su casa. Esa idea perdió estado parlamentario. Pero el 25 de abril de este año se reimpulsó la propuesta de legislar sobre el ejercicio profesional de la obstetricia en un texto del diputado y médico correntino Juan Fernando Marcopulos (de la democracia cristiana) y, ante su posible tratamiento en las comisiones de Salud y Acción Social, diversas mujeres levantaron pancartas con el lema: “Que no nos dejen sin nuestro derecho a elegir”.

“Este proyecto intenta institucionalizar el parto, impedir la ancestral labor de las parteras, medicalizar y jerarquizar el rol de las/os médicos obstetras –cuando sólo deberían intervenir en las situaciones de alto riesgo o cesárea– e iría en contra de la Ley de Protección contra la Violencia hacia las Mujeres en lo que respecta a la violencia obstétrica. Hoy parece que la inquisición del nuevo milenio se vuelve contra las guerreras de la vida”, analiza Ana Inés Schoo, integrante de Familias por el Derecho a Decidir.

Mientras que la Asociación Argentina de Parteras crítica: “Este proyecto vulnera libertades individuales y conlleva a la discriminación y a la violencia de género. A las parteras las restringe en el deber de asistencia, les quita autonomía y derechos laborales. Mientras que para las mujeres dificulta el acceso a la asistencia obstétrica y neonatal esencial, aumenta el riesgo de muerte materna, dificulta el derecho a la identidad (por complicaciones y violencia en el registro del recién nacido) y discrimina doblemente porque permite el parto en casa sólo con médicos (que es más caro) y falta el respeto a las convicciones personales”.